Toluca, Estado de México; 29 de septiembre de 2019.- La falta de alternancia partidista y la escasa participación electoral o de la sociedad en la toma de decisiones ubican al Estado de México hasta el lugar número 24 en desarrollo democrático, pese a ser la entidad más poblada del país y la segunda con mayor aporte al Producto Interno Bruto Nacional.
De acuerdo con el “Estudio de la calidad de la ciudadanía en el Estado de México”, presentado por el Instituto Electoral y el Colegio de México, la entidad “podría clasificarse como un enclave autoritario en el que la autoridad estatal viola las elecciones libres, no brinda protección a libertades civiles ni garantiza la igualdad de condiciones en la competencia electoral”.
El estudio se realizó a partir de mil 500 encuestas levantadas en tres regiones de la entidad y midió la percepción ciudadana en cinco temas: Estado de derecho y acceso a la justicia, participación política electoral y partidista, sociedad civil, vida comunitaria y valores democráticos.
Inseguridad, el mayor obstáculo
El estudio refiere que los altos niveles delictivos que se registran en la entidad han deteriorado la percepción y la confianza en la procuración y administración de justicia.
Datos de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran que el Estado de México ocupa el primer lugar en prevalencia delictiva al registrar en 2017, 46 mil delitos por cada cien mil habitantes, 50 por ciento más que el promedio nacional que es de 29 mil 746 delitos por cada cien mil habitantes.
Según la Envipe, en el Edomex se cometen casi tres veces más delitos por cada cien mil habitantes que en Chiapas, que es la entidad con menor percepción de inseguridad en el país.
Bajo este panorama y el hecho de que la impunidad prevalece en el 98 por ciento de los delitos denunciados en la entidad, es que el “Estudio de la calidad de la ciudadanía en el Estado de México” muestra que la población percibe la ausencia del Estado de derecho. El 77 por ciento de las personas encuestadas considera que se cumplen poco o nada las leyes.
Sin embargo, aún cuando la percepción de inseguridad es muy alta, el 54 por ciento de la población del Estado de México considera más importante detener y enjuiciar a quienes delinquen, que vigilar, promover y proteger los derechos humanos.
Esto significa, según el estudio del IEEM y el Colmex, que la sociedad mexiquense no valora la importancia del respeto a las garantías individuales en la construcción de ciudadanía, aunque la gran preocupación es la seguridad pública y la tranquilidad de las familias.
Sólo 44 por ciento de la población considera más importante el respeto a los derechos humanos por encima de la persecución y prevención del delito.
La falta de una cultura de la legalidad también se refleja en la opinión de que la ciudadanía haga justicia por su propia mano- agrega el estudio-, pues el 45 por ciento piensa que las personas tienen el derecho en parte de perseguir, juzgar y castigar a un delincuente, contra un 52 por ciento que considera que una comunidad no tiene ese derecho.
Debe ser un punto de partida
Sobre el estudio, la consejera electoral María Guadalupe González Jordán dijo que éste debe ser una herramienta que permita a los gobiernos en sus diferentes niveles y en sus tres poderes, diseñar leyes y políticas públicas que fortalezcan la participación social en la construcción de ciudadanía y democracia.
Reconoció que los resultados son poco halagüeños para la realidad que vive el estado más poblado del país y el que concentra la mayor cantidad de personas en edad de votar, de acuerdo con el Padrón Electoral Federal, especialmente en este rubro de la seguridad, que es uno de los factores que más inhibe la participación ciudadana en procesos comunitarios.
Sin embargo también convocó a la ciudadanía en general y aquella que trabaja desde la sociedad civil organizada, a tomar en consideración los resultados del estudio, para que puedan incidir desde su vida cotidiana o su labor social en la construcción de nuevos procesos de convivencia y participación política, más allá de ir a votar cada tres o cada seis años.
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