El alcalde de Cuautitlán Izcalli, Ricardo Núñez Ayala, y el secretario del Ayuntamiento, Maurilio Contreras fueron citados para presentarse el próximo 4 de febrero como parte de su derecho de audiencia, ante la denuncia que hay en su contra por violencia política en razón de género.
El resto de integrantes del cabildo: regidoras, regidores, síndicas y síndicos, también fueron llamados por segunda vez por autoridades del Centro de Justicia para las Mujeres en calidad de testigos. Este segundo citatorio se hizo oficial este miércoles, después de que ninguna persona de las antes mencionadas se presentará a la cita correspondiente que fue agendada y solicitada por las autoridades para este día.
«De no presentarse, en la tercera cita ya existe la posibilidad de que vaya un policía y que los traigan a fuerzas», dijo Elena Lara, abogada defensora de María Trinidad Canchola, víctima denunciante y extrabajadora de la actual administración municipal de Cuautitlán Izcalli.
Actualmente, existe una denuncia contra Núñez Ayala, acusado de cometer violencia política en razón de género, así como de tipo psicológico, económico y patrimonial, hacia María Canchola, quien fue despedida mientras fungía como directora de Desarrollo Humano, al mismo tiempo que padecía cáncer de mama.
Para entender mejor: Denuncian violencia política de género en Cuautitlán Izcalli
Lara explica que cuando Canchola dio a conocer su enfermedad, el alcalde le respondió que entonces no podría cumplir con sus funciones, y fue retirada de su cargo sin notificación previa. Tampoco recibió liquidación ni salarios correspondientes; después de dos meses ya no pudo recibir atención médica pública, por lo que debe costear los gastos de tratamiento de cáncer por su cuenta y con apoyo de su familia.
De acuerdo con la parte afectada y su defensa, este despido fue ilegal. «La doctora Canchola fue electa y ratificada por cabildo para ocupar el cargo; las únicas personas que podían removerla eran las y los integrantes del cabildo, y el presidente municipal tuvo que haber llevado su remoción a cabildo, pero no fue así, por eso el cabildo queda como cómplice».
«El artículo 19 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre (LGAMVLV) dice claramente que los gobierno estatales federales, estatales y municipales están encargados de erradicar la violencia, mientras que el alcalde es un generador de violencia, porque sabemos que a todas las personas que tenían un vínculo con la directora también las sacaron del ayuntamiento», dijo Lara en entrevista con este medio.
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