José Arturo Lozano Enríquez rindió protesta como nuevo director del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).
Durante la junta de consejo del pasado lunes, Bertha Alicia Casado presentó su renuncia en medio de una grave crisis financiera, que ha provocado la movilización de derechohabientes inconformes con los servicios de la institución.
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El secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, le tomó protesta.
José Arturo Lozano Enríquez fungió como subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas. Es oriundo de Tamaulipas, donde estudió contaduría en la Universidad Autónoma; además, cursó la maestría en impuestos en el Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas.
Su trayectoria laboral se desarrolló en el Gobierno Federal, durante la administración de Enrique Peña Nieto. En 2013 era coordinador de Fiscalización en la Unidad de Fiscalización y Cobranza del IMSS y había ocupado diversos puestos en el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Después de exigencias, Bertha Casado renuncia
Que trabajadores y pensionados del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) exigieran la renuncia de la directora de esta institución es una de las consecuencias que ha traído la crisis dentro de esta dependencia que, en los últimos años, ha desprovisto de medicamentos y consultas a sus derechohabientes cuyas aportaciones, en teoría, bastarían para asegurarles una atención médica de calidad.
El PRI en el origen de la crisis del ISSEMyM
Detrás de la crisis financieros del ISSEMyM se encuentran desfalcos orquestados por políticos priistas. Estas operaciones comenzaron en 1999, cuando Arturo Montiel gobernaba la entidad, pero se agravaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Un reportaje de la periodista Teresa Montaño, publicado en The Observer, sostiene que las cuentas públicas de 2008 a 2012 muestran “un patrón sistemático” que consiste en “la desaparición de partidas completas en ejercicios anuales, o arriesgados movimientos financieros, que terminaron por pulverizar su patrimonio [del ISSEMyM], controlado desde entonces, por directores cercanos al Grupo Atlacomulco” [sic].
Aunque el Órgano Superior de Fiscalización mexiquense (OSFEM) y la Legislatura local encriptaron las cuentas públicas del ISSEMyM del sexenio de Montiel hasta el de Peña, auditorias privadas evidenciaron que
- había “desaparecido” dinero,
- las partidas destinadas al instituto se utilizaron para otros propósitos,
- se condonaron deudas multimillonarias a entes públicos de manera injustificada,
- se contrataron créditos con nuevos bancos en inversiones que no se han aclarado.
Montaño también destaca que las reformas a la Ley del ISSEMyM hechas en 2002 y en 2012 tuvieron como propósito incrementar “los porcentajes de aportación a las cuotas de los trabajadores, así como los años de servicio para jubilarse”.
Para 2009 la situación seguía empeorando y a los problemas mencionados se añadió la mala administración de los recursos. En ese año no se cobraron “incumplimientos a proveedores”, se adquirieron medicinas caducadas y las deudas con proveedores aumentaron.
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