Las organizaciones ARTICLE 19, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC exigieron este lunes una investigación independiente, exhaustiva y transparente sobre la red de empresas intermediarias y funcionarios que facilitaron el uso ilegal del software espía Pegasus en México.
De acuerdo con una investigación del diario israelí The Marker, dos empresarios —Avishai Neria y Uri Ansbacher— habrían actuado como intermediarios entre compañías tecnológicas y el gobierno de Enrique Peña Nieto, beneficiándose con al menos 25 millones de dólares por contratos gubernamentales. El software espía habría sido adquirido mediante una compleja red de empresas fachada vinculadas al conglomerado KBH.
En el único juicio penal relacionado con el caso Pegasus —por el espionaje contra la periodista Carmen Aristegui—, se reveló que Ansbacher operaba por órdenes del expresidente Peña Nieto, del entonces secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y del exjefe del CISEN, Eugenio Imaz. El testigo protegido conocido como “Zeus” aseguró que las intervenciones ilegales se realizaban directamente desde las oficinas de KBH.
También se supo que Manuel Mondragón y Kalb, excomisionado nacional de Seguridad, fue víctima del mismo espionaje: sus comunicaciones fueron interceptadas y grabadas ilegalmente con Pegasus.
El uso del software espía ha sido documentado por diversos medios internacionales como The New York Times y el consorcio Pegasus Project, que señalan a México como el cliente número uno de NSO Group, la empresa creadora del malware. Según estos reportes, Pegasus se utilizó reiteradamente para espiar a periodistas, activistas y opositores políticos, en contextos relacionados con denuncias de corrupción y violaciones graves de derechos humanos.
La denuncia de ARTICLE 19 cobra aún más fuerza en un momento en que el Congreso mexicano ha aprobado reformas que otorgan a autoridades —incluyendo al Ejército— acceso irrestricto a una plataforma que centraliza bases de datos públicas y privadas. Para las organizaciones civiles, esta medida representa un grave riesgo de vigilancia masiva sin controles adecuados.
Por todo ello, las organizaciones firmantes demandan:
– Una investigación autónoma sobre los sobornos y la red de corrupción ligada a la compra de Pegasus.
– Sanciones penales para todos los involucrados, sin excepciones.
– Transparencia total sobre los recursos públicos utilizados en tecnologías de espionaje.
– Medidas institucionales que garanticen la no repetición de estos abusos.
“La verdad y la justicia son imprescindibles para una democracia real. No podemos permitir que estas violaciones permanezcan impunes ni que se normalice la vigilancia contra quienes alzan la voz”, concluye el pronunciamiento.
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