Tres años han pasado desde el inicio de la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, lapso en el que las promesas de campaña han avanzado, pero también en el que las deudas de la 4T se han asentado en algunos rubros. En Salud, el balance es mixto; mientras las mejoras son latentes en sectores como la disminución en carencia de acceso a servicios médicos, algunos otros, como los hospitales abandonados, han quedado en el olvido pese a la intervención de la Federación.
La comparación no puede hacerse únicamente entre edificios inaugurados o paquetes de medicamentos distribuidos porque el cambio más importante ocurrido durante estos tres años fue administrativo: Delfina Gómez recibió un sistema en el que el ISEM operaba directamente buena parte de hospitales y centros de salud y, después de la adhesión al modelo IMSS-Bienestar, comenzó la transferencia de mil 280 unidades médicas, de ellas mil 203 centros de salud y 77 hospitales, además de 4 mil 226 consultorios y 4 mil 297 camas; el universo considerado para este nuevo modelo era de 9 millones 161 mil 742 mexiquenses sin seguridad social.
Esa transición también modificó quién tiene ahora la responsabilidad operativa cuando falta un medicamento, se suspende un tratamiento o existe un problema laboral. Parte de los avances que el gobierno estatal puede mostrar son producto de inversiones federales y, de la misma manera, una parte creciente de los problemas que anteriormente recaían directamente sobre el ISEM se encuentran ahora bajo la administración del IMSS-Bienestar.
Menos mexiquenses con carencia de salud
El dato más favorable para el balance de la administración morenista aparece, sin duda alguna, en la medición de carencias sociales. Antes de que Delfina Gómez asumiera el gobierno, el último dato disponible correspondía a 2022, cuando el 44.2 por ciento de la población mexiquense, 7 millones 648 mil 780 personas, presentaba carencia por acceso a los servicios de salud; para 2024, ya durante su administración, la proporción bajó a 40.2 por ciento, equivalente a 7 millones 112 mil 908 habitantes. Son cuatro puntos porcentuales y 535 mil 872 personas menos en esa condición.
Pese al avance que señalan estas cifras, es pertinente realizar una aclaración al respecto: no puede afirmarse simplemente que la “cobertura médica” aumentó de 55.8 a 59.8 por ciento, pues la carencia por acceso a los servicios de salud es un indicador social y su complemento matemático no demuestra que una persona haya conseguido consulta, medicamento, especialista o tratamiento cuando lo necesitó. Tampoco existe todavía una medición comparable con corte a agosto de 2026, por lo que el contraste más reciente posible es 2022 contra 2024.
Los hospitales que todavía esperan
Terminar los hospitales abandonados fue uno de los compromisos más concretos de Delfina Gómez durante la campaña de 2023 y, por esa misma razón, es uno de los que con mayor facilidad pueden contrastarse al llegar a la mitad del sexenio.
De los nueve hospitales que se registraron inconclusos a la llegada de Gómez Álvarez –algunos heredados por tres administraciones atrás–, ninguno ha sido concluido, aunque algunos ya han comenzado obras.
El Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud registra el Hospital de la Comunidad Santiago Acutzilapan como una obra suspendida, proyectada con 18 camas; cuando en 2024 se informó sobre el rescate de siete hospitales mediante IMSS-Bienestar, Atlacomulco apareció entre los municipios considerados, junto con Chicoloapan, Ecatepec, Tepotzotlán, Tlalnepantla, Zinacantepec y Zumpango.
Tres años después, las obras con mayor visibilidad continúan teniendo fechas posteriores al tercer aniversario de la gobernadora. El Hospital General de Subzona de Chicoloapan se encuentra en intervención y el IMSS prevé inaugurarlo en diciembre de 2026 con 57 camas; para el Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec, abandonado desde 2007, el calendario anunciado en julio establece el inicio de los trabajos en octubre de 2026 y su conclusión un año después, en octubre de 2027.
Valle Ceylán, en Tlalnepantla, tampoco puede contabilizarse todavía como hospital recuperado, pues en mayo de este año, el gobierno mexiquense formalizó su entrega al IMSS-Bienestar para rehabilitarlo y la previsión federal es ponerlo en servicio durante 2026, con una inversión superior a mil 300 millones de pesos y más de 150 camas; al corte del 25 de agosto, su inauguración seguía pendiente.
El contraste, por tanto, es que la recuperación sí está en marcha en varios inmuebles, pero las aperturas todavía no permiten dar por concluida la promesa que se hizo en campaña. Los expedientes de Tepotzotlán, Zinacantepec, Zumpango, Acolman y Cuautitlán Izcalli también han arrastrado problemas de construcción, propiedad, transferencia o financiamiento y no se localizó, al corte de este reportaje, evidencia de una puesta en operación integral que permita considerarlos fuera del universo de pendientes.
