Toluca, México; 18 de julio de 2018. El ataque comandado el martes por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, hacia el gran bastión de la oposición ubicado en la comunidad de Masaya, a escasos 35 kilómetros de Managua, destinó una fuerza de entre mil 500 y 2 mil sujetos armados, compuestos por policías, militares y paramilitares. Después de siete horas de asedio, que comenzó flanqueando al pueblo indígena de Monimbó, el gobierno de Ortega asegura que las fuerzas del Estado han tomado control de la zona, enfrentamientos en los que murieron al menos tres personas, entre ellos un policía.
El jueves 19 de julio se celebraría el trigésimo noveno aniversario del triunfo de la revolución sandinista, razón por la que la ofensiva de Ortega se mantendrá firme, buscando orden, dado que se cumplirán 39 años del instante más intenso en la historia moderna de Nicaragua, cuando el régimen de Somoza ejerció la mayor represión contra los ciudadanos nicaragüenses.
La estrategia fue confirmada por el jefe de policía de Masaya, Ramón Avellán, cuando comunicó el lunes que los trabajos de “limpieza” sucederían al costo que fuera, añadiendo que “La orden de nuestro presidente y de la vicepresidenta es ir limpiando las calles y esa petición de la población de Monimbó, que es nuestro Monimbó, y nuestra Masaya, vamos a cumplirla. Al costo que sea”.
Masaya representa uno de los puntos más fuertes de la resistencia sandinista y que mayor oposición asumió durante la revolución de 1979, momento en que el pueblo nicaragüense derrocó la dictadura de Anastacio Somoza. Masaya levantó barricadas en sus calles para protegerse de los embates de las fuerzas armadas entonces y desde abril volvió a sitiarse.
Monimbó, el barrio indígena de Masaya, se ha organizado para levantar guardias entre los ciudadanos y se ha armado con pequeños “comandos” que velan por la seguridad de los habitantes. Hasta hace no más de tres meses, los locales habían seguido su vida con tranquilidad, siempre fieles a los ideales de la revolución sandinista; sin embargo, los métodos de Ortega para reprimir las manifestaciones contra los ajustes al sistema de asistencia pública han provocado la rebelión contra el actual régimen.
Por su parte, la voces del Ejecutivo, entre ellas la de la vicepresidenta Murillo, continúan mostrando su incapacidad de diálogo al criticar con severidad a los inconformes que exigen la renuncia de Ortega y su administración, calificándolos de “diabólicos” y “terroristas”, advirtiendo, de paso, que no lograrán sacarlos del poder. De sus palabras se leen consignas como “¡No pasarán! No han pasado y no pasarán. Esa atrocidad no va a gobernar Nicaragua, el terrorismo no va a gobernar Nicaragua, los diabólicos no podrán nunca gobernar Nicaragua”.
Este lunes, miembros de la Organización de las Naciones Unidad (ONU) y de la Unión Europea (UE) urgieron al gobierno del presidente Ortega el cese a la violencia y la represión del Estado. El secretario General de la ONU, Antonio Guterres, condenó en Costa Rica los hechos y calificó de “inaceptable” la fuerza bruta que los grupos armados están ejerciendo en contra de la población. “Es esencial que pongan fin a la violencia inmediatamente y que se restablezca el diálogo. Una solución política es la única aceptable”, declaró.
Sumado a Guterres, la alta representante de la UE para asuntos de Política Exterior, federica Mogherni, comunicó en Bruselas que dirigió una misiva al ministro de Exteriores de Nicaragua, el canciller Denis Moncada. Además, dirigió unas palabras a su equivalente centroamericano, donde comunicó la postura del bloque europeo y que éste “espera un fin inmediato se la violencia, la represión, las detenciones arbitrarias y que se respeten las libertades fundamentales”. A ellos también se han sumado los Estados Unidos y 13 países latinoamericanos, entre los que se encuentra México.