Ante las innumerables quejas de diversos grupos empresariales, los diputados locales de todas las fracciones parlamentarias aceptaron desaparecer la Comisión de Factibilidad, y con ella, el Dictamen Único de Factibilidad (DUF) que representó un calvario para quienes intentaban abrir nuevos negocios.
Sin embargo no quitaron todas las facultades al gobierno estatal, pues éste seguirá haciéndose cargo de revisar la apertura de negocios de alto impacto y riesgo, como: gaseras, establecimientos donde se usen productos químicos y con más de 3 mil metros cuadrados que representan en promedio el 30 por ciento de las peticiones y las inversiones más grandes y de mayor impacto para la entidad.
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Los municipios se harán cargo de los de mediano y bajo impacto que significan el 70 por ciento de las peticiones, es decir: tienditas, lonjas mercantiles, microempresas, entre otros. En este caso las peticiones se dividen en los 125 municipios, pero en especial en los que integran los valles de México y Toluca, donde está la mayor parte de la actividad económica.
El dictamen entrará en vigor tan pronto lo publique el Ejecutivo estatal y tanto el gobierno estatal, como cada uno de los ayuntamientos deberán emitir sus propias reglas que incluirán verificaciones, como la de impacto ambiental para las industrias, entre otros, pero la expectativa es que se haga de manera más expedita.
El promovente de la iniciativa, Nazario Gutiérrez Martínez, indicó que con la abrogación de la Ley de la Comisión de Factibilidad del Estado de México, se quita carga de trabajo al gobierno estatal y se fomenta la inversión y la actividad económica.
Explicó que el DUF es un documento de carácter permanente emitido por la Comisión de Factibilidad con base en evaluaciones técnicas de factibilidad, tanto en materia de salubridad local, como desarrollo urbano y vivienda, protección civil, medio ambiente, desarrollo económico, comunicaciones, movilidad y agua, previo análisis normativo multidisciplinario.
Esto, con el fin de determinar la factibilidad de la construcción, apertura, instalación, operación, ampliación o funcionamiento de obras, de unidades económicas, inversiones o proyectos, que por su uso o aprovechamiento del suelo, generen efectos en el equipamiento urbano, infraestructura, servicios públicos, en el entorno ambiental o salud.
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Sin embargo no obtuvo los resultados esperados, pues alejó la inversión y retrasó la apertura de empleos por el número de trámites y el tiempo que tardaron en resolver, de casi dos años en muchos casos; pero ahora, los municipios adquieren mayor capacidad de decisión en la determinación de apertura de las unidades económicas en su territorio, con conocimiento de las necesidades de cada localidad.
Nazario Gutiérrez aclaró que las verificaciones no se dejarán de llevar a cabo, pero serán a través de los municipios porque tampoco se puede permitir el establecimiento de industrias peligrosas que no garanticen la seguridad o que contaminen y causen impacto negativo en la zona.
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