Están por iniciar las campañas electorales para la elección de gobernador en el Estado de México y, como cada que hay comicios –sean municipales, estatales o federales-, vemos aparecer en todo su esplendor un fenómeno que ya forma parte del folklore político en nuestro país: el clientelismo.
Es muy común que en estas fechas los medios de comunicación se llenen de escandalosos notas que dan cuenta de cómo se reparten despensas, material de construcción, electrodomésticos, útiles escolares y toda suerte de cosas, hasta dinero en efectivo a personas casi siempre de condición muy humilde. Es una práctica a la que se le puede emparentar de manera muy fácil con la corrupción, pues casi siempre se financia con dinero que estaba destinado a una cosa (un bien público de beneficio general), pero termina siendo utilizado para otra (la promoción personal y la obtención de un cargo de representación popular).
Los partidos políticos en México casi siempre encuentran un modo para eludir la sanción de estos actos como delitos electorales, pues lo verán como una táctica para la promoción del voto que, si bien no se mueve en el campo de lo ilegal, sí es moralmente reprobable. Pero, dado que la política es la continuación de la guerra por otros medios, casi todo es permitido en esta arena.
El tema que hoy alimenta los diarios y en los que se ve a miembros del PRI entregando todo tipo de bienes, aun cuando las campañas propiamente dichas no han arrancado, hace necesario volver la mirada a lo que los estudios sociológicos y antropológico han logrado esclarecer del fenómeno del clientelismo, que es mucho más complejo de lo que parece. Como dice la especialista en ciencias sociales Magdalena Tosoni, el clientelismo se nos muestra como el reparto de bienes, servicios y favores a cambio lealtad, obediencia y votos, pero encierra características contradictorias: habilitan una relación jerárquica, aunque es mutuamente beneficiosa; genera desigualdad y reciprocidad a la vez; son intercambios voluntarios, pero también obligatorios, tienen en el centro bienes materiales pero son el resultado de una construcción simbólica.
Para entenderlo un poco mejor hay que decir que dichas prácticas clientelares no existen de manera aislada, no son la ocurrencia de un actor político en un momento determinado, sino que son posibles gracias a sistemas de redes de intercambio asimétrico en las que hay múltiples niveles, pero en los extremos casi siempre estarán, por un lado, una figura política unipersonal (como un candidato a gobernador) y, por el otro, un ciudadano que recibe una tarjeta con dinero o un tinaco. Ahora, entre ambos actores hay una nutrida cadena de intermediarios que pueden incluir servidores públicos, delegados gubernamentales, líderes barriales o comunales, entre otros. Cada uno de ellos cumple un rol equiparable a quien tiene la posibilidad de abrir o cerrar una llave para que fluya agua.
Por ejemplo, un líder vecinal que tenga contacto con los habitantes de su colonia al mismo tiempo que con algún funcionario público, bien puede cumplir esta función, pues su doble relación resultará igualmente útil a la colonia (para permitir que haya flujo de recursos al lugar y se puedan tener servicios diversos) y a sus contactos gubernamentales, quienes en algún momento le pedirán reciprocidad para llevar a sus vecinos a un mitin, o para asegurarse de que el día de la elección todos ellos vayan a las urnas a depositar su voto por X candidato.
Como puede apreciarse, se necesita que exista una relación asimétrica para que las cosas puedan tener lugar: que haya quienes tengan (dinero, poder, influencia) y quienes no (pobres, marginales, desposeídos); y la entrega de bienes o servicios no tiene como fin acabar con esa asimetría (terminar con el hambre o la falta de empleos), sino cumplir con la fórmula básica de reciprocidad: dar, recibir y devolver. Como el poderoso puede entregar recursos, el desposeído los recibe y no puede entregar a cambio sino gratitud o lealtad.
Según lo explica el célebre sociólogo Pierre Bourdieu, en toda relación de intercambio recíproco suele haber una “doble verdad” o autoengaño, porque quien da suele expresar que lo hace desinteresadamente, pero de manera implícita ambos participantes (el que da y el que recibe) saben que en los hechos sí hay que devolver el favor. Y otro factor muy importante que interviene en este tipo de relaciones es el tiempo: el que da lo hace mucho antes de que ocurra el momento en que aquel que recibió tenga de “pagar” el favor. De este modo la entrega de bienes puede parecer como un hecho que no tiene relación alguna con el gesto de gratitud o “pago” que tiene que hacer quien previamente fue beneficiado.
Desde luego que esta práctica, que está llena de simbolismo, es distinta de la compra directa de un voto; por ello no cabe directamente en el terreno de los delitos electorales y casi siempre se desestiman las denuncias al respecto. No se trata, pues, de un problema de dinero solamente. Y no porque se reparta una cosa u otra el clientelismo dejará de existir, pues sus raíces son más profundas. Lo que sí puede llegar a ocurrir es que una de las partes (la que recibe los bienes) en algún momento, bajo ciertas circunstancias, sienta que quien le ha venido “favoreciendo” no cumple ya con su rol en la relación de reciprocidad; vaya, que ha fallado y eso derive en la ruptura.
Para el caso de nuestra entidad, habrá que estar atentos para ver si todo ese despliegue que vemos ya muy evidente de la maquinaria estatal para reactivar las relaciones clientelares no se topa con que los receptores de los bienes entregados no están dispuestos a renovar el ciclo de reciprocidad. Al tiempo.
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