Una ola de acusaciones terminó por alcanzar a Santiago Peña, quien este jueves presentó su renuncia a la Presidencia de Paraguay bajo el argumento de preservar la “paz social” y la estabilidad del país, después de que el colapso de Ueno Bank reavivara los cuestionamientos sobre su relación con el grupo empresarial que controlaba la institución y sobre el manejo de cientos de millones de dólares en recursos públicos que fueron depositados en el banco durante su gobierno.
La renuncia fue enviada al Congreso en medio de un proceso que ya había dejado de ser únicamente político, pues los 78 diputados presentes aprobaron por unanimidad la acusación contra Peña y enviaron el expediente al Senado, donde deberá decidirse si se continúa con el juicio político o si se acepta su salida. La diferencia no es menor: una destitución mediante juicio político le impediría adquirir la condición de senador vitalicio y, con ello, las protecciones políticas que acompañan ese cargo.
Ueno Bank, el escándalo que terminó por romper su gobierno
El episodio que precipitó la caída de Peña fue la intervención de Ueno Bank, después de que el Banco Central de Paraguay determinara que su nivel de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La institución había crecido con rapidez hasta alcanzar cerca de tres millones de clientes y administraba entre 800 y 850 millones de dólares provenientes de entidades públicas, incluidos recursos vinculados con el sistema estatal de pensiones y salud.
La crisis golpeó directamente a miles de usuarios que dejaron de tener acceso normal a sus ahorros, salarios y prestaciones, pero al mismo tiempo volvió a colocar bajo la lupa la relación que Peña había mantenido con el grupo propietario del banco.
El presidente paraguayo conservó durante parte de su mandato acciones relacionadas con Ueno Holding y aseguró que las vendió en marzo de 2025, cuando ya llevaba casi dos años en el cargo.
Pero las sospechas no se limitaron a esa participación accionaria.
Los legisladores que impulsaron el juicio político señalaron posibles conflictos de interés, uso indebido de recursos previsionales, cambios regulatorios y omisiones de las instituciones encargadas de supervisar a la entidad financiera. Peña negó haber intervenido para favorecer al banco, aunque la relación entre el gobierno y Ueno generó todavía más dudas porque Carlos Carvallo, quien presidía el Banco Central hasta el estallido de la crisis, había dirigido anteriormente la propia institución.
La investigación alcanzó este jueves un nuevo nivel cuando la Fiscalía abrió una causa penal contra Peña relacionada con las denuncias sobre Ueno y designó a fiscales especializados en delitos económicos y anticorrupción. Los señalamientos deberán probarse dentro de un proceso judicial y, hasta ahora, no existe una sentencia que establezca responsabilidad penal del mandatario.
Los sobres del poder
El principal problema para Peña es que Ueno no apareció sobre un terreno limpio, pues su gobierno ya había enfrentado cuestionamientos por el crecimiento de su patrimonio y por un episodio que en Paraguay terminó conociéndose como “los sobres del poder”, después de que Luz Maribel Candado, exempleada de la residencia presidencial Mburuvicha Róga, asegurara que encontró dos paquetes con alrededor de 100 mil dólares cada uno y que posteriormente entregó ese dinero al presidente.
Candado también afirmó que ella y algunos familiares fueron sometidos a pruebas de polígrafo después de la supuesta desaparición de efectivo dentro de la residencia presidencial.
Las denuncias llevaron a legisladores opositores a presentar señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y abuso de poder; Peña rechazó esas acusaciones y sostuvo que la historia de los sobres había sido inventada.
Las dudas sobre su patrimonio se alimentaron además por la evolución de sus declaraciones: al dejar el Ministerio de Hacienda en 2017 reportó alrededor de 1 mil 351 millones de guaraníes, mientras que al asumir la Presidencia en 2023 declaró más de 23 mil millones. Este crecimiento fue incorporado a las investigaciones y abrió preguntas sobre el origen de sus inversiones, aunque el mandatario defendió que sus recursos provenían de actividades privadas realizadas antes de volver al servicio público.
Trump, Israel y el peso de Horacio Cartes
Mientras los cuestionamientos internos se acumulaban, Peña construyó una política exterior estrechamente alineada con Estados Unidos durante el segundo gobierno de Donald Trump y con Israel.
Su administración trasladó nuevamente la embajada paraguaya a Jerusalén y mantuvo una posición de respaldo al gobierno israelí, decisiones que lo acercaron políticamente a Benjamín Netanyahu y lo colocaron entre los mandatarios latinoamericanos más próximos a las posiciones de Washington y Tel Aviv.
La relación con Trump tuvo además un trasfondo político inevitable por la figura de Horacio Cartes, expresidente paraguayo, dirigente del Partido Colorado y principal padrino político de Peña. Estados Unidos había sancionado a Cartes en 2023 bajo la Ley Global Magnitsky por presuntos actos de corrupción y por obstaculizar investigaciones relacionadas con crimen transnacional, señalamientos que él siempre negó.
Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, las sanciones financieras contra Cartes fueron levantadas en octubre de 2025, una decisión celebrada tanto por el expresidente como por Peña, quien insistió durante su gobierno en que la relación entre Paraguay y Estados Unidos atravesaba uno de sus mejores momentos.
La alianza que durante años sostuvo políticamente a Peña terminó quebrándose cuando la crisis de Ueno dejó de ser administrable dentro del Partido Colorado. Cartes y legisladores oficialistas retiraron su respaldo al presidente y comenzaron a acompañar la posibilidad de un juicio político; pocas horas después de que quedara claro que ya no contaba con los votos necesarios para mantenerse en el cargo, Peña presentó su renuncia.
El caso Ueno continúa bajo investigación, las acusaciones sobre su patrimonio siguen abiertas y el Senado todavía debe decidir qué hacer con el proceso político iniciado en su contra, mientras la ruptura con Cartes terminó por mostrar que el presidente había perdido la protección que durante buena parte de su gobierno le permitió resistir otros escándalos.
Síguenos