En respuesta a la creciente preocupación por los casos de acoso escolar en el Estado de México, la diputada Paola Jiménez Hernández propuso la iniciativa de reforma a la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México.
La propuesta de la diputada incluye:
- La actualización anual del protocolo de atención
- La obligación de las escuelas de informar cada tres meses los casos existentes en sus instalaciones
- Las acciones tomadas, y dar vista al órgano interno de control en caso de incumplimiento.
Además, la iniciativa plantea que la persona acosadora garantice la reparación del daño moral y pague una indemnización o el pago de daños y perjuicios. También se propone que la encuesta entre la comunidad educativa para identificar los centros educativos con mayor incidencia de acoso escolar sea semestral. Entre otras cosas, se busca que el acoso se reconozca cuando se realice a través de cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica.
Más de 18 millones de víctimas en México
El acoso escolar es un problema grave en México, con 18 millones 782 mil estudiantes de primaria y secundaria como víctimas. Los conflictos entre estudiantes se traducen en acoso escolar cuando existe la intención de agredir a la víctima de manera constante, el agresor no presenta sentimientos de compasión por la víctima y hay una desigualdad entre él y la víctima, como la edad, la estatura o la popularidad.
En días recientes, se presentó un caso también grave en una escuela pública de Metepec, donde la víctima intentó quitarse la vida. Ante esta situación, la diputada Paola Jiménez Hernández hace un llamado a la sociedad y a las autoridades a tomar medidas concretas para prevenir y atender el acoso escolar en el Estado de México.
Al respecto, la diputada Trinidad Franco Arpero (PT) llamó a no señalar a los y las docentes como primeros responsables de estos hechos, ya que no pueden atender tantas obligaciones en su jornada laboral, además de que la normatividad les impide presentar denuncias directas, tienen una alta carga administrativa y cuando pretenden tratar con padres y madres de familia asuntos de acoso resultan violentados.
La iniciativa fue remitida a dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Procuración y Administración de Justicia.