La prepotencia, la soberbia y el menosprecio de la autoridad al magisterio, el uso político consentido en jornadas electorales de un porcentaje del profesorado ávido de canonjías personales, son algunos de los ingredientes utilizados por el estado para conducir a un rotundo fracaso educativo de las políticas planteadas en este período gubernativo.
Concatenado a lo anterior, la base fundamental de lo que ocurre en educación, se debe a las actuaciones de los poderes instaurados: ejecutivo, legislativo y judicial, quienes se han caracterizado por el autoritarismo a través de la imposición de iniciativas de reformas constitucionales y la aprobación de leyes secundarias priorizando los intereses de grupo y económicos que ofrece el gobierno a los particulares que los han encumbrado en el poder, el uso desmedido de la fuerza policiaca para someter a los docentes al dictado de las leyes emitidas a su albedrío y la campaña permanente del estado en contra de los maestros, determinando su desprestigio social en constante aumento para devaluar la imagen de la escuela pública.
No es posible dejar de reiterar que el llamado pacto por México firmado en 2012 por PRI, PAN y PRD, fue con el único propósito de garantizar los votos de los integrantes de sus bancadas legislativas en el Congreso de la Unión, para aprobar todas las iniciativas que enviaría el presidente, asegurando que ningún diputado o senador de esos partidos, se manifestaran en contra o realizaran algún pronunciamiento a favor de la sociedad que dicen representar en las comisiones y sesiones de aprobación, así como combatir cualquier actuación en contrario de los legisladores de los partidos no contemplados en el citado pacto; en estas condiciones se aprobó la mal llamada “reforma educativa” que modificó el artículo 3ro. y 73 Constitucionales, imponiéndose la postura de la irracionalidad burocrática imperante, centrado en la eliminación de derechos laborales del profesorado del país.
A ello siguieron las modificaciones a la Ley General de Educación, la aprobación de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente, que han sometido a los maestros a la inestabilidad laboral con una evaluación para la permanencia, generando agravios históricamente jamás registrados en algún periodo gubernamental, como el impuesto por Peña Nieto en contra de la escuela pública, sin importar la educación del país, que presenta como mayor prueba del desinterés gubernamental, la improvisación para la integración de un modelo educativo, presentado a finales de junio de dos mil diecisiete, reducido a una tira curricular de preescolar a preparatorias, totalmente cuestionable y programada para su aplicación general a cinco meses de la toma de posesión de un nuevo titular del ejecutivo federal.
Al inicio de la imposición el estado fue en contra de la resistencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el resultado de la actuación dolosa y de mala fe de la autoridad fue arrastrar la imagen del docente al descredito, hasta colocarlo en contra de la opinión pública que se dejó influir por las producciones de la televisoras al servicio del estado, el maestro respetado por los padres de familia y alumnos, dejo de serlo, hoy el profesorado se debate entre quejas y denuncias muchas veces con hechos falsos o inexistentes que lo alejan de la estabilidad laboral que requiere su tarea.
Los agravios siguientes fue con dos secretarios de área en actuaciones cuestionables para espantar a los maestros, la evaluación para el desempeño o para la permanencia, con consecuencias fatales en caso de reprobar en tres intentos, que serán motivo de la rescisión laboral del trabajador, aberración laboral garantizada en los estados del país por las adiciones hechas a las leyes laborales locales, en el caso del estado de México, la adición del artículo 93bis a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, constituye la peor determinación unilateral del gobernante para perjudicar al trabajador, teniendo como cómplices a los diputados locales que aprobaron sin razonar el daño que causaban al magisterio y de las violaciones que cometían al derecho de equidad que garantiza la constitución política del país.
Con el autoritarismo colocado en el eje del fracaso, es responsabilidad de la autoridad de todos los males causados, no los docentes, quienes han sido marginados de toda iniciativa de participación, el gobierno optó por los llamados especialistas y “vacas sagradas” autorizadas desde el poder para tomar determinaciones que obligan a ejecutar en las escuelas, sin el consentimiento magisterial como ocurrirá con la reciente imposición de la tira curricular de aplicación experimental en el ciclo escolar 2017-2018, el régimen por concluir seguramente pasará a la historia como la que ha atacado al maestro y retrasado a la educación como nunca lo había hecho un gobierno de México en tiempos recientes.