El cambio en el Estado de México es decisión tomada por mandato popular expresado en las urnas el año anterior. Pero no será fácil ni pronto. Su gestión llevará tiempo y tendrá que vencer muchas resistencias en la administración pública. En el llamado «Estado profundo» está el principal dique. Hay un montón de funcionarios heredados en los diversos niveles del poder que dinamitan con sus conductas torcidas las mejores intenciones del ala transformadora. El momento de la purificación es impostergable.
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Cuando se revisa con detenimiento el directorio de servidores públicos del nuevo gobierno, sorprende y desalienta ratificar la permanencia de personajes de las cloacas que conservan privilegios y posiciones de poder. Caso emblemático el de SEIEM donde, por ejemplo, se mantiene a secretarios particulares de los anteriores altos funcionarios, que operaron el blanqueo de dinero para el pago de estructuras de operación electoral contra la hoy gobernadora Delfina Gómez. Vaya contradicción, terminaron beneficiándose de su derrota.
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Los cambios en la Secretaría de Seguridad van mucho más allá de la salida de Andrés Andrade. El ajuste no se quedará en los simples reacomodos administrativos, pasa por el replanteamiento de la política pública, adecuaciones realmente a la estructura que permitan mejores y más prontos resultados. El nuevo titular, Cristóbal Castañeda, que tenía meses trabajando en el diagnóstico, está claro en cómo y hacia dónde. El cambio es para mejorar.
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Con Andrés ya se fueron varios de aquellos que él trajo y colocó en posiciones de confianza, pero falta todavía un grupo numeroso. Llegarán más militares con experiencia en el área de seguridad. La lista no es muy larga, pero sí muy importante.
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Con el actual Fiscal General de Justicia y el nuevo Secretario de Seguridad, el Estado de México tiene un muy buen equipo para la construcción de la paz. La pieza faltante está en el Poder Judicial que tendrá que reformarse pronto y, en seguida, renovarse. La ruta, sin duda, es la correcta.
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