Al menos 20 personas privadas de su libertad podrán lograr libertades anticipadas y condicionadas en el Estado de México, como parte de la acción colectiva impulsada para que que se apliquen los beneficios legales a quienes estén en los supuestos señalados en la Ley de Ejecución Penal.
La primera mesa de trabajo entre la Organización Presunción de Inocencia y Derechos Humanos (PIDH) y el Tribunal Superior de Justicia arrojó la confirmación de esas libertades para quienes han cumplido entre el 50 y el 70% de sus penas.
Durante una entrevista el representante de esa organización, Humbertus Pérez Espinoza, destacó que además de ese acuerdo también les informaron que hay reportes listos de los juzgados donde sólo falta realizar trámites de libertad; es decir, enviar escritos a las juezas y los jueces en dónde se solicite la libertad de las personas, pues es un requisito dentro del sistema penal que muchas veces la gente no lleva a cabo.
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Informó que este jueves 8 de abril acudirán al Congreso local a presentar solicitudes de amnistía y esperan que en breve se pueda concretar una reunión con representantes de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para que se realice la base de datos penitenciaria.
Con ella, dijo, podrán tener los registros computados de todas las personas privadas de su libertad que pueden ser beneficiadas por la Ley Nacional Ejecución, al acceder a los beneficios que ahí se señalan y de la situación de las y los internos mexiquenses.
Humbertus Pérez Espinoza se mostró satisfecho de la reunión con el Poder Judicial, pues advirtió que hay voluntad de su titular y posibilidades de que las personas obtengan su libertad. Por ello, en la siguiente reunión de trabajo pondrán sobre la mesa otros 35 casos de personas que están en posibilidades de salir de prisión.
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Adicionalmente, expresó que la acción colectiva ya ha derivado en la libertad de otras personas y el Tribunal Superior de Justicia les entregará el reporte completo.
También, trabajan en otro caso donde les han solicitado fianzas altas de hasta 60 mil pesos y esperan que se aplique el principio de proporcionalidad para que la gente pueda cubrir un monto menor, a fin de cubrir el daño y dejar la cárcel.
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