El escandalo fue revelado ahora por el diario Alemán Süddeutsche Zeitung, que tuvo acceso a 1.3 millones de archivos que compartió con el ya conocido Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (por sus siglas en inglés ICIJ); dentro de estos archivos se encontraron alrededor de 432 mexicanos, 27 más que los revelados en los Panama Papers, con cuentas derivadas de fideicomisos, fundaciones, empresas y otros instrumentos económicos, con datos que van desde 1990 a principios de este año.
La asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción, que obtuvo información al respecto, reveló que dentro de los nombres encontrados existen personas que fueron o son funcionarios públicos.
Recordemos que existen diversos países a los cuales se les llama "paraísos fiscales", debido a que dentro de ellos se ofrecen una serie de garantías muy atractivas para proteger su patrimonio o deliberadamente evadir impuestos, naciones en las que su legislación permite la secrecía bancaria y que vinculadas a estas inversiones pueden existir las sociedades “offshore”, que son compañías que si bien es cierto no tienen una verdadera y tangible actividad económica o comercial, tampoco son ilegales, pero sirven de pantalla para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior, y realizar movimientos sin los cargos fiscales que tienen en sus países de origen o de residencia.
Las revelaciones realizadas, sin duda alguna son de interés público y de las autoridades mexicanas, pues recordemos que el fisco, en el caso de los Panama papers, la información fue útil, pues gracias a ello el SAT, realizó auditorias extraordinarias y supuestamente se recuperaron más de 500 millones de pesos; es decir, el descubrimiento público sirvió para generar una recaudación extraordinaria que de no haberse sabido, nunca hubiera ocurrido.
De ahí que lo ahora difundido debe correr la misma suerte, una investigación no solo en materia de recaudación de impuestos, sino más allá, sobre todo a los que ya fueron y son funcionarios públicos, así como a las empresas que han trabajado o realizado cualquier tipo de transacción o acción con el Gobierno, a fin de buscar si existen probables delitos en la adquisición del dinero invertido.
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