Ciencia, estadística y delitos
Es sabido que, sin la ciencia básica, la ciencia aplicada no existiría. Ruy Pérez Tamayo llamó a esta clasificación “utilitarista de la ciencia”. Decía el propio Pérez Tamayo que, para los científicos, el uso primordial del conocimiento es la generación de más conocimiento, considerando que los nuevos datos permiten integrar hipótesis que sugieren predicciones y experimentos para ponerlas a prueba; agregaba que es en este proceso en el que surgen más hechos, en el que se hacen los descubrimientos y, con ello, se produce el conocimiento científico. Aunque, a final de cuentas, el propio pensador terminó su reflexión diciendo una verdad absoluta: que la única clasificación aceptable de la ciencia es que está bien hecha o mal hecha.
Un análisis superficial de los números de la incidencia delictiva (que reportan de manera mensual las entidades de la república al secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública) no resistiría las mínimas verdades. Delitos que de manera mágica descienden en sus índices, cuando los reportes periodísticos los contradicen documentando con datos y gráficas los hechos; homicidios que son calificados inadecuadamente por el Ministerio Público, o que –en el mejor de los casos– los califica de manera tardía y desfasada (la continuidad de la estadística delictiva no existe: hay casos en que casi un año después un agente del Ministerio Público reporta el homicidio); homicidios dolosos que simplemente se omiten para no “alterar” la tendencia. Todo esto es apenas la punta de un iceber, en que la ignorancia y la falta de conocimiento metodológico impiden contar con una estadística confiable.
¿Tiene la –ahora pomposamente llamada– Fiscalía General una metodología para el procesamiento de información de la incidencia delictiva en el Estado de México?
¿Cuándo se considera “homicidio” el caso de una persona que pierde la vida en circunstancias desconocidas?
¿Cuánto tiempo pasa en realidad –y cuánto tiempo debería pasar– para que el Ministerio Público califique legalmente un homicidio (o lo califique como doloso o culposo)?
¿Las cifras oficiales reflejan la realidad de los delitos denunciados ante el Ministerio Público?
¿Se ha interesado la Fiscalía por indagar la llamada “cifra negra” de delitos?
La respuesta es un simple y rotundo “no”. No tiene una metodología científica confiable, ni cuenta con el personal especializado para diseñarla.
Mientras en 2014 se registraron un total de 1,994 homicidios dolosos (a razón de un promedio de 166 homicidios dolosos denunciados en forma mensual), en 2015, la cifra se elevó a 2,070 (un promedio mensual de 172 homicidios); en tanto que para 2016 se denunciaron 2,053 homicidios dolosos.
A pesar de que, recientemente, el propio secretariado de Seguridad Pública estableció la contabilidad de las víctimas de los delitos (particularmente el homicidio doloso y el secuestro), la duda metodológica es ¿qué debe contarse, el evento o las víctimas?
Tomemos como ejemplo que después de una denuncia de secuestro mueren dos víctimas; éstas fueron privadas de su libertad en hechos distintos, pero sus cuerpos son rescatados sin vida en un solo momento. ¿Se considera como dos denuncias de secuestro? ¿Posteriormente se registra como dos homicidios? ¿Se contabiliza como una sola denuncia de secuestro? ¿Se cuenta como una sola denuncia de homicidio doloso, o ya no se contabiliza el homicidio?
La realidad es que, sin un protocolo, este simple conteo se deja al libre albedrío del personal de la Fiscalía que tiene a su cargo este procesamiento; como esto, podríamos desglosar cada una de las categorías que desagrega el formato elaborado por el Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública (CIEISP), autorizado por el secretariado y que –mención aparte– está diseñado más para ocultar que para transparentar, porque también carece de una metodología validada por expertos académicos, que les genere confianza.
Tan poco confiable es que leo en las páginas de Alfa Diario el caso de Fabián Peña Cárdenas, que fue ingresado a la base de datos del Programa ODISEA y fue calificado como persona no localizada (eufemismo para evitar señalar a la persona como desaparecida), que después “apareció” en las propias instalaciones del servicio médico forense.
En principio las versiones periodísticas señalaron que el empresario había sido privado de su libertad; la versión más reciente es que caminaba por la carretera Toluca-Tenango y –sin una indagación exhaustiva– ya se calificó como homicidio de tipo culposo –de carácter imprudencial–, sin que se haya agotado una investigación, dado que fue encontrado un automóvil abandonado cerca del cuerpo (dos días después, la Fiscalía General supo que era del empresario y que además lo tenía en su dominio para hacer los estudios pertinentes).
A ello se suma la amplia duda de qué sucedería en 2015, cuando los datos de robo en carreteras, con o sin violencia, permanecieron reportados en cero. ¿Verdaderamente no ocurrió ningún evento delictivo de esta naturaleza, o alguien omitió el reporte respectivo?
En el lenguaje metodológico del secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿qué querrá decir “otros sexuales”? Haciendo referencia a otros delitos de carácter sexual.
Un problema no puede solucionarse sin información veraz, oportuna y certera. Por ahí debe empezar la nueva Fiscalía General a reconstruirse. Más que maquillar cifras para dar visiones favorables, debe contar con especialistas que transparenten y den verosimilitud a las cifras; contar con datos de georreferenciación delictiva válidos y confiables, que permitan delinear mapas delictivos y faciliten el actuar de las policías preventivas y de las propias policías de investigación. Cuando eso suceda, hablaremos de una investigación científica, de una actuación científica. El resto es verso.
Nos leemos en otra semana caótica.
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