El derecho que tiene toda persona a vivir está "gravemente amezanado en México", según el relator de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, que ha señalado que el país tiene un nivel "altísimo" de homicidios y una impunidad "sistémica y endémica".
En un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra sobre su visita a México en 2013, Heyns dijo que es "imperativo" retirar al Ejército de la lucha contra la delincuencia organizada y asegurar que militares acusados de violar los derechos humanos sean enjuiciados por tribunales civiles.
El relator sudafricano calificó de "alarmante" el número de asesinatos registrados en el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), que superan los 100,000, según cifras oficiales, de los cuales 70,000 están vinculados con el tráfico de drogas.
El problema de la impunidad
Aunque Heyns reconoció una serie de medidas positivas impulsadas para reforzar la protección de los derechos humanos en el país, destacó que "la impunidad sigue siendo un problema serio, tanto a nivel individual como a nivel sistémico".
"Si solo 1 o 2 millares de los más de 100,000 homicidios de la administración federal anterior dieron lugar a una sentencia condenatoria, no es necesario seguir buscando las causas de la violencia desenfrenada que impera en ciertas regiones del país", afirmó.
Desde hace años, México es escenario de una cruenta lucha entre cárteles de las drogas que ha disparado los niveles de violencia y obligado al Gobierno federal a desplegar a miles de militares en las zonas más conflictivas del país para recuperar la seguridad.
"La impunidad constituye el talón de Aquiles del sistema actual", insistió el relator, quien urgió al Gobierno de Enrique Peña Nieto a "actuar decididamente" y a dar "máxima prioridad nacional" a este problema.
"Rendición de cuentas"
La clave es "la rendición de cuentas" por los atropellos cometidos y avanzar a partir de ahí para evitar futuras violaciones al derecho a la vida con un sistema judicial "sólido y eficaz", afirmó Heyns, quien visitó México del 22 de abril al 2 de mayo de 2013.
Entre otras razones, el relator atribuyó el ciclo de violencia a "las deficiencias del sistema jurídico, el aumento de la delincuencia organizada y el narcotráfico", la falta de disposición o de capacidad para iniciar investigaciones y la desconfianza en el poder judicial.
Si bien el Gobierno de Peña Nieto se comprometió desde que asumió el poder en diciembre de 2012 a recuperar la paz y la libertad, disminuyendo los niveles de violencia, aún no hay "estrategias sobre la forma en que se han de alcanzar dichos objetivos", aseveró.
Heyns plantea en el documento unas 30 recomendaciones a Peña Nieto, entre ellas adoptar "todas las medidas necesarias, con efecto inmediato, para que la defensa de la seguridad pública esté en manos de civiles y no de las fuerzas de seguridad militares".
"Una dura represión militar difícilmente mejorará la situación", al contrario "puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a toda una serie de atropellos", advirtió.
El relator también recomendó incluir en la ley el homicidio como un delito que puede estar ligado a la delincuencia organizada, y convertir a la fiscalía general y al sistema de defensoría pública en organismos "completamente" independientes del Ejecutivo.
Además, pidió reformar el Código de Justicia Militar para que los militares acusados de violaciones de los derechos humanos sean procesados por los tribunales civiles.
(Con información de EFE)