El trabajo implica un acuerdo entre personas para que una realice actividades para la otra a cambio de una paga. Ese acuerdo está regulado por la ley e históricamente ha tenido características distintas. Lo que no ha variado con el tiempo es que de ese acuerdo una parte sale más beneficiada que la otra: quien paga obtiene más que quien labora. La que se conoce como mano de obra es requerida para generar riqueza, pero la mayor parte de esa riqueza se la queda quien la alquila y no el trabajador.
Por siglos, la mano de obra fue explotada excesivamente. Daba igual que fueran niños o adultos, que murieran en el lugar de trabajo, que no fueran libres; lo que importaba era que hicieran el trabajo. Sembrar la tierra, extraer minerales, manufacturar cosas o edificar requieren mano de obra y la posición ventajosa de algunas personas posibilitaba que pudieran pagar a quien lo hiciera. ¿Cuánto, en qué forma y cuándo? Eso tiene que ver con el acuerdo entre las partes y con lo que dicen la ley y las autoridades encargadas de aplicarla.
Durante mucho tiempo y distintas partes del planeta, era legal adquirir mano de obra por una sola paga, comprando esclavos. Luego, producto de las luchas libertarias, la paga pasó a ser periódica; más tarde, los movimientos laboristas consiguieron que, aparte del salario, debían recibirse otros emolumentos. Y en general, con el paso del tiempo y a fuerza de movilizaciones, huelgas y luchas políticas, la ley se ha ido modificando para cambiar el marco que rige el trabajo.
Se ha regulado la forma de contratación, la duración de la jornada y las condiciones del trabajo, las formas de organización gremial, el salario y sus complementos, etc. Se trata de un acuerdo en permanente negociación y siempre va a ser materia de controversia. ¿Por qué? Debido a lo que dijimos al inicio: de la relación de trabajo el patrón saca más que el trabajador. No se trata de una relación de pares, equilibrada ni justa. Eso significa que siempre estará siendo algo sobre lo que se puede disentir, sobre lo que no haya acuerdo pleno.
En México, el más reciente disenso en materia de trabajo tiene que ver con la duración de la jornada laboral. La Ley dice actualmente que será de 8 horas, durante 6 días a la semana y, cualquier trabajo adicional a ello, debe pagarse como “extra”. Hay una demanda política para que el poder legislativo modifique la norma y se disminuya a 8 horas diarias durante 5 días de trabajo. Eso da un total de 40 horas semanales, pero recibiendo un salario por los 7 días de la semana.
Reconocer a los trabajadores el derecho a tener un descanso suficiente es lo que se está señalando. Contar con tiempo para divertirse, tener vida familiar, recuperar energías y despejarse mentalmente son parte de las cosas que se están proponiendo como beneficiosas para la gente que trabaja. Hay, por su puesto, resistencias a ello y se contra-argumenta que podría derivar en inflación, en límites para el ingreso de los trabajadores, en menor productividad, entre otras cosas.
En muchos países del mundo esto ya es ley, la duración de la jornada laboral es menor que en México y los salarios no se han impactado. Sabemos que en nuestro país, durante los últimos años, los salarios tuvieron la mayor alza en décadas. Una decisión política lo hizo posible y ahora, inclusive, ya está en la Constitución que los aumentos siempre deben ser superiores a la inflación. Hay, además, el compromiso de la Presidenta Sheinbaum de que al terminar su sexenio el salario mínimo sea el equivalente a 2.5 veces el monto de la “canasta básica”.
Ahora, hay que tomar en cuenta que en nuestro país la mayor parte de la población económicamente activa tiene un empleo informal. Según el INEGI, actualmente 54% de quien labora no lo hace bajo un contrato, con las prestaciones de ley y bajo todos los criterios normativos aplicables al trabajo. Esto debe considerarse para estimar el impacto que tendría cambiar la ley y reducir la jornada laboral. De inicio, toda esta gente que trabaja en la informalidad no tendría ese beneficio.
Buena parte de lo que está en juego tiene que ver más bien con el orden social y la jerarquía social. Durante décadas —lo sabemos todos— quien mandaba, quien controlaba, quien indicaba cómo regular el trabajo era el sector patronal: salarios bajos, condiciones laborales inequitativas, tasas de desempleo muy altas eran solo expresiones de una voluntad política de privilegiar a quien contrata, al empresario, al patrón. Desde el sexenio pasado y, aparentemente, en el que inicia, la voluntad es atender más a la clase trabajadora. Incrementar los salarios, penalizar el outsourcing y ahora reducir la jornada laboral son signos políticos de ese viraje en la mirada.
La demanda de consignar en la ley la jornada labora de 40 horas ya tiene años. Había estado “congelada” en el poder legislativo, pero parece que ahora se ha decidido que sí se vuelva una realidad. Morena y sus aliados políticos tienen la mayoría legislativa para sacarla con facilidad si así lo decidieran. Vamos a ver si lo hacen, en qué términos, negociando con quiénes y contrayendo qué compromisos.
