El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presentó en el Poder Legislativo su informe 2018-2023 sobre la situación de los derechos humanos en el Estado de México, resaltando que es alarmante la falta de dignidad con que viven los mexiquenses y el incremento de violencia contra las mujeres, niños y adolescentes, los pueblos indígenas y la comunidad LGBTTTTQA, así como la desaparición de personas y la represión contra presos injustamente, activistas y protectores de la naturaleza.
En presencia de solo tres diputados de Morena, Max Correa, Anais Burgos y María del Carmen de la Rosa, que se sumaron al llamado, los defensores de derechos humanos, a través de cifras, dieron cuenta de las violaciones sistemáticas a los derechos esenciales de los mexiquenses e hicieron un llamado a las autoridades: Gobierno estatal, Poder Judicial, Fiscalía General de Justicia (FGJEM) y Comisión de Derechos Humanos (Codhem) a garantizar la justicia.
Vida Digna
Ana Laura Peniche, integrante de la CDH Zeferino Ladrillero, dio a conocer que el costo de vida para un mexiquense es de entre 14 y 15 mil pesos, tomando en cuenta sus gastos en educación, vivienda, alimento, agua y transporte.
Sin embargo, señaló que, de acuerdo con Data México, el salario mensual promedio de un mexiquense es de 4 mil 120 pesos, lo cual no le permite cubrir sus necesidades básicas y tener una vida digna.
Violencia contra las mujeres
La defensora resaltó que la violencia contra las mujeres en el Edomex ha crecido progresivamente desde 2016.
De las 8.7 millones de mujeres que habitan la entidad 78.7% han sufrido algún tipo de violencia.
Esta cifra coloca al Estado de México a la cabeza de las entidades con el índice más alto a nivel nacional: 8% por arriba del promedio, que es de 70.1%.
En materia de feminicidios, Ana Laura Penichedestacó que el Edomex ha sido considerado cuatro veces como la entidad con el mayor número de estos delitos.
En este año, 16 de los 100 municipios con mayor incidencia de feminicidios son mexiquenses, entre ellos resalta Toluca con 7 mujeres privadas de la vida.
Agresiones a defensores de los derechos humanos
Héctor Hugo Arreola, de la CDH Zeferino Ladrillero resaltó que la persecución a los activistas y personas involucradas con luchas sociales también aumentó en los últimos años.
En el Estado de México resaltó los casos de Karla Hernández, Ingrid García, Gisel Pérez, Felisa García y Álvaro Arvizu, activistas que han sido criminalizados, desaparecidos y hasta asesinados.
Desaparición de personas
La entidad mexiquense, de acuerdo con el informe presentado, también es protagonista en esta materia, al ser el tercer estado con mayor número de denuncias por desaparición: 12 mil 300.
Durante 2022, 2 mil 658 mexiquenses estaban desaparecidos y solo mil 599 fueron localizados.
Los municipios con mayor número de estos eventos fueron: Ecatepec con 109 personas desaparecidas, Toluca con 103 y Nezahualcóyotl con 60.
Injusticias contra niños y adolescentes
Héctor Hugo Arreola también presentó el informe sobre las infancias, que involucran al 26% de la población mexiquense y sobre quienes prevalece la desaparición, la orfandad dolosa, el embarazo adolescente, el abuso sexual y la explotación y trabajo infantil.
Algunas de las cifras más lamentables son las de pequeños que han quedado huérfanos porque sus madres han sido víctimas de feminicidio, siendo que 2028 a 2023, en Edomex 395 niños sufrieron este duelo.
Transgresiones con la comunidad LGBTTT+
El Centro Zeferino Ladrillero también detalló que, pese a la lucha por el reconocimiento de sus derechos, la comunidad LGBTTT+ del Edomex, la más grande del país, continúa siendo víctima de discriminación y de violencia.
A la fecha 116 de los 125 Bandos Municipales son discriminatorios y la entidad se posiciona como la segunda con mayor número de crímenes de odio.
Violaciones contra los pueblos indígenas
La falta de reconocimiento a su autodeterminación ha llevado a sus integrantes ser víctimas de criminalización, violencia económica y social por parte del Estado.
De acuerdo con el informe presentado, el año pasado sólo 7 personas indígenas fueron beneficiarios del programa estatal Familias Fuertes Vivienda Indígena Digna.
Presos Injustamente
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero se pronunció respecto la falta de sensibilidad de las autoridades hacia las familias de quienes están presos de maneja injusta, haciendo un llamado al gobernador Alfredo del Mazo para que atienda al Colectivo Haz Valer mi Libertad así como a la próxima gobernadora Delfina Gómez para que abra los espacios de diálogo.
Respuesta de los diputados
A este llamado se sumó el diputado Max Correa, quien a nombre del Grupo Parlamentario de Morena también solicitó al gobernador Alfredo del Mazo que en sus últimos días abra el diálogo con las familiares de personas injustamente presas que llevan más de 77 días manifestándose y considere en un acto de justicia aplicar la ley de indulto vigente en el Edomex.
Reconoció la crisis de derechos humanos que existe en la entidad y se comprometió a revisar la legislación en materia de manifestaciones, así como de los temas que aquejan a la población mexiquense.
Amnistía internacional
Angélica De Anda, a nombre de Amnistía Internacional también hizo un llamado a las autoridades mexiquenses a garantizar la justicia y los derechos humanos de los mexiquenses.
Lamentó que el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias y la tortura se hayan convertido en la respuesta de las autoridades hacia los ciudadanos que expresan o defienden sus derechos.
Conclusiones
Fabiola Vite Torres, coordinadora general del CDH Zeferino Ladrillero, finalmente exhortó a los diputados y al nuevo gobierno que llegará al Edomex a reflexionar lo expuesto en el informe y a no permitir más la discriminación.
“Nos llevamos esperanza. Tenemos claras expectativas de lo que viene, porque lo que fue ya paso. Por ello hacemos un llamado a que este informe y la voz de quienes ya no están aquí sean escuchadas. Pedimos a hacer las cosas diferentes”, expresó.
La defensora de derechos humanos advirtió que no permitirán más servidores públicos insensibles, “que quienes vengan y ocupen puestos tengan conocimiento de los derechos humanos, de género y de la no discriminación”, concluyó.
Síguenos