La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, confirmada por fuentes oficiales a agencias internacionales tras un operativo militar en Jalisco, cierra un ciclo: por primera vez en décadas, ninguno de los grandes capos que dominaron el mapa del narcotráfico mexicano sigue en libertad. El histórico líder del Cártel Jalisco Nueva Generación se suma a la lista que integran Joaquín «El Chapo» Guzmán Loera, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, y Ismael «El Mayo» Zambada García, hoy preso y en espera de sentencia en una corte de Brooklyn.
Capos hechos al calor del viejo sistema
Los tres pertenecen a la misma generación criminal: se iniciaron en los años del dominio del Partido Revolucionario Institucional, cuando el Estado conservaba un control político casi absoluto y el crimen organizado operaba bajo reglas no escritas de convivencia con el poder.
En ese contexto crecieron las redes que luego darían lugar al Cártel de Sinaloa, heredero de la antigua organización de Miguel Ángel Félix Gallardo, que se fragmentó a finales de los ochenta. De ese reacomodo salieron figuras como Guzmán y Zambada, que aprovecharon la apertura de rutas y la demanda de cocaína hacia Estados Unidos para construir un emporio transnacional.
Oseguera, nacido en Michoacán y luego asentado en Jalisco, siguió un camino similar una década más tarde: pasó por la migración a Estados Unidos, una condena por drogas y el regreso al país, hasta convertirse en el rostro de un cártel de nueva generación que apostó por la violencia extrema y la expansión acelerada.
El PRIAN, la “guerra contra el narco” y la consolidación
La transición política no debilitó a estos capos; más bien, acompañó su consolidación. Bajo los gobiernos del Partido Acción Nacional, a partir de 2000, el Estado optó por una estrategia de militarización abierta contra los cárteles, sobre todo desde 2006. Esa “guerra contra el narco” fragmentó organizaciones, disparó los homicidios y abrió espacios para nuevos grupos, sin lograr desmontar las estructuras financieras y territoriales de los más poderosos.
En paralelo, investigaciones periodísticas y causas judiciales en Estados Unidos describieron un patrón de corrupción institucional que benefició, de manera particular, al Cártel de Sinaloa. El caso más emblemático es el de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón.
Un jurado federal en Nueva York lo declaró culpable en 2023 por participar en una conspiración de narcotráfico y aceptar sobornos millonarios del Cártel de Sinaloa a cambio de protección e información privilegiada; en 2024 fue sentenciado a más de 38 años de prisión.
Es decir: mientras el discurso oficial hablaba de guerra frontal, la justicia estadounidense acreditó que uno de los máximos responsables de esa guerra colaboró con el mismo cártel al que se suponía combatía.
De Sinaloa a Jalisco: una herencia envenenada
El recorrido judicial de los capos ilustra el cierre de ciclo. Guzmán fue extraditado, juzgado y sentenciado a cadena perpetua en 2019 por dirigir una organización responsable del tráfico de toneladas de drogas y de una campaña sistemática de corrupción y violencia.
Zambada, el socio más longevo y discreto, logró mantenerse décadas sin pisar una cárcel. Su carrera comenzó como sicario y operador desde los años setenta; con el tiempo se convirtió en cofundador y estratega del Cártel de Sinaloa. Detenido en 2024 y extraditado a Estados Unidos, se declaró culpable en 2025 de manejar una empresa criminal continua y de conspiración de crimen organizado, reconociendo el daño causado por el tráfico de drogas.
En el caso de Oseguera, la historia es la de un heredero de ese entramado criminal que supo leer el nuevo mapa tras la fragmentación: al frente del CJNG, levantó un ejército privado, aprovechó los huecos que dejaron otros grupos y se apoderó de corredores claves en el occidente del país, hasta ser descrito por organismos de seguridad como el líder del cártel más violento y expansivo del momento.
Su muerte, en un operativo del Ejército en Jalisco que desató bloqueos y ataques con vehículos incendiados en varios estados, representa el golpe más importante al CJNG, pero también abre interrogantes sobre la sucesión interna y los niveles de violencia que puede generar la disputa por el mando.
El viejo orden ya no está, la violencia sí
La caída de estos tres capos no implica, por sí sola, el final del modelo que ayudaron a construir. Los estudios sobre la evolución del crimen organizado en México coinciden en que la combinación de viejas redes de corrupción, una guerra mal diseñada y un flujo constante de armas desde Estados Unidos creó un ecosistema donde la detención o muerte de un líder suele derivar en más fragmentación y disputas locales, no en paz.
La generación de “El Chapo”, “El Mayo” y “El Mencho” se formó cuando el PRI administraba las plazas y el Estado fijaba, de facto, las reglas del juego. Su consolidación se dio durante los gobiernos del PRI y del PAN —el llamado PRIAN—, en medio de una estrategia de seguridad que combinó golpes espectaculares a capos con tolerancia, y en algunos casos protección, a estructuras completas. El encarcelamiento de García Luna en Estados Unidos es el recordatorio más contundente de esa convivencia.
Hoy, con los tres fuera de la calle, el país no vuelve a un punto cero. Lo que termina es una generación de rostros icónicos; lo que permanece es un entramado de células regionales, mercados ilegales y complicidades institucionales que se tejieron a lo largo de décadas.
El reto para el Estado ya no es cazar al siguiente “gran capo”, sino desmontar esas redes, cortar los vínculos políticos y financieros que las sostienen y ofrecer alternativas reales a los territorios donde estos hombres construyeron su poder. Solo así la muerte de “El Mencho” y el encierro de “El Chapo” y “El Mayo” dejarán de ser episodios de una guerra interminable para convertirse, de verdad, en el comienzo de otra historia.
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