Atenco no fue un estallido espontáneo. Fue la consecuencia de una tensión acumulada entre defensa territorial, poder político, uso de la fuerza pública y criminalización de la protesta social.
El conflicto inició por la tierra, se detonó por una disputa local en Texcoco y escaló porque el Estado decidió responder con fuerza policial a una crisis que requería negociación política.
A dos décadas de los hechos del 3 y 4 de mayo de 2006, el caso sigue abierto: por lo que ocurrió en las calles, por lo que ocurrió contra los cuerpos de las personas detenidas y por lo que no ha ocurrido en los tribunales.
1. La tierra no era solo tierra
El origen profundo del conflicto está en 2001, cuando el gobierno federal impulsó la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona de Texcoco.
Para concretar ese proyecto, se planteó la expropiación de tierras ejidales en municipios como San Salvador Atenco y Texcoco. La medida fue vista por pobladores y campesinos como un despojo: no solo estaba en juego una propiedad, sino una forma de vida.
La tierra representaba trabajo, identidad, arraigo comunitario y memoria familiar. Por eso, perderla significaba romper una relación histórica con el territorio, no solo negociar una compensación económica.
Esa es la primera clave para entender Atenco: el conflicto no nació solo por un proyecto de infraestructura, sino por la forma en que el Estado intentó imponerlo sobre comunidades que leían el territorio como patrimonio colectivo.
2. El primer Atenco: cuando una comunidad frenó al Estado
De la oposición al proyecto aeroportuario surgió y se consolidó el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, una organización campesina y comunitaria que convirtió la defensa del territorio en una causa política.
Atenco se volvió entonces un símbolo: una comunidad organizada que logró frenar un proyecto estratégico del Estado.
Ese primer Atenco dejó una marca doble. Para el movimiento, representó una victoria comunitaria frente al poder. Para los gobiernos, se convirtió en un antecedente incómodo: un pueblo que había logrado detener una decisión de alto nivel.
La movilización contra el aeropuerto no solo frenó una obra. También colocó a Atenco en el mapa nacional de la protesta social.
3. La cicatriz que dejó el aeropuerto
La derrota del proyecto aeroportuario original no cerró el conflicto; dejó una tensión latente.
Para el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco quedó como ejemplo de organización y defensa comunitaria. Para las autoridades, quedó como un foco de desafío político.
Esa diferencia de lecturas es fundamental. Lo que para los pobladores era defensa legítima de la tierra, para el poder público se convirtió en antecedente de confrontación.
Por eso, cuando años después surgió un nuevo conflicto en Texcoco, la respuesta oficial no partió de cero. El Estado ya tenía identificado al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra como un actor organizado y con capacidad de movilización.
Esa memoria política pesó en la respuesta de 2006.
4. El catalizador: otro territorio, la misma disputa
El conflicto de 2006 se activó en Texcoco, cuando floristas del mercado Belisario Domínguez enfrentaron un intento de reubicación.
El 3 de mayo, policías municipales impidieron que un grupo de floristas se instalara o vendiera en las inmediaciones del mercado.
Los comerciantes pidieron apoyo al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Con eso, un conflicto municipal por comercio en vía pública se conectó con una organización que ya cargaba una historia de resistencia frente al Estado.
Ese es un punto clave: la disputa por los floristas no creó Atenco; activó Atenco.
Lo que parecía una controversia local sobre comercio, espacio público y reubicación terminó activando una memoria política acumulada desde el conflicto aeroportuario.
5. El bloqueo: cerrar una vía para abrir un mensaje
Después de la intervención contra los floristas, integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y pobladores bloquearon la carretera Lechería-Texcoco.
La protesta se volvió visible, disruptiva y políticamente costosa. El conflicto dejó el espacio del mercado y se trasladó a una vía de comunicación estratégica.
Ahí cambió la escala pública del caso. El cierre de la carretera y la confrontación fueron usados por las autoridades como justificación para desplegar fuerza pública.
Pero el bloqueo no puede entenderse separado de lo anterior. Era la respuesta de una organización que ya venía de una experiencia de confrontación con el Estado y que interpretó la intervención policial como una nueva agresión contra sectores populares y comunitarios.
Al cerrar el paso, la protesta abrió un mensaje político: el conflicto ya no podía leerse solo como una disputa municipal, sino como una interpelación directa al Estado.
6. La decisión: policías antes que negociación
Ahí se tomó la decisión que marcó el curso del conflicto: responder con fuerza pública a una crisis que todavía podía procesarse políticamente.
Lo que pudo haberse atendido como un conflicto municipal —reubicación, comercio, negociación— se convirtió rápidamente en un enfrentamiento político-policial.
