La reforma a la Ley de la Universidad Autónoma del Estado de México comenzó a mostrar este miércoles algunas de las diferencias que acompañarán su discusión cuando llegue formalmente al Congreso mexiquense, particularmente sobre la elección de las autoridades, el peso que deberá tener el voto de estudiantes, docentes y trabajadores, la conformación de los órganos de gobierno y la viabilidad financiera de avanzar hacia la gratuidad.
El foro “Retos de la Educación en el Estado de México: Reforma Universitaria”, convocado por la diputada de Movimiento Ciudadano Ruth Salinas Reyes, reunió a académicos, estudiantes, trabajadores, empresarios, legisladores y exautoridades universitarias antes de que la Legislatura reciba oficialmente el proyecto aprobado por el Consejo Universitario, de manera que la discusión se desarrolló todavía sobre un documento que no ha iniciado formalmente su proceso legislativo.
“Se tiene que escuchar a toda la comunidad universitaria, a los administrativos, al alumnado, a los profesores”, había señalado Salinas Reyes al explicar el objetivo de la mesa, mientras que durante el encuentro sostuvo que abrir el diálogo permitiría construir acuerdos “desde la pluralidad y no desde la imposición”.
José Martínez Vilchis, exrector de la UAEMéx, se colocó frente a uno de los principales planteamientos del proyecto universitario al rechazar que la elección de autoridades se resuelva mediante un voto universal en el que todos los sufragios tengan el mismo peso. Su propuesta es mantener una ponderación y considerar la trayectoria académica de quienes participan en la sucesión; la cobertura de El Universal Estado de México resumió su planteamiento en privilegiar “los méritos de los académicos sobre la popularidad”.
La diferencia no es menor, pues el documento aprobado por el Consejo Universitario propone que Rectoría y las direcciones de los espacios académicos sean electas mediante sufragio personal, directo, libre, secreto y vinculante, una modificación que cambiaría de fondo el modelo con el que históricamente se han definido las autoridades dentro de la Universidad. Ante estoMartínez Vilchis también planteó revisar el modelo educativo y los planes de estudio de otras universidades del mundo.
Por su parte, Laura Benhumea González, excandidata a rectoría, llevó la discusión a los espacios donde se toman las decisiones y no solamente al proceso para elegir rector. Planteó que una nueva ley debe establecer quién decide, quién participa y cómo se rinden cuentas, pues democratizar a la UAEMéx no se agotaría con introducir una elección directa si la composición y funcionamiento de los órganos colegiados permanecen prácticamente iguales.
Benhumea también se pronunció por avanzar hacia la gratuidad con suficiencia presupuestal, posición que compartió Luz María García Molina, secretaria del SUTESUAEM. La representación sindical advirtió que el crecimiento de la matrícula y las limitaciones para contratar trabajadores ya han aumentado las cargas laborales y señaló que el incremento del presupuesto estatal para la universidad fue de apenas 0.7 por ciento, por debajo de la inflación.
Las otras propuestas
Alberto Saladino García llegó a la discusión con un proyecto que comenzó a impulsar desde 2025 y que va más allá de la elección de rectoría: contempla voto directo, revocación de mandato, referéndum y mecanismos para que estudiantes, académicos y trabajadores tengan una participación mayor en las decisiones institucionales, además de plantear una instancia electoral que no dependa de quienes administran la Universidad.
Su posición sobre la propiedad política de la institución había quedado sintetizada desde la discusión que antecedió al conflicto de 2025. “La Universidad es de todos, no es de los directivos, no es de las autoridades”, señaló Saladino cuando Universitari@s por el Cambio comenzó a exigir modificaciones al modelo de sucesión.
Ricardo Mendieta, integrante de ese mismo colectivo, ha sostenido desde antes del paro que la participación de la comunidad debe ser directa, secreta y efectiva. En diciembre de 2024, durante la entrega de una solicitud a Rectoría, el grupo pidió “garantizar una consulta efectiva, directa, secreta y universal de la comunidad universitaria”, planteamiento que posteriormente creció hasta exigir una reforma más amplia de la estructura universitaria.
Después del conflicto de 2025, Mendieta y otros estudiantes llevaron al Congreso una propuesta para que la discusión de la nueva ley tampoco quedara concentrada dentro de Rectoría. Plantearon nuevos foros y un Congreso Universitario abierto a estudiantes y otros sectores, bajo la idea de que una institución pública con presencia en distintos municipios del Estado de México no debe discutir su transformación únicamente desde los órganos centrales de la UAEMéx.
El proyecto sigue en espera
El Consejo Universitario aprobó el 17 de julio un proyecto compuesto por 146 artículos, 17 disposiciones transitorias, siete títulos y 28 capítulos; además del nuevo sistema electoral, propone ampliar la representación de estudiantes y académicos dentro del Consejo Universitario, incorporar con voz y voto a titulares de Unidades Académicas Profesionales y crear un Sistema de Ética y Justicia Universitaria; también incorpora temas como inteligencia artificial, igualdad sustantiva, violencias, protección de datos y sustentabilidad.
La gratuidad será otra parte de la discusión legislativa, debido a que el documento plantea eliminar progresivamente los cobros de inscripción y reinscripción siempre que no se comprometan las funciones de la institución ni su estabilidad financiera.
Martha Patricia Zarza Delgado entregó el proyecto a la gobernadora Delfina Gómez el 12 de agosto, pero hasta ahora no se ha enviado al Congreso, ya que se espera todavía tarde algunas semanas más. Por su parte, Francisco Vázquez Rodríguez, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), anticipó que los diputados comenzarán su estudio cuando lo reciban y que uno de los puntos que deberá revisarse con mayor detalle será precisamente el costo de la gratuidad.
Este proceso tiene su origen inmediato en el paro de 2025, cuando una sucesión de Rectoría terminó convirtiéndose en una discusión sobre el gobierno completo de la Universidad.
Las protestas llevaron a la suspensión del proceso electoral, la renuncia de Carlos Eduardo Barrera Díaz y la modificación de las reglas antes de la elección de Martha Patricia Zarza; voto, transparencia, representación, gratuidad y reforma de la Ley Universitaria quedaron desde entonces dentro de las principales demandas.
La mesa realizada en el Congreso mostró que existe coincidencia sobre la necesidad de modificar una ley vigente desde 1992, pero no sobre el alcance de esos cambios: voto universal o ponderado, órganos colegiados con una representación distinta, controles electorales independientes, participación externa y recursos para financiar la gratuidad forman parte de una discusión que todavía no comienza formalmente en la Legislatura.
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