Toluca, Méx.- Niños indígenas de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, perteneciente al municipio de Lerma, promoverán un amparo para obligar a que se acate la suspensión definitiva de la autopista Toluca-Naucalpan, recurso que será promovido este mismo día ante los tribunales federales.
Priscila Hernández Bribiesca, directora ejecutiva de la organización Earth Defenders, dedicada a la defensa del derecho a un medio ambiente sano, informó que son veinte niños de diversas edades quienes han decidido demandar al Grupo Higa, al presidente Peña Nieto y a Angélica Rivera, presidenta del DIF, entre otras autoridades, porque han permitido una serie de violaciones a los derechos humanos de los menores.
En entrevista, Hernández Bribiesca expuso que desde hace casi una década la constructora, apoyada por las autoridades, ha irrumpido en forma ilegal y con violencia, apoyada por granaderos, a territorio de la comunidad, sin que estén exentas de responsabilidad las autoridades estatales.
Indicó que la obra del Grupo Higa se ha realizado sin atender las afectaciones a los menores de edad, quienes en algunos casos han sido golpeados por la fuerza pública y padecido durante una década violencia psicológica ante el temor generado por los policías armados que vigilan sus casas, amedrentan, golpean y detienen a sus papás.
La defensora de los derechos de los menores lamentó que mientras en la UNICEF han puesto especial atención en lo que ocurre en Xochicuautla, en el Estado de México no se tenga sensibilidad para atender un hecho que resulta de suyo cuestionable.
“Los niños están aterrorizados; lo que padecen les ha provocado trastornos severos y no hablamos de que han perdido el apetito, sino que han disminuido su rendimiento escolar y tratan de evadirse de su realidad.
Cuestionada sobre cuántos niños han sido afectados, refirió que en la comunidad habitan alrededor de 2 mil 500 niños, y al menos 300 padecen de manera directa las afectaciones de la obra, ya sea porque viven sobre el trazo carretero o porque sus escuelas se ubican cerca de lo que se pretende sea la autopista, que busca cruzar por el bosque otomí-mexica que es parte importante de las ciénegas del río Lerma y en el que, como parque nacional, está prohibido cambiar el uso de suelo.
Advirtió que la promoción de este amparo, del que también se espera suspensión definitiva para el proyecto carretero, es la última oportunidad para que las autoridades mexicanas atiendan y ejecuten el mandato, pues de no hacerlo los recursos posteriores se entablarán ante órganos internacionales.
En este sentido, informó que el viernes 23 acudirá a Ginebra, Suiza, donde se realizará una mesa de trabajo en materia de medio ambiente en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la cual se analizará el caso Xochicuautla.
Rodríguez Bribiesca indicó que desde 2007 colabora con los habitantes de Xochicuautla en la defensa y representación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y expuso que no ha existido respuesta y que en este caso ha reinado la impunidad.
“El Estado Mexicano está incumpliendo la orden de la Comisión Interamericana de sentarse con los beneficiarios de estas medidas, de la comunidad; como en este caso ha sido, reina la impunidad, la impunidad que ha reinado desde 2007”.
Por su parte José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad, lamentó que las autoridades federales y las estatales privilegien aspectos económicos sobre el bienestar de la gente e, incluso, se den el lujo de negar que violan amparos otorgados por jueces.
“Tenemos tres amparos avalados por el juez, firmes, pero la consejera jurídica – Luz María Zarza – sostiene que no se ha violado ninguna resolución, lo cual es totalmente falso”, expuso Fernández Flores.
Además informó que el domingo a las 14:00 horas estará en la comunidad el equipo de trabajo de relatores de la ONU, quienes harán una reseña de lo que sucede en este asunto.