El pleno del Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Social, con la que restringirá y controlará las manifestaciones en el estado que gobierna el priista Roberto Borge Angulo.
En un sólo día, la iniciativa fue aprobada en comisiones y en el pleno, a pesar de que la oposición exigió un debate serio en el que se incluyera a la sociedad civil. Ahora, para manifestarse, los ciudadanos deben pedir permiso a la autoridad.
La iniciativa subió al pleno esta tarde luego de que por la mañana fuera aprobada por la Comisión de Asuntos legislativos y Técnica Parlamentaria.
La minuta recibió el apoyo de los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y del Verde Ecologista de México (PVEM). Sólo los legisladores del Partido de la Revolución Democrática (PRD)y de Acción Nacional (PAN) se opusieron a la medida.
“Se pone en encrucijada a ciudadanos, al pedir permiso a las autoridades para manifestarse”, manifestó en tribuna el Diputado perredista Jorge Aguilar Osorio.
La Diputada panista Triny García expresó su rechazo al dictamen de la Ley de Ordenamiento Social y dijo que éste “debió consensarse con la sociedad civil”.
En respuesta el priista Juan Carrillo manifestó que se necesita contar con un marco jurídico donde la convivencia entre los quintanarroenses se desarrolle de manera pacífica.
“En ningún momento hablamos de coartar libertades, éstas continuarán vigentes pero respetando el derecho de terceras personas”, manifestó el legislador tricolor.
Y agregó: “Nos pronunciamos por la libre manifestación de las ideas y de reunión, pero siempre respetando los derechos de los demás”.
El Diputado Juan Carrillo Soberanis presentó esta iniciativa el jueves 20 de marzo.
De acuerdo con la propuesta la autoridad estatal podrá intervenir si en una protesta “se altera el funcionamiento de las instituciones que prestan algún servicio, la paz, la tranquilidad, de la o las comunidades, o se impide el normal desarrollo de las actividades de los demás habitantes o sus derechos humanos”.
Otro motivo para intervenir en las manifestaciones es si se “profieren injurias, o sea hace uso de violencia o de amenazas para intimidar u obligar a que alguna autoridad resuelva en el sentido que se deseen los manifestantes”.
Esto significa que los cuerpos policíacos comandados por el general Bibiano Villa podrán intervenir, arrestar y arrraigar a quienes pongan en peligro la economía y la paz social que pueda desprestigiar al destino turístico que es Quintana Roo.
El documento dado a conocer por la prensa indica que en caso de bloqueos “se realizarán las acciones necesarias […] de manera inmediata”.
Además prohíbe marchas en vías primarias y condiciona las protestas en las vías públicas. “Cuando las manifestaciones tengan lugar en vías públicas, el paso de los participantes no deberá de obstruir más de la mitad de los carriles y, cuando la vía pública lo permita, los manifestantes deberán usar los carriles laterales.
En el caso de las manifestaciones que invadan áreas prohibidas, la autoridad apercibirá a los manifestantes a dejar de realizar esta conducta y, en caso de negativa, la autoridad, tomará las medidas conducentes para reencauzar a los manifestantes a las zonas permitidas”.
El documento refiere que las personas que participen en marchas o plantones tendrán que abstenerse de llevarlas a cabo en “espacios públicos con valor histórico, cultural, turístico, arquitectónico o de importancia para el desarrollo del estado, o sus accesos, con la finalidad de salvaguardar las actividades económicas, la generación de empleos y la estabilidad política, económica y social de Quintana Roo”.
GOBERNADOR BELIGERANTE
El Gobernador Roberto Borge Angulo ha sido acusado tanto por periodistas como por partidos de oposición de impulsar métodos ilegales para controlar a los ciudadanos de la entidad que gobierna bajo las siglas del Revolucionario Institucional (PRI).
Durante la pasada elección, por ejemplo, tanto Acción Nacional (PAN) como el de la Revolución Democrática (PRD) acusaron a Borge de promover actos de violencia, incluso atentados incendiarios, en contra de los candidatos opositores y sus equipos de campaña.
En 2013 y lo que va de 2014, el Gobernador ha sido señalado por periodistas nacionales y locales de tratar de intimidarlos por distintas, muchas de ellas ilegales.
Se le acusa de utilizar hackers y de tener un equipo que maneja bots en las redes sociales para tratar de desprestigiar medios y comunicadores.
El PRD intentó promover en febrero en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político en contra del Gobernador “por la campaña de hostigamiento que mantiene contra dirigentes estatales y militantes de ese partido en aquella entidad”.
En un desplegado publicado recordaron que Quintana Roo es uno de las 10 entidades del país en las que no ha habido alternancia desde su fundación.
“Es un estado de caciques del viejo cuño, donde durante las pasadas elecciones se configuró uno de los escenarios más violentos que haya vivido la entidad en sus poco más de 40 años”, dijeron.
El PRI, sin embargo, se opuso y vetó a los diputados de oposición.
La periodista Lydia Cacho ha denunciado una campaña del Gobernador en su contra, e incluso ha advertido que fue amenazada de muerte.
A esto le ha seguido una serie de ataques en las redes sociales, que parecen ser parte de la estrategia de Borge para “defenderse”.
Apenas en enero pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó al gobierno de Quintana Roo aplicar las medidas cautelares correspondientes para garantizar la integridad física del corresponsal de la revista Proceso en aquella entidad, Sergio Caballero, luego de la campaña negra desatada en su contra por parte de cibernautas al servicio de las autoridades estatales.
La CNDH documentó que la Procuraduría de Quintana Roo había abierto un expediente falso contra el corresponsal, con el que pretendían ligarlo con redes de narcomenudeo.
El organismo presidido por Raúl Plascencia Villanueva informó en un comunicado que un equipo de visitadores adjuntos fue enviado a Cancún, para entrevistarse con el reportero y recabar evidencias e información relacionada con los hechos.
Refirió que se buscará que la autoridad investigue “de manera amplia e imparcial” hasta lograr que se esclarezcan los hechos, se deslinden responsabilidades y se garantice que la agresión no quede impune.
El pasado martes 28, desde cuentas de “trolles” y “bots” al servicio del gobernador Roberto Borge Angulo, se publicaron mensajes en Twitter en los que se mofaban de un percance automovilístico en el que se vio involucrado el reportero del noticiario de mediodía de Cancún, Javier Vite.
En los mensajes se atacaba también a Sergio Caballero. Los ataques contra ambos periodistas arreciaron la noche del mismo martes desde la cuenta de Twitter de César Morera, coordinador de las Redes Sociales del mandatario estatal.
(Con información de SINEMBARGO.MX)