Entregan a élite conservadora operación de justicia privada

El Poder Judicial del Estado de México certificó a políticos, exministros, magistrados, notarios y abogados para cobrar por resolver controversias y formalizar convenios con efectos jurídicos. La Universidad Anáhuac participó en la formación de la generación donde aparecen Alejandro Murat, Ivette Morán y Javier Lozano
septiembre 24, 2026

El Poder Judicial del Estado de México entregó a una élite política y jurídica predominantemente conservadora la posibilidad de operar y cobrar por una parte de la justicia.

El padrón oficial incluye a políticos del PAN, antiguos cuadros del PRI, personajes incorporados a Morena, exministros, magistrados, notarios, académicos y miembros de familias vinculadas durante décadas con el poder público.

Entre las personas certificadas aparecen el senador y exgobernador de Oaxaca Alejandro Murat Hinojosa; su esposa, Ivette Morán Rodríguez; el exsecretario federal Javier Lozano Alarcón; el exdiputado Gastón Luken Garza y el expresidente del Poder Judicial mexiquense Ricardo Sodi Cuellar.

También están el exministro José Ramón Cossío Díaz; la ministra en retiro Margarita Luna Ramos; Claudia Elena de Buen Unna, expresidenta de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; María de los Ángeles Fromow Rangel, exfiscal electoral, y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada federal e hija de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

Políticos, juristas y notarios figuran en el padrón de facilitadores privados certificados por el Poder Judicial mexiquense. / Foto: Archivo AD Noticias

No forman un bloque partidista uniforme. Constituyen una élite de clase, predominantemente conservadora por sus trayectorias, relaciones profesionales y pertenencia a las estructuras tradicionales del poder político, judicial, notarial y universitario.

El modelo reúne tres componentes: una institución privada participa en la formación; el Poder Judicial evalúa y certifica, y las personas autorizadas pueden cobrar por conducir procedimientos cuyos convenios adquieren efectos jurídicos.

No es la privatización completa de los tribunales. Es la apertura al mercado de una parte de la operación de justicia.

¿Qué pueden hacer?

Las personas facilitadoras privadas intervienen en controversias civiles, familiares, mercantiles y de otras materias autorizadas por la legislación.

No dictan sentencias ni sustituyen formalmente a un juez. Su función consiste en conducir procesos de mediación, conciliación y negociación para que las partes alcancen un acuerdo voluntario.

Pero su actuación rebasa la simple asesoría privada.

La Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias les concede fe pública limitada para celebrar convenios, certificar documentos integrados a estos y expedir copias certificadas de los acuerdos bajo su resguardo.

Los convenios deben ser enviados al sistema correspondiente para obtener una clave de registro y alcanzar todos sus efectos legales. Bajo las condiciones establecidas por la legislación, pueden adquirir eficacia equivalente a la cosa juzgada.

Los facilitadores privados conducen acuerdos voluntarios que, tras su registro, pueden adquirir efectos jurídicos. / Foto: Archivo AD Noticias

El resultado es una transferencia parcial: el Estado conserva la facultad de certificar, registrar, supervisar y sancionar, pero permite que particulares cobren por intervenir en la solución de controversias.

La Anáhuac forma; el Poder Judicial certifica

La Universidad Anáhuac ocupa un lugar relevante en la construcción de este mercado.

Los documentos revisados por AD establecen que la tercera generación cursó un diplomado mediante la plataforma Anáhuac Online. La formación comenzó el 30 de mayo de 2025 y concluyó el 7 de diciembre del mismo año.

La universidad no otorgó la autorización para ejercer. Esa facultad permaneció en el Poder Judicial, mediante el Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa, actualmente denominado Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

La división de funciones fue clara: la Anáhuac participó en la formación; el Centro del Poder Judicial condujo la evaluación, expidió la certificación e incorporó a quienes aprobaron al registro oficial.

En esa tercera generación aparecen:

  • Alejandro Ismael Murat Hinojosa.
  • Ivette Morán Rodríguez.
  • Javier Lozano Alarcón.
  • Gastón Luken Garza.
  • Guillermo Valls Esponda.

Cada participante pagó 25 mil pesos por el programa. Si los 126 integrantes certificados cubrieron la misma cuota, la generación representó al menos 3 millones 150 mil pesos.

La tercera generación cursó un diplomado en Anáhuac Online antes de la evaluación del Poder Judicial / Foto: Archivo AD Noticias

La cantidad podría ser mayor si otros aspirantes pagaron la formación, pero no concluyeron o no aprobaron la certificación. La documentación disponible no permite establecer cuántas personas quedaron fuera ni cuánto ingresó en total.

El circuito quedó completo: formación privada, certificación pública y ejercicio remunerado.

