La Fiscalía General de la República (FGR) ha detenido a nueve policías municipales y estatales de Guerrero. La detención derivó de su presunta participación en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014. Esta es la primera vez en seis meses que se registran detenciones relacionadas con el caso.
La Agencia de Investigación Criminal fue la encargada de realizar las detenciones, las cuales se llevaron a cabo en diferentes puntos de Guerrero. Además, la Secretaría de Seguridad de Guerrero informó que también se detuvieron a dos agentes policíacos del municipio de Iguala.
Desde septiembre del año pasado no se habían registrado detenciones relacionadas con la desaparición de los normalistas. Esta situación había generado críticas por parte de los familiares de los estudiantes desaparecidos, así como de organismos de derechos humanos.
Por el momento, la Fiscalía General de la República no ha dado más detalles sobre las detenciones ni sobre la presunta participación de los policías en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre este importante avance en la investigación.
El caso Ayotzinapa
En septiembre de 2014, 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, México, desaparecieron después de ser detenidos por la policía local en Iguala. El caso conmocionó al país y generó protestas internacionales. A pesar de las investigaciones, la mayoría de los estudiantes siguen desaparecidos y las circunstancias de su desaparición aún no están claras. El caso ha llevado a críticas a nivel nacional e internacional sobre la corrupción en las fuerzas de seguridad y la respuesta del gobierno ante la violencia y los abusos de derechos humanos.
Funcionarios relacionados en el caso Ayotzinapa
El caso Ayotzinapa ha llevado a la detención y acusación de varios funcionarios públicos en México. Entre ellos se encuentra Tomás Zerón, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, quien ha sido acusado de manipular pruebas y torturar a sospechosos en el caso. También se ha acusado a varios policías y militares de participar en la desaparición de los estudiantes. El caso ha llevado a críticas sobre la corrupción y la impunidad en las fuerzas de seguridad y el sistema judicial mexicano.