Toluca, Estado de México; 4 de octubre de 2019. El Estado de México es una de las cinco entidades del país con más observaciones en el manejo de los recursos públicos, refirió la diputada federal, Aleida Alavez Ruíz, coordinadora de la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorias Superiores locales.
Junto con Nayarit, Michoacán, Baja California Sur y Durango engloban la mayor parte de cuestionamientos que hace la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en algunos casos por el tamaño de sus recursos, y en otros, por la falta de pulcritud en el manejo de los mismos.
Durante el Foro “Hacia una Nueva Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior en el Estado de México” señaló que, para evitar reglas distintas en cada entidad buscan homologar los criterios y procesos a través de una Ley General de Fiscalización este mismo año.
El fin de todo, agregó, es combatir la corrupción que le cuesta al país entre 5 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto, el cual asciende a 1.5 billones de dólares, en un país donde se presupuestan cada año 5.5 billones de pesos.
La corrupción, aseveró, parece imparable, más cuando se deja de aplicar la ley y su consecuencia más grave es la desigualdad. En México, por ejemplo, existen 60 millones de personas que subsisten con menos de un dólar al día, de los cuales el 60 por ciento se encuentra en el campo y el 12 por ciento son jóvenes.
Las estadísticas oficiales son muy alarmantes, dijo, la mitad de los desempleados son profesionistas que no debieran estar en esa condición.
Esta realidad orilla a reorientar la vida institucional del país, donde la fiscalización y rendición de cuentas sea la verdadera defensa del pueblo, que está cansado de estar en el peor lugar, en el 135 de 180 revisados en transparencia.
Esto evidencia que México no requiere más leyes, sino aplicarlas, evitar la sobre regulación, e incluso la dispersión, lo cual buscan evitar con la nueva Ley de Fiscalización que deberá ser el principal parámetro para los congresos locales.
En tanto, José Luis Estrada Rodríguez, de la Universidad Benemérita de Puebla, advirtió que sin control de nada sirven las mejores leyes, donde la sociedad necesita instrumentos como la transparencia efectiva y la rendición de cuentas.
En lugar de leyes más robustas se debe trabajar en la base social, donde haya incentivos para no ser corruptos, donde se pueda prevenir e inhibir conductas de este tipo.
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