Un hospital nuevo… pero de origen federal
El Hospital General “Francisco Altamirano Núñez”, de Atenco, es un caso particular; sí abrió sus puertas durante el gobierno de Delfina Gómez. Fue inaugurado el 3 de mayo de 2025, requirió una inversión superior a mil 100 millones de pesos y cuenta con 110 camas, además de servicios especializados y equipamiento de diagnóstico.
Contabilizarlo como un hospital construido exclusivamente por la administración estatal sería, sin embargo, impreciso, ya que se trata de una unidad del IMSS-Bienestar vinculada al Plan de Justicia para Atenco, cuyo compromiso se remonta al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador, antes de que Delfina Gómez tomara posesión. Durante estos primeros tres años no se verificó un hospital general concebido, financiado exclusivamente por el gobierno estatal, construido desde cero e inaugurado por la actual administración.
En contraste, la inversión en infraestructura aumentará durante la segunda mitad del sexenio. Apenas en julio, el gobierno federal informó que destinará 5 mil 678 millones de pesos a 14 proyectos de salud dentro del Plan Integral de la Zona Oriente; también reportó 182 centros de salud rehabilitados, intervenciones en 16 hospitales, diez quirófanos que permanecían inactivos puestos nuevamente en funcionamiento, la contratación de mil 82 profesionales y la distribución de cuatro millones de medicamentos mediante las Rutas de la Salud.
Contraste en el abasto de medicamentos
La falta de medicamentos no nació con esta administración, pero tampoco logró desaparecer con la federalización.
En febrero de 2025, El Universal documentó 226 claves de medicamentos con la clasificación “sin existencia”; en la relación había antibióticos y fármacos utilizados para padecimientos cardiacos, psiquiátricos y otros tratamientos.
Para agosto de 2026, la versión oficial es distinta, pues la secretaria de Salud estatal, Celina Castañeda de la Lanza, sostuvo que el abasto se mantiene por encima del 80 por ciento, aunque reconoció fluctuaciones en determinadas claves e insumos. El porcentaje tampoco es directamente comparable con las 226 claves inexistentes reportadas un año antes: uno mide disponibilidad general y el otro productos específicos faltantes; ninguno permite conocer cuántas recetas fueron entregadas completas a los pacientes.
Periodísticamente, se tienen registrados al menos ocho movilizaciones desde abril de 2024 relacionadas con medicamentos, insumos, equipo o continuidad de tratamientos, sin que exista un registro oficial que permita establecer el número total de manifestaciones individuales.
Una de las mayores ocurrió en julio de 2025, cuando trabajadores de 85 unidades de Toluca, Metepec, Zinacantepec y Almoloya de Juárez suspendieron consultas externas y reclamaron adeudos laborales, medicamentos, material y equipo; en enero de 2026, alrededor de 30 pacientes del Hospital Gustavo Baz, en Nezahualcóyotl, bloquearon vialidades después de que se suspendieran sus sesiones de hemodiálisis.
El problema no ha cesado, pues tan solo el 17 de agosto de 2026, pacientes renales acudieron ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) para denunciar seis máquinas de hemodiálisis fuera de servicio, dos en el Centro Médico Adolfo López Mateos de Toluca y cuatro en el Hospital General de Tenancingo, situación que había provocado suspensiones y reprogramaciones de tratamientos.
La presión también puede medirse por otra vía: entre enero y julio de 2026, la CODHEM registró 224 quejas correspondientes al sector salud, aunque el organismo no establece que todas estén relacionadas con desabasto o atención médica.
Tres años después, un sistema distinto
Entre aciertos y carencias, se puede asegurar algo: el sector que llegará al tercer informe de Delfina Gómez es distinto al que recibió el 16 de septiembre de 2023.
La carencia de acceso bajó cuatro puntos en la última medición disponible; mil 280 unidades entraron al proceso de federalización, se abrió el Hospital General de Atenco y existen miles de millones de pesos comprometidos para nueva infraestructura y rescate de instalaciones.
También llegará con una lista de pendientes que no desapareció con el cambio de modelo; los principales hospitales abandonados siguen en diferentes etapas de recuperación, las obras de mayor tamaño tienen fechas de apertura posteriores al tercer aniversario y el desabasto, los problemas laborales y las interrupciones de servicios continúan apareciendo en las protestas de trabajadores y pacientes.
A la mitad del mandato, el contraste ya no está únicamente entre lo que recibió Delfina Gómez y lo que ha hecho su gobierno, sino entre lo que el Estado de México dejó de administrar directamente y lo que el IMSS-Bienestar ha podido resolver desde que asumió buena parte de esa responsabilidad.
Los siguientes tres años mostrarán si la federalización termina reflejándose no solamente en unidades transferidas, obras anunciadas o medicamentos distribuidos, sino en hospitales abiertos y tratamientos disponibles cuando los pacientes los necesitan.
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