Plagas en los árboles, basura, senderos deteriorados y dudas sobre quién responde por el parque. Integrantes del Grupo Eco Canino Matlazincas denunciaron este sábado que las gestiones iniciadas desde septiembre de 2024 para recuperar El Calvario, en Toluca, siguen sin traducirse en el cumplimiento de los compromisos que atribuyen al ayuntamiento y a la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (Cepanaf).
En una conferencia realizada al mediodía en la capital mexiquense, el colectivo exigió que ambas autoridades informen por escrito qué trabajos han realizado, cuáles están pendientes, quiénes son sus responsables y cuándo los concluirán. También pidió esclarecer la situación jurídica de los inmuebles ocupados dentro del parque.
La organización, que reporta alrededor de 80 integrantes desde noviembre de 2024, sostuvo que ha presentado oficios, participado en reuniones y elaborado propuestas de recuperación ambiental. Ahora reclama resultados documentados y cumplimiento de los acuerdos, en lugar de nuevas mesas de diálogo.
Protección por decreto, conservación pendiente
El Parque Urbano Matlazincas, conocido como El Calvario, fue declarado área natural protegida el 23 de agosto de 2013. Sus 7.97 hectáreas forman parte del patrimonio ambiental e histórico de Toluca.
La declaratoria estableció obligaciones de conservación y participación social. Además, el 13 de agosto de 2014 se publicó en la Gaceta del Gobierno el resumen ejecutivo de su Programa de Manejo, que contempla restauración, vigilancia, regulación de actividades e incorporación de los usuarios a las tareas de protección.
Ese documento registra un convenio firmado el 27 de febrero de 2014, mediante el cual Cepanaf transfirió al Ayuntamiento de Toluca la administración, organización y vigilancia del parque.
Existe, por tanto, un antecedente oficial del programa y de la distribución de responsabilidades. Lo que los ciudadanos cuestionan es su cumplimiento y la falta de información sobre los acuerdos que rigen actualmente la administración del espacio.
Durante la conferencia señalaron que recibieron versiones contradictorias sobre la firma de un convenio entre el municipio y Cepanaf. Pidieron conocer el documento, sus alcances y las obligaciones de cada autoridad.
Las advertencias se acumulan
El colectivo denunció ingreso de caballos, circulación excesiva de vehículos y uso de la plazuela como estacionamiento. También reportó animales muertos, envases de bebidas alcohólicas y residuos que atribuye a prácticas rituales.
Según sus representantes, durante un año advirtieron sobre las condiciones de una cabaña y la acumulación de desechos en sus inmediaciones. Afirmaron que el inmueble se incendió el pasado 4 de noviembre y atribuyeron el fuego a una riña entre sus ocupantes. Esa versión sobre el origen del incendio no está corroborada con un dictamen oficial.
Solicitaron revisar los senderos sin protección y un posible riesgo de colapso en la zona colindante con Gómez Farías. También exigieron atender las plagas, recuperar el arbolado y verificar posibles alteraciones de la flora por el uso de herbicidas.
Las alertas sobre daños ambientales tienen antecedentes. El 13 de marzo de este año, el Ayuntamiento de Toluca informó que realizó una inspección por un posible envenenamiento de fauna silvestre en El Calvario.
Entonces señaló que, de acuerdo con información preliminar, una sustancia pudo haberse colocado irregularmente para controlar roedores. Anunció seguimiento y colaboración con las autoridades ambientales. Ese episodio es distinto de la denuncia actual sobre herbicidas, pero forma parte de los problemas de conservación que han sido reportados en el parque.
Reglas para convivir y responsabilidades por escrito
El Grupo Eco Canino propone una convivencia regulada con animales de compañía, mediante educación ambiental y obligaciones para sus cuidadores y paseadores, compatible con la protección de la fauna silvestre.
Entre las actividades que promueve mencionó campañas de desparasitación, adopción y un proyecto de composta. Solicitó que sus propuestas sean examinadas conforme a la legislación aplicable y reciban respuestas técnicas y jurídicas por escrito.
El asesor legal Arturo Sánchez Velázquez sostuvo que la organización busca acuerdos y cumplimiento de las responsabilidades administrativas. Acompañaron la exposición las representantes Ana Luisa Hernández Sánchez y Laura Azael.
El colectivo también pidió conocer los antecedentes patrimoniales de los inmuebles dentro del parque y bajo qué condiciones están ocupados. A ello sumó una exigencia de rendición de cuentas: que las autoridades publiquen los objetivos, trabajos y calendario de 2026, y expliquen cómo corresponden con los compromisos anteriores.
Para este domingo 15 de noviembre, sus integrantes anunciaron labores de mantenimiento del proyecto de composta, del área de juegos y de áreas verdes. A las autoridades les piden precisar quién se hará cargo de lo pendiente y en qué fecha.
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