“Uno de los fenómenos más catastróficos que se han venido multiplicando en nuestro país es la desaparición de personas”. Así comenzaba un texto publicado en este mismo espacio hace ya casi cuatro años. Para aquel momento (inicios de 2018) se estimaban en 34 mil las personas desaparecidas en todo el país. Hoy la cifra se eleva a 85 mil, aparte de que hay otras casi 10 mil en el carácter de “no localizadas”. Para efectos prácticos, hablamos al menos 95 mil mexicanos que no se sabe en dónde están.
De acuerdo con la información disponible, en los servicios forenses de todo el territorio nacional unos 52 mil cadáveres no han sido identificados y, además, se eleva por arriba de los 4 mil el número de fosas clandestinas halladas a lo largo y ancho del país. El problema de las personas desaparecidas es, desde hace algunos lustros, una tragedia creciente en todo México.
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Durante las décadas en que se fue fraguando esta catástrofe, la estrategia de las autoridades fue no hablar del tema, invisibilizarlo, gestionarlo con formas e instituciones que no se correspondían con el fenómeno que estaba manifestándose de modo específico: una muy compleja combinación de policías, militares, grupos delictivos, autoridades de diverso orden y hasta entidades empresariales estaban detrás de la mayoría de esas desapariciones. Los tipos penales con los que se abordaba hasta hace apenas unos cuatro o cinco años estaban totalmente rebasados.
Pero fue, como en la mayoría de los casos, la sociedad organizada la que obligó al Estado a crear una ley e instancias institucionales para atender de manera especial los casos que –hay que insistir- no dejan de mostrarse al alza. Los grupos de madres buscando a sus hijos, de personas buscando a su pareja o a sus padres fue lo que empezó a mostrar con toda su crudeza el drama de las fosas clandestinas, de los cuerpos desintegrados en ácido, del reclutamiento forzado de los cárteles y un insondable fenómeno que, en cada caso y en lo general, representa una ruptura profunda en la vida de sus familias y en la vida colectiva.
Durante el pasado sexenio, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (CED, por sus siglas en inglés) hizo una evaluación -virtual, a distancia- de la situación que guardaba este problema en el país y lanzó algunas recomendaciones. Sin embargo, el gobierno del ex presidente Peña Nieto se negó a que un grupo de expertos del CED visitara México y analizara los detalles del fenómeno. No fue sino hasta el inicio de la presente administración federal que se atendió el compromiso de invitar a la CED a venir a tierras mexicanas.
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Desde la semana pasada y durante varios días más, los representantes de este órgano independiente que vigila el cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas —ratificado por México en 2008—, se reunirán con familiares y colectivos, funcionarios, expertos, representantes de la sociedad civil, periodistas, comisiones de derechos humanos y organismos internacionales.
Su visita incluye acudir a 12 entidades del país, entre las cuales se encuentran las que presentan mayor cantidad de personas desaparecidas, como Tamaulipas, Coahuila, Jalisco y Morelos. El Estado de México parece no haber sido incluido en la lista, pero sabemos nosotros que se encuentra en el deshonroso “Top Cinco” de las entidades con más desaparecidos.
Es una visita inédita y seguramente el informe y recomendaciones que pudiera hacer este órgano de la ONU serán severos, pero no es para menos, ya que México es el segundo país —sólo después de Iraq— con más “acciones urgentes” en el mundo por desaparición de personas. Esta figura de “acción urgente”, que corre a cargo de la propia CED, consiste en que, cuando ocurre una desaparición, se solicita información al Estado de manera inmediata, para conocer qué se ha hecho en la búsqueda de esa persona desparecida. A México corresponden 424 de las mil 13 emitidas por el CED desde 2012, cuando se creó tal instancia.
Habrá que estar pendientes de lo que resulte de esta evaluación que pone a nuestro país bajo la lupa de la ONU en un tema especialmente delicado y, como ya lo hemos dicho, en el que las acciones emprendidas por el Estado mexicano han dejado mucho que desear desde hace años.