La situación jurídica de Inés Gómez Mont volvió a moverse este lunes 2 de noviembre después de que la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, confirmó que existen tres órdenes de aprehensión vigentes en México y advirtió que, si Estados Unidos decide deportarla, la exconductora será detenida en cuanto llegue a territorio nacional.
Dos de esos mandamientos judiciales están relacionados con acusaciones por defraudación fiscal equiparada, mientras el tercero corresponde a una investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La FGR mantiene abiertas las carpetas y cualquier responsabilidad tendrá que resolverse ante jueces mexicanos, pues hasta ahora no existe una sentencia en su contra.
Godoy explicó que una parte de las investigaciones se concentra en recursos que habrían pasado por una red de empresas vinculadas con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social. La Fiscalía sostiene que dentro de ese esquema hubo operaciones por alrededor de 2 mil 450 millones de pesos y que Gómez Mont habría recibido transferencias en cuentas personales.
A esa investigación se suman los expedientes fiscales relacionados con los ejercicios de 2014 y 2016, en los que las autoridades mexicanas señalan que habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos. La posible omisión fiscal supera los 13 millones de pesos, de acuerdo con la información presentada por la FGR.
La actualización de este lunes también permitió aclarar que la detención de Gómez Mont en Florida no ocurrió porque Estados Unidos hubiera ejecutado directamente alguna de las órdenes mexicanas, sino por un procedimiento migratorio encabezado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La exconductora permanece bajo custodia en el Broward Transitional Center, en Pompano Beach, mientras se define si continúa detenida, obtiene algún beneficio migratorio o enfrenta un procedimiento que termine con su salida de Estados Unidos.
México mantiene abiertas las vías para extraditarla
El gobierno mexicano había solicitado desde septiembre de 2025 su detención provisional con fines de extradición y posteriormente formalizó esa petición ante autoridades estadounidenses; la FGR ha mantenido comunicación con el Departamento de Justicia para informar sobre los mandamientos judiciales que siguen pendientes.
La diferencia está en el camino que pueda seguir el caso, pues si Estados Unidos opta por deportarla, México no tendría que esperar a que concluyera un proceso de extradición para ejecutar las órdenes de aprehensión, pues bastaría con que Gómez Mont ingresara al país para que fuera puesta a disposición de las autoridades.
La defensa mantiene una solicitud de asilo presentada desde 2022, en la que Gómez Mont alegó persecución política por sus posiciones conservadoras, y también promovió un recurso de habeas corpus para impugnar la legalidad de su detención migratoria.
La captura ocurre después de años en los que Gómez Mont permaneció fuera de México mientras avanzaban las investigaciones en su contra. Su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, también ha sido señalado dentro de expedientes relacionados con operaciones financieras y fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses en 2025.
La FGR insiste en que las tres órdenes de aprehensión siguen vigentes pese a los cambios ocurridos en otros mecanismos de búsqueda internacional.
La eventual deportación cambiaría el escenario de manera inmediata, porque permitiría ejecutar los mandamientos judiciales pendientes sin esperar a que concluya el proceso de extradición.
Mientras la justicia estadounidense revisa la situación migratoria de Gómez Mont y su defensa busca evitar que permanezca detenida, el caso mexicano sigue abierto y con tres órdenes listas para ser cumplimentadas si regresa al país.
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