A más de cuatro meses del episodio que llevó a la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, ante un juez por el delito de secuestro simulado, el paradero de su esposo, José Roberto “N”, volvió al centro de la discusión después de que el Colectivo Tenancingo pidió la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum y del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, para localizarlo y esclarecer por qué no ha sido cumplimentada la orden de aprehensión que existe en su contra desde junio.
La organización también pidió que se investigue si alguna persona ha facilitado que José Roberto permanezca fuera del alcance de las autoridades, aunque en su propio pronunciamiento aclara que no cuenta con elementos para afirmar que exista una red de encubrimiento.
Este reclamo se apoya en un dato difundido por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM): tanto el esposo de Nápoles como Óscar “N”, identificado como su cuñado, fueron considerados evadidos de la acción de la justicia después de que la investigación los colocó entre quienes habrían participado en la planeación del supuesto secuestro.
Un caso que comenzó el 31 de mayo
La noche del 31 de mayo, Nancy Nápoles reportó que había sido privada de la libertad afuera de su domicilio, donde, de acuerdo con su primera declaración, dos hombres y una mujer llegaron en un automóvil rojo y uno de ellos la obligó mediante amenazas a subir al vehículo. Durante el trayecto, relató posteriormente, le entregaron un teléfono para comunicarse con su familia y exigir 40 millones de pesos por su liberación; horas después aseguró que aprovechó un descuido para escapar y el 1 de junio acudió ante el Ministerio Público para denunciar lo ocurrido.
La versión inicial cambió cuando la Fiscalía informó el 17 de junio que había ejercido acción penal contra seis personas y sostuvo que el secuestro habría sido simulado. Según la hipótesis ministerial, José Roberto “N” y Óscar “N” comenzaron desde febrero a preparar un montaje mediante el cual pretendían solicitar un rescate de 40 millones de pesos provenientes del Ayuntamiento, cantidad que serviría para justificar un presunto faltante por el mismo monto.
Durante las investigaciones fueron detenidos en Oaxaca Karla Valeria “N”, Víctor Manuel “N” y Christian “N”, mientras las autoridades obtuvieron órdenes de aprehensión contra José Roberto y Óscar. Entre los elementos presentados por la Fiscalía se encuentran registros telefónicos, testimonios y videos en los que, según la institución, no se observa que la alcaldesa haya sido sometida con la violencia que describió en un primer momento.
Nápoles rechazó la versión de la Fiscalía
Nancy Nápoles respondió públicamente que sí había sido víctima de un secuestro, negó que existiera un faltante de 40 millones de pesos en las cuentas municipales y sostuvo que el caso tenía motivaciones políticas. También pidió que las finanzas del Ayuntamiento fueran revisadas y aseguró que los recursos señalados por la investigación podían ser acreditados contablemente.
La alcaldesa contradijo además la versión sobre la situación de su esposo cuando, el 22 de junio, aseguró que José Roberto no estaba prófugo, que se encontraba “libre” y desarrollando sus actividades, además de afirmar que ambos habían colaborado con las autoridades desde el inicio de las investigaciones.
Desde entonces no existe información pública que confirme su detención y la orden de aprehensión reportada por la Fiscalía continúa siendo el último estatus judicial conocido sobre él.
El proceso contra Nápoles avanzó el 9 de julio, cuando un juez la vinculó a proceso por secuestro simulado y concedió una suspensión condicional durante seis meses. Esa resolución le permitió permanecer en libertad y continuar al frente del Ayuntamiento bajo distintas condiciones, entre ellas presentarse periódicamente ante la autoridad, mantener un domicilio determinado, someterse a vigilancia y realizar servicio social. Si cumple con esas medidas, el procedimiento puede extinguirse; en caso contrario, el proceso penal puede reanudarse.
La exigencia presentada ahora por el Colectivo Tenancingo no modifica la situación jurídica de quienes aparecen involucrados en el expediente, pero vuelve a colocar sobre la mesa un pendiente que permanece abierto desde junio: conocer dónde se encuentra José Roberto “N” y por qué, después de varios meses de que la Fiscalía obtuvo una orden para detenerlo, continúa sin comparecer ante la autoridad mientras el caso sigue rodeado por versiones encontradas entre la alcaldesa, el Ministerio Público y los ciudadanos que reclaman respuestas.
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