Toluca, Estado de México; 4 de octubre de 2019. La deuda de mil 600 millones de pesos que autorizaron las comisiones legislativas para financiar obras complementarias al Aeropuerto Internacional de Toluca tiene como fin modernizarlo para que forme parte del proyecto nacional aeroportuario que impulsa el gobierno federal.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Maurilio Hernández González, indicó que esto tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno estatal y la federación para poder brindar el servicio aéreo, junto con la terminal de la Ciudad de México y la de Santa Lucía, en lugar del de Texcoco.
Insistió que no se trata de deuda nueva, sino de redireccionar la autorización que ya tiene el Ejecutivo desde diciembre pasado. En esa ocasión se dio una votación unánime a favor de un endeudamiento a largo plazo, por mil 900 millones de pesos.
Por ley se tenía que presentar una nueva petición para que el Congreso avale los renglones de gasto, donde plantean mil 600 millones para obras complementarias al aeropuerto y 300 millones para infraestructura hidráulica.
Por esa razón están platicando con los diputados que votaron en contra para que reconsideren su postura y reconozcan que no es algo nuevo. “Por eso se va a dar tiempo para que los grupos donde exista ese reclamo, tengan oportunidad de hacer esa reflexión, en el caso de Morena”.
Negó que se hubiera hecho con prisa o presiones, porque el Ejecutivo ya no marca los tiempos del Congreso local y fue simplemente aprovechar que todos los diputados estaban en la sede de la Cámara por las comparecencias.
VE VIABLES LAS SOLICITUDES DE APP
Por otra parte, el presidente de la Jucopo, Maurilio Hernández, indicó que seguirán con el análisis de las tres solicitudes de Asociaciones Públicas Privadas (APP), para construir dos penales y rehabilitar los caminos del sur, los cuales vislumbran como necesarios y viables para abatir dos grandes problemas en la entidad.
Aclaró que no es deuda, sino gasto corriente y por tal no impacta negativamente las finanzas de la entidad, además de reconocer que es una figura avalada por el gobierno de la Cuarta Transformación que ya firmó 15 contratos con Pemex, lo va a utilizar para el Tren Maya, en Transpeninsular, e incluso para terminar el Interurbano México-Toluca.
“No es contratación de deuda sino de servicio. Se hace el contrato, lo que tiene que pagar el Estado es una contraprestación que tiene que ver desde la proyección, la construcción, el mantenimiento, el servicio para el cual fue diseñado” y se presupuesta cada año como gasto corriente.
Las iniciativas, donde el Ejecutivo estatal solicitó autorización para contratar 50 mil 876.3 millones de pesos de deuda para financiar dos proyectos penitenciarios en los centros de Otumba e Ixtapaluca y para rehabilitar mil 637.8 kilómetros de red carretera de los municipios de Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca que se encuentran en mal estado, siguen en estudio, en espera de más información de las secretarías de Seguridad y Comunicaciones.
El Estado, consideró, no puede eludir su obligación de generar servicios, infraestructura y obra, pero la realidad es que no hay capacidad para atender todas las demandas, por lo cual las APP son la única manera de resolver el problema sin endeudar más a la entidad.
Enfatizó que el acuerdo es dar seguimiento permanente a estas APP por parte de la Contraloría y del OSFEM, para auditar y verificar que no se pague si se incumple el contrato.