Toluca, Méx.- La construcción excesiva de conjuntos habitacionales en distintos municipios del Estado de México representa un mal ecológico, social y económico para las familias que residen en ellos, ya que las empresas lo hacen sin garantizar los servicios básicos de agua potable y electricidad, por lo que algunas de estas zonas residenciales se ven en la necesidad de ser abastecidas del líquido mediante pipas y plantas de luz que funcionan a base de combustibles, lo cual genera mayor contaminación y el desgaste de recursos naturales. A pesar de ello, el gobierno justifica la construcción excesiva de éstos con la demanda por parte de la población.
En entrevista para AD (Alfa Diario) la académica Luz María Gómez Ordoñez, docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) y de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) explicó que, a partir del año 2000 y hasta el 2012, durante los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, se otorgaron múltiples permisos a empresas constructoras de unidades habitacionales debido al incremento poblacional a nivel nacional, lo que motivó el auge en la construcción de las mismas.
Empresas como URBI, GEO Y HERMES construían cerca de 50 mil casas al año en territorio mexiquense.
Crecimiento hormiga
El fenómeno de los conjuntos habitacionales ha provocado el llamado “crecimiento hormiga”, que se refiere a la construcción de viviendas en la periferia de las ciudades y en terrenos destinados para la actividad agrícola y forestal, con lo que se viola la normatividad de impacto ambiental.
Tan solo en esta administración, en el Valle metropolitano de Toluca se han autorizado 317 desarrollos urbanos, la mayoría de interés social.
De acuerdo con la ambientalista, que forma parte del Movimiento Ecologista del Estado de México, mencionó que los principales problemas en éstas construcciones son: la mala calidad en el material de construcción, abastecimiento de servicios (agua y energía eléctrica), unidades habitacionales abandonadas, inseguridad, vandalismo, altos costos de traslados a centros urbanos, agotamiento psicológico, además de los altos costos de cada vivienda.
En el año 2013 comienza una política por parte del gobierno federal para otorgarles a todas las empresas constructoras un subsidio que les permitirá seguir construyendo con la protección económica financiada por el erario publico.
En el año 2014 el gobierno del Estado de Mexico otorgó a empresas constructoras de conjuntos habitacionales un subsidio de 12 mil millones de pesos. En el 2015 bajó a 11 mil millones de pesos y, en el 2016, bajó a 9 mil 60 millones de pesos.
Pueden seguir el trabajo de la maestra Luz María en su blog: http://luzmariagomezopina.blogspot.mx