Los requisitos

La legislación vigente establece cinco requisitos generales para obtener la certificación:

  • Contar con título y cédula profesional de licenciatura.
  • Tener nacionalidad mexicana y encontrarse en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos.
  • No haber recibido sentencia por un delito doloso.
  • No ser una persona deudora alimentaria morosa ni aparecer en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
  • Aprobar las evaluaciones determinadas por el Poder Judicial correspondiente.

La capacitación no puede ser menor a 120 horas. Quienes pretendan intervenir en procesos de justicia restaurativa requieren 60 horas adicionales de especialización.

La certificación exige formación, documentos profesionales y aprobar las evaluaciones correspondientes. / Foto: Archivo AD Noticias

No es indispensable ser licenciado en Derecho. Sin embargo, cuando una persona facilitadora sin formación jurídica redacte un convenio, deberá auxiliarse de un abogado con cédula profesional para revisar sus efectos legales y realizar el registro.

La certificación es personal, intransferible e indelegable. Tiene una vigencia de cinco años, aunque está sujeta a revisiones, suspensión o revocación.

Así funciona el proceso

El acceso a la certificación comprende varias etapas:

  1. Formación. El aspirante debe completar un programa especializado con la duración exigida.
  2. Acreditación documental. Debe presentar título, cédula profesional y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos legales.
  3. Evaluación. El Centro Público aplica las pruebas establecidas para determinar si el aspirante cuenta con los conocimientos y capacidades necesarios.
  4. Certificación. El Poder Judicial aprueba o niega la autorización individual.
  5. Registro. La persona certificada recibe un número y es incorporada al padrón oficial.
  6. Ejercicio privado. Puede prestar servicios por cuenta propia o incorporarse a un centro privado autorizado.
  7. Registro de convenios. Los acuerdos deben remitirse al sistema institucional para obtener la clave correspondiente y producir todos sus efectos jurídicos.
  8. Renovación. Al concluir los cinco años, la persona debe actualizarse y acreditar el procedimiento de renovación.

La ruta va de la capacitación al registro oficial y contempla la renovación después de cinco años. / Foto: Archivo AD Noticias

El Poder Judicial puede suspender o revocar la certificación por actuaciones indebidas, ejercicio irregular de la fe pública, coacción contra las partes, participación en asuntos donde exista impedimento o utilización del registro por terceras personas.

Pueden cobrar sin tarifa pública

La Ley General permite que las personas facilitadoras privadas acuerden sus honorarios con ambas partes. Solo establece que estos no deben resultar excesivos ni desproporcionados.

No existe un tabulador público uniforme.

Tampoco hay una base accesible que permita conocer cuánto cobra cada facilitador, cuántos asuntos ha atendido, qué ingresos obtiene o qué empresas, instituciones y particulares contratan sus servicios.

La certificación abre la puerta al negocio, pero el padrón no permite conocer quiénes ya lo ejercen.

La inclusión de una persona en el registro tampoco demuestra que sea propietaria de un centro privado, que tenga clientes o que obtenga ingresos. Acredita únicamente que cuenta con autorización para intervenir como facilitadora.

La cifra real: 454 registros vigentes

Un informe institucional contabiliza 594 certificaciones y renovaciones. La cifra suma como registros separados a integrantes de la primera generación cuando fueron autorizados inicialmente y cuando renovaron.

La revisión de AD encontró 454 registros en el padrón vigente, incluidas renovaciones y grupos especiales. / Foto: Archivo AD Noticias

La revisión de AD al padrón vigente encontró 454 registros:

  • 128 renovaciones de la primera generación.
  • 143 integrantes de la segunda generación.
  • 126 integrantes de la tercera generación.
  • 25 personas del grupo especial de la UAEMéx.
  • 32 integrantes del notariado.

La diferencia es importante. Una renovación amplía la vigencia de una autorización, pero no representa a una persona adicional.

A esas cantidades se agregan 83 integrantes de una cuarta generación en preparación, que todavía no deben contabilizarse como facilitadores certificados.

Primera generación: la presidencia de Sodi

La primera generación cursó su formación entre abril y noviembre de 2022. El proceso de certificación se desarrolló durante 2023.

Ricardo Sodi Cuellar presidía entonces el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Jaime López Reyes dirigía la Escuela Judicial y Sergio Arturo Valls Esponda encabezaba el Centro Estatal de Mediación.

En esta generación fueron certificados, entre otros:

  • Ricardo Alfredo Sodi Cuellar.
  • José Ramón Cossío Díaz.
  • Claudia Elena de Buen Unna.
  • Sergio Arturo Valls Esponda.
  • Jaime Valls Esponda.
  • María José Bernáldez Aguilar.
  • Verónica Hernández Alcántara.
  • Cristel Yunuen Pozas Serrano.

