El Estado es una entidad que resulta de la organización política de la sociedad. Organizarse políticamente quiere decir, en pocas palabras, ponerse de acuerdo al respecto de cosas de común interés, crear reglas de aplicación general, instancias de vigilancia y seguimiento de los acuerdos y reglas, así como órganos a los que se encarga la administración de todos los asuntos definidos como de interés público, entre ellos la salud, la educación, la alimentación, la seguridad, entre otros muchas.
Históricamente han existido distintos tipos de Estado pero, en todos ellos, están presentes los elementos necesarios para su existencia (gente, territorio, normatividad y una estructura de poder institucionalizado, a la que también conocemos como gobierno) aunque combinados de distinta manera: hay ocasiones en que la gente tiene muy poco peso, en tanto que el gobierno se vuelve omnipotente; en otras las reglas son muy endebles o de aplicación nula; a veces el territorio no está tan definido o está en disputa; en fin, los distintos tipos de Estado no son sino expresiones de la diversidad a la hora de organizarse políticamente.
El Estado mexicano tiene una serie de características propias de nuestra forma de ser, de nuestra mentalidad, de nuestros usos y patrones de comportamiento, así como de nuestros procesos históricos. Tales características resultan para muchos muy funcionales y convenientes; en tanto que, para otros, son ya obsoletas, dinosáuricas e inaceptables. La diferencia de opiniones tiene que ver con desacuerdos en la organización política, lo cual es inevitable cuando las sociedades crecen, se complejizan o sencillamente tienen un relevo generacional que implica posibles cambios en los valores y convicciones de la gente.
Debido a que nuestro Estado emergió en su versión actual después de una guerra civil (la Revolución de 1910), de a poco fue perfilándose como una versión de Estado en la que el gobierno se colocó muy por encima de la gente, restringiendo libertades, acaparando los espacios de participación política, utilizando la fuerza pública para acallar disidencias y administrando el dinero público como patrimonio personal.
Esa versión de Estado se formó y consolidó a lo largo de casi un siglo, por lo cual varias generaciones de mexicanos terminaron por convencerse de que "así eran las cosas"; de que hacer política era cuestión de pertenecer "al partido", de ser disciplinado para permitir que la pirámide se sostuviera, de tener influencias dentro de esa estructura piramidal, de aprovechar el momento de estar en una posición de poder para hacer fortuna, de ocultar los abusos de quien estuvo antes en el encargo como garantía para obtener impunidad al salir del cargo. Y todo ello se mantuvo aún cuando poco a poco fueron apareciendo y consolidándose partidos opositores al PRI.
Puede decirse que este modo de organización política se volvió sistémico y esa es la razón por la cual resulta difícil distinguir diferencias entre el proceder de un político proveniente de un partido u otro. La alternancia partidista no representó un cambio en las características del Estado, si acaso permitió que más actores se involucraran directamente en la Estructura de poder y tuvieran acceso a los espacios deliberativos para promulgar leyes o al presupuesto público.
Una característica que en décadas recientes se añadió a nuestro modelo de Estado ha sido el fortalecimiento del mercado y la consecuente mercantilización de todo. Antes fueron el nacionalismo, el corporativismo y el tribalismo las fuentes para la toma de decisiones. Hoy son el valor de cambio, la ganancia y la competencia los ejes articuladores, no sólo de los discursos sino de las decisiones. La consecuencia de que estos principios neoliberales del libre mercado y la calidad se instalaran en nuestro modelo de Estado provocó que se pusiera especial atención en un fenómeno que está en el ADN de los políticos mexicanos: la corrupción, el manejo del erario como patrimonio personal y la discrecionalidad en la disposición de miles de millones de pesos recabados por la vía fiscal.
Se han vuelto expresión visible de estas nuevas "inquietudes" los organismos, asociaciones, instancias e incluso instituciones anti-corrupción. En los últimos dos años han venido instituyéndose Sistemas Anticorrupción a nivel federal, estatal y municipal. Ya tenemos leyes al respecto, funcionarios nombrados para ese fin y -se supone- está en curso la puesta en marcha de esas acciones. Una fórmula que se ha empleado para buscar que dichos sistemas funcionen es "ciudadanizándolos", expresión que apunta a mandar señales en el sentido de no poner "la Iglesia en manos de Lutero". Sin embargo, por las mismas razones expuestas antes, de que los espacios de participación política históricamente han sido acaparados por el gobierno, resulta mucho muy difícil confiar en "ciudadanos" que no han hecho otra cosa sino trabajar para el gobierno.
¿Qué pensar, por ejemplo, de que en el Estado de México la Legislatura local apruebe en el mes de julio conformar una Comisión encargada de seleccionar a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México, y se diga que dicha comisión está integrada por ciudadanos como garantía de transparencia, y dos meses después una de sus ciudadanas, Ivette Tinoco, se integre al gabinete estatal a nivel directivo? Igualmente, ¿qué pensar cuando esta Comisión anuncia que ya tiene a los 15 finalistas de los que sacará a quienes terminen integrando el Comité y la mayoría de ellos son funcionarios públicos en funciones, ex funcionarios o hasta antiguos trabajadores del PRI?
¿Quién va a vigilar que el gobienro no se corrompa, sus propios agentes?
Síguenos