En el año 2019, ayuntamientos, organismos de agua y otros entes municipales acumularon más de 21 mil 421 millones de pesos de deuda a corto plazo y heredaron otros seis mil 266 millones de pesos a largo plazo de administraciones anteriores.
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En reunión de trabajo de la comisión de vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización, personal de ese organismo detalló que en total, los pasivos superaron los 27 mil millones de pesos, por todos los entes municipales.
Más de 17 mil millones de pesos fueron de pasivos municipales y otros 10 mil 157 millones por compromisos financieros de los organismos de agua, aunque no se detallaron los entes más endeudados.
Al cierre del 2018, la deuda de los ayuntamientos era de 14 mil 767 millones de pesos, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública de ese año, por lo cual habría incrementado en más de 2 mil 200 millones entre 2018 y 2019.
Las deudas a corto plazo normalmente deben pagarse en el gobierno en el que se adquieren, mientras las contraídas a largo plazo son heredadas por los distintos gobiernos y deben ser autorizadas por la Legislatura, pero hasta el momento el Congreso local no ha avalado la contratación de créditos a los ayuntamientos.
Por otro lado, durante los trabajos de la comisión personal del Órgano Superior dio a conocer que de 527 cargos evaluados para verificar los salarios que reportaban en 2019, detectaron 40 que publicaban sueldos menores, otros 20 reportaron salarios mayores y 397 no cumplían con dar a conocer sus percepciones, pese a ser una obligación establecida en la Ley de Transparencia.
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El OSFEM dio vista a la Contraloría del Poder Legislativo mexiquense y al Instituto de Transparencia estatal, los cuales analizarán si los entes municipales incurrieron en alguna falta, al falsear información de sus salarios en el período 2019.
La diferencia más importante en salarios fue de 46 mil pesos, explicó la auditora superior Miroslava Carrillo y recordó que firmaron un convenio con el Instituto de Transparencia, al cual le entregarán informes cuando encuentren posibles irregularidades.
En la reunión también se informó que tanto Eatepec, como Chimalhuacán, a los que les realizaron auditorías especiales por el ejercicio 2018, están en etapa de solventació y esta vez el informe de la Cuenta pública no incluye competencias laborales porque no es una atribución del Órgano Superior.
En los próximos días la Comisión de Vigilancia determinará si aprueba o no las cuentas públicas municipales y la estatal para someter el dictamen al pleno del congreso.