La gestión de los residuos sólidos en Villa del Carbón pasó del colapso sanitario a la confrontación directa. En la comunidad de Bocanegra, delegación San Jerónimo Zacapexco, el intento de habilitar un nuevo sitio de disposición final desató un choque entre pobladores y autoridades municipales.
El conflicto expone una vulnerabilidad estructural: la falta de infraestructura regulada para el manejo de desechos y el riesgo de contaminación en una zona de escurrimientos naturales que alimenta la presa San Luis Taxhimay, un cuerpo de agua vital en la región.
El punto más álgido se registró la tarde del lunes 4 de mayo de 2026, alrededor de las 14:00 horas, cuando camiones recolectores ingresaron a la zona boscosa de Bocanegra para descargar residuos sobre un cauce pluvial. Habitantes de la comunidad bloquearon el paso de las unidades, lo que derivó en el despliegue de al menos cinco patrullas de la policía municipal.
De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, los camiones pretendían depositar y enterrar basura en una barranca que funciona como zona de desagüe. La preocupación central es su cercanía con manantiales que alimentan corrientes hacia la presa Taxhimay.
El área en disputa es ecológicamente sensible. Los escurrimientos de Bocanegra conectan directamente con el embalse, que ya enfrenta niveles bajos y que en abril pasado fue escenario de protestas de comunidades otomíes por la falta de agua.
El caso también abre cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003, que establece los criterios para la selección, diseño y operación de sitios de disposición final de residuos.
El Ayuntamiento de Villa del Carbón reconoció en un comunicado que durante más de nueve años operó un basurero a cielo abierto que generó afectaciones sanitarias. La autoridad municipal sostiene que el nuevo sitio fue definido tras una mesa de trabajo con autoridades auxiliares y el Comisariado de Bienes Comunales de San Jerónimo Zacapexco.
Sin embargo, habitantes de Bocanegra cuestionan la decisión y advierten que la comunidad ha cargado históricamente con la disposición de residuos del municipio, con consecuencias como plagas, falta de control sanitario y deterioro ambiental.
La decisión también ha generado dudas sobre la legalidad de los predios utilizados. Vecinos señalan que no existe claridad sobre la propiedad de la tierra ni sobre los acuerdos alcanzados con el comisariado.
Además del conflicto social, el riesgo ambiental es el eje de la disputa. Pobladores advierten que la ubicación del tiradero en una barranca podría provocar que los lixiviados escurran hacia cuerpos de agua cercanos, afectando ecosistemas y fuentes de abastecimiento.
Mientras no se define un sitio técnicamente viable para la disposición final de los residuos, los camiones recolectores continúan sin un destino claro y la comunidad mantiene vigilancia para impedir nuevas descargas en la zona.
Hasta el momento, autoridades federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) no han emitido posicionamiento sobre el caso.
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