Toluca, México. 22 de marzo de 2019. El tema del aumento al costo del transporte público ha desatado diversas opiniones entre los sectores involucrados.
Aunque las autoridades son las encargadas de normar el transporte en el Estado de México, son los concesionarios quienes deciden cómo se trazan las rutas, por dónde pasan, quién circula en ellas y, con base en las nulas acciones que se han llevado a cabo para ordenar las líneas de transporte, pareciera que al gobierno le interesa poco el tema de la movilidad. Y el poder de los concesionarios se incrementa porque no se le exigen mejoras a los servicios que presta y cómo hacerlo cuando representa la única opción de movilidad para el 50.9 por ciento de los mexiquenses que lo usan de forma constante (según cifras de la publicación Anatomía de la Movilidad en México).
En una entrevista con Alfa Diario, el Secretario de Movilidad del Estado de México, Raymundo Martínez Carbajal, expresó que antes el diseño de las políticas públicas que tienen que ver con el servicio de transporte se había visto trastocado por la relación “tradicional o antigua” entre la política y el transporte basada en “si me apoyas así, te apoyo de esta manera”. No importaba el número de concesiones transportistas que ya tuviera una empresa: se le otorgaban más si, a cambio, respaldaba a tal o cual candidato, aunque no necesitara nuevas concesiones. La causa principal de estos problemas es la irregularidad y el desorden, puntualizó en aquella entrevista el Secretario.
Las soluciones a este problema, según lo expresado por Martínez Carbajal, contemplan, fundamentalmente, dar certeza jurídica a los transportistas, mejorar el buen servicio al usuario, erradicar la inseguridad del transporte, establecer tarifas que correspondan a la realidad con las que usuarios y operadores se sientan satisfechos.
Mientras los acuerdos entre autoridades y líneas de transporte se establecen, los más afectados son los usuarios quienes se quejan, sobre todo, de la poca o nula seguridad tienen durante los traslados en las unidades públicas. En ese sentido, es importante mencionar que el 42 por ciento de los delitos que se comenten en la entidad suceden en el transporte publico. Los precios también representan un tema: los usuarios que gastan el 19.3 por ciento de su salario en costear su traslado en transporte público; el problema se agrava en el caso de las personas que perciben sueldos bajos porque, de manera general, sus centros de trabajo se encuentran lejos de las zonas donde residen y eso duplica los gastos de su movilidad.
Proyectos irán y vendrán, pero los usuarios llevan la de perder en lo que respecta al aumento de tarifas de transporte público.
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