China reclama a México $11 mil millones por cancelación del tren

De acuerdo con fuentes oficiales, el fallo de la licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014, teniendo como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y […]

De acuerdo con fuentes oficiales, el fallo de la licitación se dio a conocer el 3 de noviembre de 2014, teniendo como ganador al consorcio formado por las empresas China Railway Construction Corporation, China Railway Construction Corporation International, CSR Corporation Limited, asociadas con cuatro empresas mexicanas: Constructora y Edificadora GIA, Prodemex, GHP Infraestructura Mexicana y Constructora TEYA.

Presumen que la firma de cancelación se dio a raíz del reportaje de La Casa Blanca de Peña Nieto, propiedad de Juan Armado Hinojosa Cantú, quien fuera parte del consorcio ganador del Tren México – Querétaro, presupuestado en 8 mil 951 millones de pesos, mismo que fuera una promesa del presidente al asumir el cargo en diciembre de 2012.

Sin embargo, el largo camino que ha tomado la licitación para la construcción de dicha línea de transporte, se tornó sombrío por los escándalos de corrupción y conflictos de interés en los que se vio envuelto el presidente de la República EPN por la llamada “Casa Blanca” por lo que las compañías chinas reclamaron en 2015 la cancelación de la firma del contrato con el inicio de un arbitraje de inversión contra el gobierno mexicano abrigándose en un acuerdo entre ambos gobiernos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI México-China) firmado en 2008.

Los empresarios chinos dijeron haber sido agraviados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en lo que ellos describen como “una expropiación a sus inversiones debido a que resultaron ganadores de la licitación. Asimismo, consideraron que las autoridades mexicanas no actuaron de manera transparente, de buena fe, ni garantizaron un debido proceso legal”.