Tener estudios superiores en México sigue siendo un privilegio. Menos de la mitad de los jóvenes en edad de cursar estudios de licenciatura están matriculados en una escuela. En algunas regiones del país ese número es todavía mucho más pequeño, en tanto que en la Ciudad de México es casi de 100%. Es, en pocas palabras, un sistema que reproduce las desigualdades sociales. ¿Qué va a hacer al respecto el actual Gobierno de la República? Bueno, ahora lo sabemos, porque hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Educación Superior 2026-2030 (PRONES).
Se trata, del instrumento rector que guiará la política universitaria mexicana durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Visto de manera general, no es un texto técnico más. No se trata de un documento creado para cumplir con el requisito y continuar con las inercias de las últimas décadas. ¿Por qué? Debido a que muestra cómo lo que tenemos ahora es un sistema reproductor de desigualdades. Desde luego que expresa la intención de transformar eso en un nuevo aparato que sirva como agente de redistribución y reconocimiento social. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho.
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El diagnóstico que ofrece el PRONES puede sintetizarse con tres datos muy relevantes: la cobertura nacional ronda el 45.1% (lo cual nos ubica muy debajo del 79% que tienen en promedio los países de la OCDE, e incluso por debajo del prometido latinoamericano, que es de 59%); hay abismos territoriales, pues mientras la Ciudad de México supera el 100 % gracias a la atracción de estudiantes foráneos, estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero se estancan por debajo del 30 %. Y, atendiendo a los factores socioeconómicos, los estudiantes del sector más pobre apenas representan el 4.4 % de la matrícula; los cuatro primeros deciles suman solo el 7.1 %. O sea, el capital cultural y económico familiar sigue siendo el mejor predictor de quién accede a la universidad y quién no.
Desde luego, hay en los últimos 20 años un crecimiento de la matrícula (de 2.5 millones de estudiantes que había en 2005, hemos pasado a 5.5 millones en 2025), también hay una clara concentración: el 61.9 % de esos estudiantes acuden a instituciones públicas y el resto a privadas, en donde los costos y niveles académicos son muy variables.
Frente a este panorama, los seis objetivos del programa marcan un giro significativo. El primero busca elevar la cobertura a 55%, incorporando un millón más de estudiantes bajo los principios de inclusión, equidad y justicia social y territorial. No se trata solo de números: es un reconocimiento implícito de que la educación superior debe dejar de ser un filtro meritocrático que legitima la desigualdad y convertirse en un derecho universal.
El segundo objetivo propone consolidar un Sistema Nacional de Educación Superior (SNES) articulado, con gobernanza democrática y reconocimiento de saberes no académicos. Aquí late una crítica a la fragmentación histórica y un intento de descolonización epistémica parcial, aunque todavía tímida. Los objetivos tercero y cuarto enfatizan la educación integral —bienestar estudiantil, cultura de paz, sostenibilidad— y la generación de conocimiento orientada a problemáticas locales. Se abandona, al menos discursivamente, la visión economicista que reducía la universidad a fábrica de capital humano para el mercado. En su lugar, se recupera la tradición crítica latinoamericana de Freire, Fals y Borda que ven en la academia un actor de transformación social.
Sin duda, el programa rompe con la narrativa neoliberal que dominó las décadas anteriores, donde la evaluación por rankings y el financiamiento por resultados convertían a las universidades en empresas.
El quinto objetivo, educación a lo largo de la vida, flexibilidad y reconocimiento de aprendizajes no formales, responde a la realidad de una sociedad donde la precariedad laboral y el cambio tecnológico exigen formación continua. Y el sexto, financiamiento sostenible bajo austeridad republicana, intenta cuadrar el círculo: más cobertura con menos recursos, pero sin mercantilización.
Sin duda, el programa rompe con la narrativa neoliberal que dominó las décadas anteriores, donde la evaluación por rankings y el financiamiento por resultados convertían a las universidades en empresas. En su lugar, reafirma el rol del Estado como garante del derecho social a la educación. Eso, en un país con un coeficiente de Gini persistentemente alto y exclusión territorial crónica, no es poca cosa. Sin embargo, las buenas intenciones no alcanzan. Se les debe acompañar de mecanismos concretos que resuelvan problemas específicos como el financiamiento.
Prometer un millón de plazas adicionales bajo el mantra de la “austeridad republicana” suena coherente con el discurso oficial, pero la experiencia histórica mexicana muestra que la expansión masiva sin recursos crecientes genera inflación de títulos, deterioro de la calidad y, finalmente, frustración social. ¿Cómo se evitará que el aumento de oportunidades educativas no termine devaluando los títulos y reproduciendo la desigualdad por otras vías? Y para reducir brechas regionales no sólo se requiere presupuesto federal, sino que hay que coordinarse con gobiernos estatales, con comunidades locales y con universidades estatales que son, en su mayoría, autónomas y no necesariamente se “alinearán” tersamente a las instrucciones de abrir más espacios, eliminar exámenes de admisión o pagar menos a los docentes y trabajadores.
Las políticas educativas no se miden solo por cuántos entran, sino por quiénes terminan y con qué calidad de formación.
Igualmente, el PRONES guarda silencio sobre la matrícula que cursa en universidades particulares. ¿Se regulará su lógica de lucro para subordinarla al interés público? ¿O se mantendrá la dualización del sistema: universidades públicas masivas y precarizadas versus privadas elitistas y rentables? Dejar este flanco abierto equivale a aceptar que la desmercantilización será parcial. Finalmente, está la cuestión de la evaluación. El programa abunda en metas cuantitativas, pero es parco en indicadores sociológicos desagregados por decil de ingreso, etnia, ruralidad o condición de discapacidad. Sin ellos, será fácil celebrar el cumplimiento numérico mientras persisten las desigualdades cualitativas.
Las políticas educativas no se miden solo por cuántos entran, sino por quiénes terminan y con qué calidad de formación. A pesar de estas limitaciones, el PRONES 2026-2030 representa un avance real en el imaginario colectivo mexicano sobre la educación superior. Por primera vez en mucho tiempo, se reconoce explícitamente que la universidad no es un lujo, sino un instrumento de justicia social. En un contexto latinoamericano donde varios países han retrocedido en cobertura y equidad, México apuesta por mantener el rumbo expansivo, pero con un discurso más radical: inclusión como derecho, conocimiento como bien común y territorio como eje de la política.
Mi opinión es clara: este programa es necesario, pero insuficiente si se queda en el papel. La educación superior mexicana tiene frente a sí una oportunidad histórica: dejar de reproducir la estratificación social y convertirse en palanca de movilidad ascendente genuina. El PRONES 2026-2030 apunta en esa dirección, ahora falta que la realidad no lo traicione. Porque entre la intención política y el impacto social siempre media el espeso filtro de las estructuras de poder y las inercias institucionales.
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