El retiro de los floristas fue el detonante operativo. La entrada del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra le dio dimensión política. La decisión de responder con policías, no con negociación, marcó el punto institucional de quiebre.
Esto no significa que no hubiera tensión o violencia durante los enfrentamientos. Sí la hubo. Pero el punto crítico es otro: las autoridades tenían margen para desactivar el conflicto por la vía política y eligieron escalarlo por la vía policial.
En Atenco, la respuesta oficial cerró la puerta a la negociación y abrió paso a una lógica de confrontación.
7. La operación: de conflicto municipal a despliegue de Estado
La escalada se agravó porque no intervino únicamente la policía municipal.
En los hechos de Texcoco y San Salvador Atenco participaron corporaciones municipales, estatales y federales. Con ello, el conflicto dejó de ser un asunto local y se convirtió en una operación de Estado.
Cuando una disputa municipal escala a un despliegue coordinado de distintos niveles de fuerza pública, el margen para una salida política se reduce y aumenta el riesgo de abusos.
Esa operación abrió paso a detenciones masivas, cateos, golpes, amenazas, traslados violentos y denuncias de tortura.
El problema ya no era solo contener una protesta. La operación tomó la forma de un mensaje de fuerza contra una comunidad y contra una organización que el poder ya había identificado como desafiante.
La protesta dejó de ser contenida y empezó a ser castigada.
8. El castigo: uso excesivo de la fuerza
Los días 3 y 4 de mayo de 2006 son el centro del caso.
Durante esos operativos se registraron enfrentamientos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y violaciones graves a derechos humanos.
La CNDH documentó afectaciones a 209 personas. También señaló que, aunque existieron actos violentos de manifestantes, eso no justificaba que las autoridades actuaran fuera de los límites legales.
Este punto es esencial: reconocer que hubo confrontación no equivale a justificar la actuación estatal. Las autoridades estaban obligadas a actuar bajo criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
El punto de quiebre fue que la actuación policial rebasó los límites de la contención y derivó en violaciones graves a derechos humanos.
9. El cuerpo como territorio de poder
Uno de los elementos más graves del caso fue la violencia sexual contra mujeres detenidas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violencia física, psicológica y sexual contra 11 mujeres detenidas durante los operativos.
La Corte determinó que la violencia sexual no fue un exceso aislado, sino una forma de control, dominio e imposición de poder ejercida por agentes estatales.
Por eso, Atenco no puede leerse solo como represión de una protesta. También debe entenderse como un caso emblemático de tortura en el contexto de un operativo policial.
En esa dimensión, el cuerpo de las mujeres también fue convertido en territorio de castigo. La violencia sexual operó como mensaje disciplinador: contra ellas, contra el movimiento y contra quienes desafiaran al poder público.
10. La advertencia: criminalizar la protesta
Después de los operativos, el conflicto no terminó. Se trasladó a los juzgados, a las cárceles, a los organismos de derechos humanos y, más tarde, al sistema interamericano.
Las detenciones y acusaciones posteriores abrieron otro frente del caso: después del operativo, la disputa también se trasladó al terreno judicial.
Atenco se convirtió en advertencia: una señal para otros movimientos sociales sobre los costos de desafiar proyectos o decisiones del poder público.
Esa dimensión simbólica explica por qué el caso trascendió lo local. Atenco dejó de ser únicamente un conflicto en Texcoco y San Salvador Atenco para convertirse en una referencia nacional sobre represión, abuso policial, criminalización de la protesta e impunidad.
11. El expediente abierto: justicia incompleta
A dos décadas de los hechos, Atenco sigue siendo un caso abierto.
La sentencia de la Corte Interamericana obligó al Estado mexicano a investigar, sancionar y reparar. Sin embargo, las víctimas y organizaciones de derechos humanos han señalado que las medidas siguen incompletas y que no existe justicia plena.
La falta de sanciones efectivas mantiene vigente el reclamo.
Atenco no terminó el 4 de mayo de 2006. Continuó en los testimonios de las víctimas, en los expedientes judiciales, en las recomendaciones de derechos humanos, en la sentencia internacional y en la memoria política del país.
La impunidad no solo prolonga el daño: mantiene abierto el expediente y evita que el caso cierre con verdad, sanciones y reparación plena.
12. El Estado frente a sí mismo
Atenco sigue siendo relevante por la impunidad que continúa en el caso.
Pero, sobre todo, sigue abierto por una pregunta más profunda: qué tan dispuesto está el Estado a investigarse a sí mismo cuando sus propias corporaciones son señaladas por violaciones graves a derechos humanos.
Porque Atenco no pertenece únicamente al archivo de la represión. Pertenece también al presente de la impunidad.
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