El fiscal General de Justicia del Estado de México Alejandro Gómez Sánchez asumió la responsabilidad del desalojo en la sede de la Comisión de Derechos Humanos en Ecatepec, pero argumentó que la decisión fue tomada con la ley en la mano, ante un delito flagrante y la existencia de menores de edad que estaban en situación de riesgo.
Ante los reclamos de representantes populares en torno a ese operativo, en el cual evacuaron a la fuerza a mujeres y niños de esas oficinas, el fiscal reconoció que habrá quien pueda criticar esto como una decisión apresurada y hasta imprudente, pero justificó que hicieron lo que la ley señala.
“Se ha presentado ya el informe correspondiente a este Poder. Debo reconocer que el responsable de la actuación es el titular. La decisión de haber entrado puede criticarse, o señalarse como apresurada y hasta imprudente, pero es una decisión con fundamento en la ley, ante un delito flagrante que se persigue de oficio, donde había menores de edad, en situación de riesgo. «Así lo señala la Constitución” refirió.
Durante su comparecencia en la Legislatura local por el tercer informe de gobierno de Alfredo del Mazo, el fiscal argumentó que la pandemia también ha impactado en la procuración de justicia, en reducción de recursos para la dependencia y en el aumento paulatino de delitos que seguirá mientras dure la pandemia.
“A pesar de lo complejo, se tienen avances, pero vienen retos enormes, los efectos de la pandemia provocarán incremento delictivo y nivel de violencia, esto se hará gradualmente; sin embargo la fiscalía es una institución sólida y cuenta con capital humano para hacer frente a estos retos, comprometidos con la sociedad mexiquense, responderemos en la primera línea de batalla” señaló.
Grupos delictivos controlan mercados
Los legisladores de todas las fracciones parlamentarias pidieron cuentas del combate delictivo, se quejaron de la impunidad, la corrupción y la falta de empatía y preparación del personal y el hecho de que los índices delictivos no disminuyen.
Juan Carlos Soto Ibarra, de la bancada sin partido, pidió cuentas sobre el delito de extorsión. El fiscal reconoció que aumentó un 24 por ciento por la pandemia, sin contar la alta cifra negra que tiene, y a la fecha, sin un registro nacional eficiente.
En la entidad los principales responsables de ese ilícito, dijo, son integrantes de La Familia Michoacana, el cártel Jalisco Nueva Generación y otros grupos delictivos, con 10 municipios de mayor incidencia: Ecatepec, Tlalnepantla, Tecámac, Chimalhuacán, Toluca, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, Naucalpan, Nezahualcóyotl e Ixtapaluca.
Detalló que no sólo cobran derecho piso, sino que en municipios del sur han implementado una nueva modalidad, al imponer un solo proveedor en la venta de diversos productos.
El diputado Gerardo Ulloa de Morena se quejó que a pesar del presupuesto sin precedentes, destinado a este sector no hay cambios y no se ha iniciado el servicio de carrera; mientras Alejandro Gómez indicó que les faltan recursos.
Comparativo nacional
El fiscal reconoció que las condiciones en que labora el personal no son las adecuadas, ya que existe una alta carga de trabajo, el presupuesto no es el mejor del país, pues en promedio a nivel nacional se invierten 39 millones de pesos por cada 100 mil habitantes y en la entidad sólo 27 millones, mientras Chihuahua tiene 131 millones.
Presumió que los resultados en la entidad son mejores que en el resto del país al integrar 317 mil carpetas de investigación durante 2019, cuando el promedio es de 70 mil; determinaron el 86 por ciento frente a una media nacional del 45 por ciento; detuvieron siete veces más personas en flagrancia que la media; cumplieron y solicitaron más órdenes de aprehensión; el único punto donde están en tercer lugar es en vinculación a proceso.
En el comparativo que hizo a nivel nacional hay 9.9 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes frente a 4.8 en la entidad; 9.6 agentes del MP en promedio y 5.3 en la entidad; 2.3 peritos nacionales y 0.3 en edomex; 3.9 agencias del MP y 0.98 en la entidad.
Esto, subrayó, quiere decir que con menos recursos han mejorado las cosas. Reconoció que falta mucho por hacer, pero hay avances, al menos en lo que toca a la Fiscalía: combatir la impunidad, y argumentó que la reducción delictiva le toca a la federación, al estado y a los municipios.