Santiago Peña, el expresidente de Paraguay, fue detenido este viernes en Asunción poco después de que el Senado de ese país aprobara su destitución y terminara con los fueros que mantenía como presidente, en medio de una investigación penal relacionada con Ueno Bank y con el manejo de recursos públicos depositados en la institución financiera. La Fiscalía indaga una posible lesión de confianza y otros delitos que podrían derivarse de las decisiones tomadas alrededor del banco.
El arresto ocurrió apenas un día después de que Peña presentara su renuncia bajo el argumento de preservar la paz social y evitar una mayor confrontación política. Su salida, sin embargo, no detuvo el procedimiento iniciado en el Congreso, donde los legisladores decidieron continuar con el juicio político hasta que el Senado resolvió separarlo del cargo. Pedro Alliana asumió posteriormente la Presidencia para concluir el periodo constitucional.
Peña quedó bajo arresto domiciliario mientras el Ministerio Público avanza con una causa en la que participan fiscales especializados en delitos económicos, anticorrupción, lavado de activos y delitos informáticos.
Entre los puntos que deberán revisarse se encuentran las decisiones adoptadas durante su gobierno respecto de Ueno Bank, la llegada de recursos estatales a esa institución y los vínculos que el entonces mandatario mantuvo con el grupo empresarial que la controlaba.
Ueno Bank y la relación con Peña
Cuando asumió la Presidencia en 2023, Peña declaró una participación accionaria en Ueno Holding valuada en más de 6 mil millones de guaraníes; posteriormente indicó que se desprendió de esas acciones en marzo de 2025, aunque para entonces llevaba casi dos años al frente del gobierno y Ueno continuaba recibiendo depósitos provenientes de organismos públicos y del sistema de previsión social.
La crisis estalló cuando el Banco Central intervino la institución después de detectar que su nivel de solvencia había caído por debajo de los parámetros exigidos. Ueno había crecido con rapidez hasta reunir alrededor de tres millones de clientes y administraba cerca de 850 millones de dólares provenientes de entidades públicas, una combinación que convirtió sus problemas financieros en una crisis que rápidamente pasó del terreno bancario al político.
Los legisladores que impulsaron la destitución señalaron posibles conflictos de interés, cuestionaron la concentración de recursos estatales en el banco y pusieron bajo la lupa la actuación de las instituciones encargadas de supervisarlo. Entre los nombres que aparecieron durante el debate estuvo Carlos Carvallo, quien presidió el Banco Central durante el gobierno de Peña y anteriormente había encabezado Ueno. Carvallo terminó dejando el cargo cuando la crisis comenzó a crecer.
Peña negó haber utilizado la Presidencia para beneficiar al banco y rechazó que sus antiguos intereses empresariales hubieran influido en las decisiones de las autoridades financieras.
Los escándalos que ya rodeaban al expresidente
Los cuestionamientos sobre Ueno llegaron cuando Peña ya enfrentaba otras acusaciones relacionadas con su patrimonio. Una exempleada de la residencia presidencial aseguró haber encontrado y entregado paquetes con grandes cantidades de dólares al entonces mandatario, episodio que terminó conocido como el caso de los “sobres del poder” y alimentó denuncias por posibles hechos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El expresidente rechazó esa versión y sostuvo que la historia había sido inventada, aunque las dudas sobre el origen y crecimiento de su patrimonio permanecieron dentro de las investigaciones abiertas durante su administración.
La crisis financiera terminó además por romper la alianza política que había sostenido a Peña dentro del Partido Colorado. Horacio Cartes, expresidente paraguayo y uno de sus principales respaldos desde que llegó al poder, retiró su apoyo cuando el caso Ueno comenzó a amenazar la estabilidad del gobierno y terminó acompañando el juicio político.
Con la destitución consumada, Peña perdió la protección vinculada con la Presidencia y quedó expuesto al avance de una investigación penal que hasta ahora se encontraba condicionada por sus fueros.
Su detención abre una nueva etapa en un caso que comenzó como una crisis bancaria y terminó provocando la caída de un gobierno.
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