La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, se une al pronunciamiento de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) dirigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para mantener la prisión preventiva oficiosa en el país.
Gómez Álvarez respaldó la solicitud de los gobernadores y del jefe de gobierno de Ciudad de México, enviado a la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, destacando que la prisión preventiva oficiosa es esencial para proteger a las víctimas y garantizar la seguridad pública.
En el documento se resalta el riesgo que implica la conclusión de procesos penales sin la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Además, se advierte sobre la posibilidad de un colapso en los tribunales federales si se ven obligados a revisar todas las solicitudes de modificación a esta medida cautelar. Se subraya también la importancia de la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no son adecuadas para proteger la seguridad pública.
Antecedentes
La SCJN está considerando la posibilidad de invalidar el artículo 19 constitucional, lo que podría llevar a los jueces a dejar de aplicar la prisión preventiva oficiosa. Esta medida surge tras una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Internacional de Derechos Humanos.
¿Qué es la prisión preventiva oficiosa?
Es una medida por la cual, si un juez que atiende un caso de un delito considerado como «grave», podría mandar a encarcelar al imputado sin una condena previa. Algunos de estos delitos son: homicidio doloso, feminicidio, violación y secuestro, trata de personas, delincuencia organizada, robo de transporte, entre otros.
Actualmente, en el Estado de México hay 21 mil 718 personas en prisión preventiva oficiosa.