Almoloya de Juárez, México; 18 de febrero de 2019. El conflicto de Salazar es agrario, dice a AD Alexander Becerril, uno de los abogados del caso Salazar, al concluir la primera audiencia de desahogo de pruebas.
El caso se deriva de la venta de terrenos del poblado de Salazar por parte del ejido de San Mateo Atarasquillo; por defender la tierra, Fermín Esquivel Rojas, Miguel Ángel Vilchis García, Yuriko Maribel Becerril Villavicencio, Daneyra Kikey Becerril Villavicencio, Beatriz Pérez Flores y Cutberto Vilchis García, comuneros del municipio de Lerma, se encuentran presos.
La verdadera razón del problema, sostienen los pobladores, es que diversos terrenos de Salazar han sido vendidos de forma irregular a empresarios como Carlos Slim, Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub, Pablo Escudero, León Manuel Bartlett, entre otros, de estos intereses parte la acusación de Mario Alberto de León, de lesiones y robo en contra de los pobladores.
El 30 de septiembre de 206, Mario Alberto de León entró a la comunidad acompañado por un hombre, armado, y una mujer; los tres fueron abordados por los habitantes en la defensa de las tierras antes mencionadas. Un año después, quienes ahora se encuentran presos fueron detenidos y acusados de robo y lesiones.
En la primera audiencia, comparece el acusador, dice que no escucha bien y pide que muchas de las preguntas realizadas tanto de la fiscalía, como de la defensa le sean repetidas.
También dice que ha requerido, desde el incidente, tratamiento psicológico del que no tiene pruebas, sólo un recibo de honorarios expedido el 5 de diciembre de 2017, por un monto de 19,999.99 pesos; afirma que las consultas le cuestan 3,500 pesos por sesión.
La pruebas que presenta la fiscalía son refutadas por la defensa, el testigo no recuerda cosas y se reserva diversas respuestas, una de ellas el nombre su cliente, por el que se encontraba en la comunidad el día del incidente.
Afuera se escuchan los gritos de los familiares y amigos de los presos, además de algunas organizaciones solidarias con el caso; solidarias porque, señalan, el trasfondo del conflicto es territorial; los involucrados fueron apresados por defender sus tierras.
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A Mario de León le siguen un par de testigos más; policías de seguridad pública de Lerma, quienes declaran que el día del incidente fueron al lugar a evitar un posible linchamiento, pero los pobladores no quisieron dejar a los tres hombres y una mujer que entraron a la comunidad con ellos porque no confiaban en que serían remitidos a la justicia y los soltarían; los acompañantes de Mario de León, en algún momento, participaron el la dirección de seguridad y, dicen los pobladores, son sus amigos.
El abogado Alexander también explica que el número de audiencias que faltan para desahogar las pruebas es incierto; el juicio apenas empieza, afirma, mientras el grito de las consignas de los familiares no se apaga, aún cuando ya ha terminado esta audiencia que deja a todos a la espera de la siguiente, el próximo mes.
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