Pese a los logros destacados por el titular del Poder Judicial mexiquense, Sergio Medina Peñaloza y a su argumento de que todo ha sido manejado con transparencia, es el poder más opaco del Estado de México, pues este año ni siquiera actualizaron los datos de su portal de transparencia.
Además, sus magistrados son los mejor pagados en la entidad y superan la recomendación de no percibir más que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es decir, de 108 mil pesos netos cada mes.
Los avances en materia de informática, tecnología y de modernidad digital señalados en el informe contrastan con sus fallas en transparencia y en su portal digital, pues no solo el Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem) ha señalado que, de los tres poderes, el Judicial es el peor calificado.
Este año la revista EQUIS, especializada en materia judicial exhibe que el Poder Judicial mexiquense está entre los cuatro más opacos del país. Lo colocó este año en el último lugar, junto con Aguascalientes, Morelos y Puebla.
Desde 2016 ha habido algunas quejas de servidores públicos de juzgados del Valle de México por la carga de trabajo que tienen y la falta de personal, obligándolos a trabajar horas extra, sin que reciban un mayor pago, y aun cuando los trabajadores muchas veces viven lejos de su lugar de trabajo.
Salarios
Durante su último informe, Medina Peñaloza señaló que hay déficit de jueces en el Estado de México y que además tienen salarios más bajos que los de la Ciudad de México, pero no mencionó a los magistrados, los cuales cuentan con los salarios más altos en territorio mexiquense.
Los integrantes del Consejo de la Judicatura en la entidad perciben entre 137 mil 032 pesos y 144 mil 031 pesos; los magistrados de sala poco más de 137 mil pesos netos al mes.
Ese sueldo es superior al del propio gobernador, Alfredo Del Mazo, quien percibe 107 mil 500 pesos netos mensuales.
La mayor carga de trabajo es para los integrantes de los juzgados, no para los altos mandos, sin embargo los jueces perciben casi la mitad de los magistrados: 72 mil 258 pesos hasta 2018. El resto de los servidores públicos de mandos bajos no son referidos en la página de transparencia del Poder Judicial.
Transparencia
El informe de este año de la revista especializada EQUIS advierte que el Poder Judicial mexiquense no dio respuesta a las preguntas realizadas a través de acceso a la información, por considerar que no era su obligación, pues no contaba con información sobre estadística judicial, mecanismos de participación ciudadana, presupuestos, etc.
La evaluación reprueba a todos los poderes judiciales del país, pero enfatiza que el Tribunal Superior del Estado de México es uno de los que no consideran ninguna sentencia de interés público, y por tanto, no las publica, aun cuando es una obligación establecida en la Ley de Transparencia.
“Hay una falla institucional grave debido a que, en general, los Poderes Judiciales Locales en México no conocen sus obligaciones en transparencia y acceso a la información, y quienes conocen sus obligaciones no tienen voluntad de cumplirlas”, señala el estudio.
También denuncia la falta de recursos humanos y materiales que se destinan en los Poderes Judiciales Locales para hacer cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para garantizar el derecho a la información, y el derecho a la justicia.
Considera urgente trabajar en el registro de las sentencias emitidas y publicarlas en sus páginas web, tomando en cuenta criterios de inclusión y accesibilidad (diversidad de idiomas, ajustes razonables para personas con discapacidad, limitaciones de acceso y de manejo tecnológico, entre otros), pues eso permitirá que la ciudadanía pueda comprender mejor el contenido de las sentencias y la labor que están llevando a cabo las y los jueces.
Inequidad en la carga de trabajo
En octubre del 2016 empleados de juzgados familiares de Naucalpan denunciaron que mientras ellos tenían una excesiva carga de trabajo, con más de mil 600 asuntos al año, que se suman a los que se iniciaron hace años, otros como los mercantiles y los de usucapión casi no tenían expedientes a desahogar, sin que el Tribunal Superior de Justicia garantizara la equidad.
Acusaron que mientras algunos juzgados apenas tenían 9 empleados para atender más de 120 acuerdos al día y desahogar unas 25 audiencias diarias, en los mercantiles apenas había 15 o 20 acuerdos y tenían tiempo para platicar, o almorzar; en tanto que en los otros se veían obligados a trabajar horas extras y a casi no dormir, para sacar el trabajo.
Explicaron que algunos pasaron de tener 14 empleados a solo 9, mientras en Toluca y otros distritos judiciales contaban con 15 o casi 20 personas, pese a que la carga de trabajo en el Valle de México es mayor.
Los servidores públicos afirman que la inequidad se mantiene, por lo cual varios de nivel medio y bajo tienen que trabajar horas extra, hay algunos que ya han renunciado y los logros que se presumen en materia digital no se ven en los juzgados, sobre todo en el valle de México falta equipo para trabajar o nombramientos pendientes que se han aplazado.
Al respecto, varios de los aspirantes a la presidencia del Poder Judicial del Estado de México han planteado la necesidad de valorar a los elementos humanos y de acercarlos a sus lugares de origen.
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