La publicidad del PRI exhibida en espectaculares con el texto “Creo en lo que veo” muestra “éxitos”: obras en proceso –el tren México-Toluca, por ejemplo, sin mencionar las innumerables caídas de plumas durante la construcción–, sonrisas mexiquenses, rostros seleccionados para convencer a la mayoría de cumplimiento y felicidad inexistentes.
Contrario a los contenidos de sus promocionales, se ven otras cosas que sí se creen, con una amplia lista que ha vulnerado incluso la figura del Estado mexicano, ante la actuación del grupo gobernante que abandonó a todas luces el nacionalismo por una obediencia casi dócil a los dictados de Estados Unidos; como consecuencia, un extremo del país sufre las implicaciones de una figura presidencial débil y vulnerable.
Se ve y se vive una inflación de 4.86% superior a la de 2010, año en que alcanzó el 4.82% (según datos del índice nacional de precios al consumidor), provocada principalmente por el aumento a la gasolina y el diésel, arrastrando a su paso el aumento de las mercancías, encareciendo el mercado y debilitando el consumo cotidiano, con la respectiva reducción del poder adquisitivo del salario. Esta inflación es la más alta que ha vivido el país en los últimos siete años.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es claro al señalar que los mayores aumentos se dieron en automóviles (1.58%), gas doméstico y tortillas de maíz (2.02%), limón (20.63%), tomate verde (21.82%), con bajas insignificantes en el jitomate y la cebolla.
La diferencia en las reacciones de la gente ante otros aumentos, como el de la luz –la Comisión Federal de Electricidad no para en sus tarifazos mensuales– y el del gas –con aumentos permanentes–, radica en que no se pagan una o dos veces a la semana, como ocurre con la gasolina. El gas se solventa al menos una vez al mes, si se usa tanque de veinte kilos, y la luz se paga cada dos meses; por ello, la gente no ha salido a manifestarse en las calles por estos aumentos. Sin embargo, y a pesar de que casi no se ven, también han impactado en los precios de las mercancías.
El aumento al costo de las casetas está siendo gradual: la México-Toluca subió sus precios a inicios de febrero, pero tampoco hubo reacciones de los usuarios, aunque ha impactado en el incremento de costos de las mercancías y los combustibles se mantienen al alza. El juego de Hacienda de subir dos centavos y luego bajar uno está logrando quizá el propósito de reducir las manifestaciones de rechazo al megagasolinazo de enero, pero no frena la inflación en incremento constante.
Según los reportes en la economía nacional, hoy tenemos un país más endeudado: tal como lo afirma el secretario de Hacienda, la deuda pasó de 38 al 50% del producto interno bruto, para llegar a 10 billones en lo que va de este gobierno. Los datos oficiales señalan un promedio de quinientos mil millones de pesos como pago de intereses de esta deuda, en lo que respecta a 2016. Para este año, se calcula que llegará a los seiscientos mil millones. Y en un periodo de cinco años, únicamente para pago de intereses, alcanzará los 2.2 billones de pesos, según los datos hechos públicos.
El grupo gobernante se encuentra preocupado por la segunda llamada de atención de las calificadoras de crédito internacionales (Moody’s, Standard & Poors, Fitch), quienes señalan las dificultades que enfrenta el país en el pago de su deuda y sus aprietos para obtener crédito (como lo asegura Galván Ochoa en su columna “Dinero” del viernes 10 de marzo de 2017, en el diario “La Jornada”).
A esto se aúna lo que se ve en nuestra entidad –desde lo que ha sido calificado como una guerra interna–, el sello de identidad estatal, proveniente de la función pública: el fenómeno de enriquecimiento exorbitado de algunos hombres de Estado. Toca el turno al secretario general de Gobierno de la entidad, quien ha sido colocado en el cuestionamiento nacional por sus ranchos, propiedades diversas, colecciones de autos, lagos artificiales, zoológicos personales… toda una jauja en pueblo pobre, con el 50% del padrón electoral en estas condiciones.
La inseguridad, la corrupción, la impunidad, la delincuencia organizada, los malos servicios, las violaciones permanentes a la ley por aquellos que trabajan en la función pública parecen ser peccata minuta en este contexto de males mayores.
Por cierto, la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México –mejor conocida como Ley Eruviel o Ley Atenco– colocó en tela de juicio a los diputados locales y al gobernador ante las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre todo por la omisión de hacer valer una iniciativa para derogar o reformar dicha ley que, de entrada, cuenta con 14 artículos inconstitucionales, según los análisis que continuaron este lunes 13 de marzo de 2017 en la SCJN.
Estas son algunas cosas que se ven –y sí se creen, por sus implicaciones en la vida de los mexicanos y mexiquenses– en plena guerra de los partidos y sus aspirantes al “botín” llamado Estado de México; “sólo son negocios, nada personal”, diría el padrino de Mario Puzo.
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