La derecha mexicana aprendió hace tiempo que ya no podía presentarse públicamente como lo que históricamente ha sido. Tuvo que mutar. Refinar modales. Disfrazar intereses. Modernizar vocabulario. La vieja estética del conservadurismo autoritario, clerical y oligárquico resultaba ya demasiado incómoda para una sociedad que, pese a todas sus contradicciones, terminó atravesada por ideas de igualdad, derechos sociales y movilidad democrática.
Entonces vino el maquillaje.
La derecha dejó de llamarse derecha. Comenzó a presentarse como ciudadanía, modernidad, institucionalidad, libertad económica o meritocracia. Pero debajo de esa operación cosmética permanecieron intactas las viejas estructuras de dominación económica y cultural que pensadores como Pierre Bourdieu, Antonio Gramsci o Theodor Adorno estudiaron con enorme precisión: las élites rara vez conservan el poder únicamente por coerción; lo conservan haciendo que las mayorías acepten como natural el orden que las perjudica.

Carlos Monsiváis comprendió como pocos esa anomalía mexicana: sectores populares defendiendo proyectos históricamente construidos para proteger privilegios ajenos. El obrero votando por quienes desmantelan derechos laborales. El ciudadano precarizado defendiendo privatizaciones. El pequeño comerciante celebrando políticas fiscales diseñadas para grandes capitales. La subordinación convertida en aspiración.
Erich Fromm llamaba a eso “miedo a la libertad”: la tendencia de grandes grupos humanos a refugiarse en estructuras autoritarias o jerárquicas cuando la incertidumbre económica y cultural los rebasa. Wilhelm Reich observó algo semejante al estudiar el ascenso de los fascismos europeos: las masas no siempre apoyan proyectos conservadores por racionalidad económica, sino por ansiedad identitaria, miedo al cambio o necesidad psicológica de orden.
La derecha mexicana contemporánea explota precisamente esos mecanismos emocionales.
En el Estado de México esa lógica adquiere dimensiones particularmente obscenas. Aquí la derecha no ha sido solamente una corriente ideológica. Ha sido un modelo histórico de administración patrimonialista del poder público. El viejo régimen mexiquense convirtió suelo, infraestructura, permisos, concesiones, desarrollos inmobiliarios, transporte y presupuestos en mecanismos de acumulación privada.
No gobernaron para producir ciudadanía. Gobernaron para producir rentabilidad política y económica.
Henri Lefebvre advertía que el capitalismo moderno terminaría apropiándose incluso del espacio urbano. Y eso ocurrió brutalmente en el Valle de México y el Valle de Toluca. El crecimiento desordenado de municipios enteros no obedeció a criterios humanos ni sociales. Obedeció a la lógica del mercado inmobiliario y de la especulación política.
Ahí están las ciudades dormitorio sembradas sobre antiguos campos agrícolas. Ahí están los desarrollos sin agua. Las periferias sin servicios. Las vialidades eternamente colapsadas. Millones de personas condenadas a pasar cuatro o cinco horas diarias transportándose para sostener un modelo donde unos cuantos hicieron fortunas gigantescas urbanizando pobreza.
David Harvey lo definiría con precisión brutal: acumulación por desposesión.
La paradoja es que muchos de los principales afectados terminaron culturalmente identificados con quienes construyeron ese modelo.
Monsiváis lo veía con ironía amarga. Bourdieu lo explicaría como violencia simbólica. Gramsci hablaría de hegemonía cultural. Es decir: la capacidad de las élites para lograr que las clases subordinadas defiendan ideas contrarias a sus propios intereses materiales creyendo, incluso, que actúan libremente.
La metáfora popular lo resume mejor que cien tratados de sociología política: la vaca votando por el carnicero.
Hoy esa derecha reaparece en el Estado de México bajo nuevas formas discursivas. Ahí están Anuar Azar desde el PAN y Cristina Ruiz desde el PRI mexiquense, ya prácticamente fundidos en una misma defensa ideológica del viejo orden neoliberal.

