Transcurrieron 5 meses, desde la madrugada del 30 de junio, cuando elementos del Ejército mexicano fusilaron a 22 personas en una bodega de San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya en el Estado de México.
El gobierno estatal continúa indiferente ante el tema, es fecha que no hay funcionarios sancionados por los actos de tortura que se cometieron en contra de dos testigos para evitar que se conociera la verdad, o por no preservar las evidencias y modificar la escena de los hechos; tampoco la legislatura ha actuado, hasta el momento no se cuenta con una comisión especial para darle seguimiento al caso que colocó a la entidad en la mirada internacional
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