Toluca, Méx.- El aval que dio la mayoría de la LIX legislatura mexiquense para que Alejandro Gómez Sánchez sea el Fiscal General de Justicia del Estado de México, es calificada por Ana Yurixi Leyva Piñón como una “tomada de pelo”.
La secretaria General del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la entidad, expone que ello deja en claro dos cuestiones: la necesidad de que el gobernador Eruviel Ávila Villegas cuente con un salvoconducto para cuando deje la gubernatura, y la sumisión del Poder Legislativo ante el Ejecutivo.
En este punto, señala que el nombramiento más bien parece surgir de la necesidad de Eruviel Ávila Villegas por cubrirse las espaldas, dado que no existe lógica en avalar a una persona que fue rechazado como Ministro de la Corte por los escándalos y graves violaciones en torno a él. Leyva piñón recordó dos casos concretos.
El primero, la ejecución de 22 civiles en el municipio de Tlatlaya, por lo cual elementos de la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) se encuentran acusados de tortura y abuso de autoridad, además de que existen evidencias de manipulación de la escena del crimen, que derivó en que el caso fuera llevado a la Corte Interamericana de Derecho Humanos.
El segundo, es que a Gómez Sánchez se le responsabiliza de reactivar el expediente Atenco, sin que a la fecha se haya investigado a los autores intelectuales. Pero además la ex diputada local agrega la incapacidad del funcionario para atender las medidas obligadas por la Alerta por Violencia de Género (AVG) en una entidad que mantiene el primer lugar nacional en feminicidios.
Al 18 de noviembre ya eran – conforme a lo que el entonces procurador admitió – 300 asesinatos durante el año, independientemente de que aún se disfracen los crímenes de género de homicidios dolosos.
Otro aspecto que genera dudas sobre la ética del funcionario, es que en la víspera de su designación como Fiscal, guardó silencio sobre la identidad del presunto agresor de la senadora Ana Gabriela Guevara, Fabián España Moya, a quien se identifica como ex policía de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), con lo que se habría convertido también en cómplice.
Leyva Piñón recordó que, como si no bastara, la entidad mexiquense es, conforme al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) donde más delitos se cometen: en octubre de 2016 la PGJEM inició 23 mil 475 denuncias por diversos delitos -el cuarto mes consecutivo al alza-.
El SESNSP reconoce en la entidad 8 de los 50 municipios más inseguros del país. Incluye que la Encuesta de Victimización y Seguridad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, advierte que la “cifra negra” de delitos – los que no se denuncian – alcanzó 93.7% en 2015 – era de 92.8% en 2014 -, principalmente por la desconfianza de la población en la actuación de las autoridades para combatir el crimen. Leyva Piñón cuestiona que la terna presentada por el Ejecutivo fue planteada a modo sólo para cubrir el requisito y que al prestarse a ello, los diputados se muestran como subordinados del Ejecutivo.
“Con la decisión el Poder Legislativo del Estado de México se convierte en referente nacional de sumisión, pues resulta increíble que los diputados mexiquenses premien para siete años más en el cargo a un personaje que fue rechazado como ministro de la Corte porque sobre de él pesan casos de escándalo y graves violaciones a los derechos humanos”, puntualiza.