Integrantes del cabildo de Naucalpan aprobaron este viernes un dictamen para que la Comisión de Hacienda realice un estudio de la situación financiera por la que atraviesa el municipio, para hacer frente al adeudo por concepto de sueldos y prestaciones a trabajadores del ayuntamiento.
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En sesión extraordinaria se votó para que el tesorero Leopoldo Corona, y el encargado de administración, Daniel Pulido Lara, realicen los pagos de las quincenas y prestaciones que se deben a trabajadores sindicalizados, de confianza, policías, protección civil, trabajadoras del DIF y de cada una de las áreas que integran el gobierno .
También deberán liquidar finiquitos y salarios pendientes de extrabajadores, es decir, aquellos que renunciaron o fueron dados de baja en meses recientes sin que se les entregarán sus prestaciones correspondientes.
Los pagos deberán efectuarse antes del 10 de diciembre de 2021, de lo contrario se incurrirá en desacato, un delito que es castigado por las leyes penales, así lo advirtió el primer síndico Maximiliano Alexander Rábago.
Además, se instruyó para que tesorería cumpla todas las obligaciones fiscales que tiene el Ayuntamiento; para que informe sobre el pago puntual de todas las contribuciones a las que está obligado el municipio; y para que recupere las contribuciones correspondientes.
De acuerdo al dictamen aprobado, el departamento a cargo de Leopoldo Corona debe gestionar la recuperación del monto de pagos, descuentos y/o retenciones hechas a los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y de las Demarcaciones (FORTAMUN-DF), y con ello solventar el pago de deuda que tiene el Organismo municipal del agua OAPAS. Además de reintegrar los recursos sobrantes.
En la sesión de cabildo a la que solo asistieron 11 integrantes se anunció que el Ayuntamiento dará vista a las autoridades correspondientes para denunciar e investigar posibles actos ilegales en contra de quien resulte responsable del desfalco a las finanzas públicas de Naucalpan. De igual forma se asistirá a la Comisión de Derechos Humanos por las violaciones cometidas en contra de las y los trabajadores.
Además se creó una comisión de seguimiento para el cumplimiento del dictamen aprobado este viernes. Mientras que la contraloría municipal deberá emprender las investigaciones necesarias.
Acusan intento de sabotaje a la aprobación del dictamen
La sesión de cabildo de este viernes no fue transmitida a través de las redes sociales del Gobierno de Naucalpan, por lo que integrantes del cabildo realizaron enlaces desde su páginas personales. En las instalaciones de Salón del Pueblo donde se realizan las sesiones no se contó con las condiciones técnicas necesarias para transmitir en vivo. Durante la sesión, se acusó que los trabajadores técnicos encargados del audio de los micrófonos y el video fueron coaccionados para que no se presentarán a la sesión y con ello evitar que se llevara a cabo.
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Además, casi la mitad de los regidores se ausentó de la sesión para evitar que se aprobara el dictamen. Sin embargo, el primer síndico aseguró que a pesar de las múltiples ausencias ––entre ellas la de la alcaldesa Patricia Durán–– se contaba con el quórum suficiente para votar el dictamen a favor de los trabajadores y que finalmente fue aprobado.
Los regidores y regidoras que no se presentaron a la sesión, y que fueron señalados de “esconderse” y “no dar la cara” son: la segunda regidora Graciela Alexis Santos García; el tercer regidor Ubaldo Jaime Gutiérrez Nieto; la cuarta regidora María Guadalupe Ángel Reyes; la decimosexta regidora, María de los Ángeles Pontaza; la sexta regidora, Maricela Hernández Inocente. Tampoco asistió el séptimo regidor José Velázquez Meza, la duodécima regidora Araceli Matehuala Reyes ni el décimo quinto regidor Manuel Sisniega Otero.
Quiénes sí estuvieron presentes en la sesión de cabildo para aprobar el dictamen a favor del pago a los trabajadores fueron: el síndico y las síndicas Maximiliano Rábago, Carmen Ruiz, Sandra León; los regidores y regidoras Jesús Hernández, Rodrigo Gómez, Laura Aldana, Ricardo Fuertes, Paulina Pérez, Anselmo García, Pedro Fontaine y Angélica del Valle.
En la parte final de la sesión de cabildo, el primer síndico expuso una serie de amenazas en su contra: “Me están mensajeando y me dicen que la sesión es ilegal porque no hay secretario, pero sí hay secretario. Y me permitiré frente a quienes sí son valientes y sí dan la cara (decir) que esta sesión tiene como base el artículo 22”. Dicho artículo señala que una sesión es legal cuando se tiene la asistencia de la mitad más uno de los integrantes de cabildo y con un secretario que también está presente, explicó. “Si alguien me quiere denunciar penalmente, (tal) como lo están amenazando, con mucho gusto iré a la Fiscalía a declarar que lo que estamos haciendo es en beneficio de los trabajadores, y que no usamos la ley para violarla (…) Así que esta sesión es legal”.