En una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, autoridades de Andorra confiscaron alrededor de dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que presuntamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos.
De acuerdo con información del diario La Jornada, el dinero se encontraba en cuentas bancarias que formaban parte de los fondos del Banco Privado de Andorra (BPA), una entidad financiera intervenida desde 2015 por la supuesta ilegalidad de sus operaciones.
En las investigaciones de las autoridades de Andorra figura el nombre de Juan Ramón Collado, abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, y quien fue detenido en julio de 2019 por numerosos delitos, entre ellos delincuencia organizada y apropiación de recursos ilícitos.
Hasta el momento se desconoce la identidad de los empresarios o inversionistas mexicanos, peor de acuerdo con las investigaciones se sabe que en la red de corrupción están los 23 personajes el vínculo es Juan Collado.
A cada uno de los 23 empresarios y financieros mexicanos se les habría incautado entre cinco y 150 millones de euros, una cantidad que iba en función de los fondos que tenían depositados en sus respectivas cuentas bancarias en el BPA.
Las autoridades sospechan que todos ellos utilizaron la entidad financiera andorrana para blanquear dinero procedente del crimen organizado y de la corrupción política, y que decidieron llevar su dinero al BPA precisamente para beneficiarse de sus escasos mecanismos de control, que favorecían tanto el blanqueo de capitales como la evasión de los órganos fiscalizadores de otros países, sobre todo de México, Estados Unidos y España, que son finalmente quienes han respaldado y coordinado la investigación policial.
De acuerdo con El diario español El País, Collado es investigado en Andorra por ser el hombre clave de la trama de lavado de dinero a gran escala que se intentó perpetrar desde la entidad financiera, valiéndose precisamente de los escasos mecanismos de control y del secreto bancario. Incluso se advierte en el informe que el propio Collado recibió hasta el año 2017 un total de “90 millones de dólares mediante transferencias desde cuentas de la casa de cambio mexicana Tiber y sociedades fiduciarias como el grupo Fidemont”.
Se menciona que Collado fungió como prestanombres: “una parte de los fondos ingresados podría tener su origen en la actividad delictiva, teniendo en cuenta la naturaleza del investigado y sus influencias en las esferas de poder”. Incluso se advierte que entre los clientes habituales del abogado de confianza del ex presidente priísta figuran otros personajes con vínculos con el crimen organizado o la corrupción, como el líder sindical Carlos Romero Deschamps, el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, o Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Andorra, se convirtió en una especie de “paraíso fiscal” predilecto de empresarios y políticos mexicanos, sobre todo por las ofertas de los ejecutivos del BPA para gestionar grandes cantidades de dinero con la total de “discreción” y hasta opacidad para eludir a los órganos reguladores.
En 2015 una investigación abierta por los sistemas de inteligencia y espionaje de Estados Unidos y de España advirtieron de que desde la entidad financiera andorrana se estaban perpetrando numerosos delitos de blanqueo de capitales y que, lo más grave, ese dinero procedía sobre todo del crimen organizado, la corrupción política y la malversación.