Resulta revelador observar cómo sectores populares mexiquenses terminan defendiendo políticamente a personajes como Maru Campos, Francisco García Cabeza de Vaca, Ricardo Anaya o Alejandro Moreno. Todos vinculados, de una u otra forma, con las élites políticas y económicas beneficiadas históricamente por el modelo neoliberal mexicano.
El problema no es solamente moral. Es estructural.
Norberto Bobbio explicaba que la diferencia profunda entre izquierda y derecha permanece anclada en la posición frente a la desigualdad. La izquierda tiende a verla como un problema que debe corregirse. La derecha suele asumirla como consecuencia natural del orden social o del mérito individual.
Por eso la derecha mexicana contemporánea insiste obsesivamente en desacreditar cualquier política redistributiva llamándola populismo. Porque toda redistribución implica, inevitablemente, limitar márgenes de acumulación para grupos históricamente privilegiados.
Y ahí aparece Estados Unidos.
Conviene abandonar la ingenuidad geopolítica. La élite política y financiera estadounidense jamás ha operado bajo criterios románticos de solidaridad democrática. Immanuel Wallerstein y Noam Chomsky lo documentaron durante décadas: las potencias defienden intereses, no sentimientos.
Cuando ciertos sectores de la derecha mexicana subordinan su discurso político a agendas estadounidenses más radicalizadas, no están defendiendo necesariamente a México. Están defendiendo un modelo funcional para intereses económicos transnacionales: mercados abiertos, recursos estratégicos disponibles, mano de obra barata y debilitamiento de capacidades soberanas del Estado.
La historia latinoamericana conoce demasiado bien las consecuencias de esa relación desigual.
Desde Guatemala en 1954 hasta Chile en 1973, pasando por decenas de operaciones financieras, diplomáticas y militares, el discurso de la libertad frecuentemente sirvió para legitimar proyectos profundamente antipopulares siempre que garantizaran estabilidad para los grandes intereses económicos.
Eso no significa idealizar automáticamente a cualquier proyecto político que se asuma progresista. El poder también puede degradar causas populares. Pero sí obliga a entender algo elemental: no toda modernización beneficia a las mayorías y no toda alianza con el capital transnacional fortalece a una nación.
El problema profundo de la derecha mexicana no es solamente económico. Es antropológico y civilizatorio.
Parte de una concepción jerárquica de la sociedad donde ciertos grupos consideran natural administrar riqueza, prestigio y poder mientras otros apenas sobreviven dentro del sistema. Por eso las derechas suelen desconfiar tanto de la organización popular, de los movimientos sociales, de los sindicatos independientes, de las universidades públicas críticas o de cualquier proceso que democratice realmente el acceso al poder.
Detrás de su lenguaje tecnocrático permanece intacta una vieja incomodidad frente al pueblo organizado.
En el Estado de México eso debería bastar para activar memoria histórica.
Porque muchos de quienes hoy defienden electoralmente esos proyectos políticos habitan precisamente los municipios más golpeados por el viejo modelo neoliberal: Ecatepec, Chalco, Chimalhuacán, Naucalpan, Valle de Chalco o extensas zonas del Valle de Toluca donde el crecimiento urbano benefició muchísimo más a desarrolladores y grupos políticos que a la población.
Ahí radica quizá el principal riesgo de votar por la derecha mexiquense: regresar al modelo donde lo público vuelve a convertirse en negocio privado, donde la ciudadanía se reduce a mercado electoral y donde la riqueza termina concentrándose arriba mientras abajo se administra resignación social.
La derecha mexicana podrá modernizar sus slogans, contratar influencers o llenar TikTok de videos emocionales. Pero mientras siga defendiendo modelos donde unos cuantos hacen fortuna administrando lo que pertenece a todos, seguirá cargando el mismo problema histórico y moral que la acompaña desde hace décadas.
La diferencia es que ahora el conservadurismo viene editado en vertical, musicalizado y patrocinado.
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