La primera generación se formó durante la presidencia de Ricardo Sodi Cuellar y fue certificada en 2023. / Foto: Archivo AD Noticias

La presencia simultánea de autoridades, funcionarios relacionados con el sistema y personas posteriormente certificadas no acredita por sí misma una irregularidad.

Sí obliga a transparentar quién evaluó a cada aspirante, qué funcionarios se excusaron y qué medidas se aplicaron para impedir que personas vinculadas con la conducción del sistema influyeran en su propia certificación.

Notarios y UAEMéx: los grupos especiales

Durante 2024 se desarrollaron dos procesos especiales.

El primero estuvo dirigido al notariado. El programa de renovación se realizó del 30 de agosto al 11 de octubre de 2024. Los certificados fueron entregados el 11 de febrero de 2025 a 32 personas.

El segundo se organizó para un grupo relacionado con la Universidad Autónoma del Estado de México.

La certificación se desarrolló del 21 de octubre al 17 de diciembre de 2024. Los documentos fueron entregados el 4 de febrero de 2025 a 25 participantes.

Cuando se realizaron ambos procesos, Ricardo Sodi presidía el Poder Judicial; Jaime López Reyes dirigía la Escuela Judicial y Sergio Valls encabezaba el Centro Estatal de Mediación.

Los procesos especiales incorporaron a 32 integrantes del notariado y 25 del grupo vinculado con la UAEMéx. / Foto: Archivo AD Noticias

La entrega de certificados ocurrió cuando Fernando Díaz Juárez ya había asumido la presidencia interina del Tribunal.

Segunda generación: el interinato

Fernando Díaz Juárez fue electo presidente interino del Poder Judicial el 7 de enero de 2025, después de la conclusión del periodo de Ricardo Sodi.

En enero del mismo año, María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín asumió la Dirección General de la Escuela Judicial. Sergio Arturo Valls Esponda continuaba al frente del Centro de Mediación.

Bajo esa estructura se efectuó la certificación de la segunda generación, del 21 de abril al 30 de mayo de 2025.

Los certificados fueron entregados el 21 de agosto a 143 personas.

Entre los nombres reconocidos se encuentran:

  • Margarita Beatriz Luna Ramos.
  • Paula María García Villegas Sánchez Cordero.
  • María de los Ángeles Fromow Rangel.
  • Fernando Díaz Juárez.
  • Blanca Colmenares Sánchez.
  • Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez.
  • Sergio Valls Arvizu.

Durante el mismo periodo, del 21 de abril al 2 de junio de 2025, se realizó la renovación de 128 integrantes de la primera generación. Los nuevos documentos fueron entregados el 20 de agosto.

Tercera generación: Murat, Morán y Lozano

Héctor Macedo García asumió la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia el 5 de septiembre de 2025, después de ser electo mediante voto popular.

La tercera generación había iniciado su diplomado el 30 de mayo, durante el interinato de Fernando Díaz, y lo concluyó el 7 de diciembre, cuando Macedo ya encabezaba el Tribunal.

La certificación se realizó del 5 de febrero al 7 de abril de 2026.

Para entonces, José Luis Embris Vásquez dirigía la Escuela Judicial. Blanca Colmenares Sánchez había sido designada titular del Centro de Mediación el 26 de enero, diez días antes del inicio del proceso.

Los 126 certificados fueron entregados el 13 de agosto de 2026. Su registro tiene vigencia del 29 de mayo de 2026 al 29 de mayo de 2031.

Esta generación concentra la relación más visible entre la Universidad Anáhuac, el Poder Judicial y personajes de la política nacional.

Una élite que atraviesa partidos

El padrón no corresponde exclusivamente a la derecha partidista.

Javier Lozano desarrolló una parte sustancial de su trayectoria en el PAN. Gastón Luken fue diputado federal por ese partido. Alejandro Murat construyó su carrera en el PRI y posteriormente se incorporó a Morena.

El padrón reúne trayectorias del PAN, PRI y Morena, además de figuras del ámbito judicial y notarial. / Foto: Archivo AD Noticias

José Ramón Cossío, Margarita Luna Ramos y Paula García Villegas proceden de los círculos superiores del Poder Judicial. Otros integrantes provienen del notariado, universidades privadas, grandes despachos, organismos empresariales y familias con presencia en las instituciones.

El elemento compartido no es una credencial partidista. Es la pertenencia a redes sociales y profesionales instaladas cerca de los espacios donde se producen, interpretan y aplican las normas.

Por eso puede hablarse de una élite predominantemente conservadora: no como descalificación ideológica automática, sino como descripción de su procedencia social, sus vínculos institucionales y su cercanía con las estructuras tradicionales de autoridad.

Privatización parcial de la justicia

La mediación privada puede reducir litigios, costos y tiempos. También puede ofrecer una alternativa frente a tribunales saturados.

El problema aparece cuando una política presentada como ampliación del acceso a la justicia corre el riesgo de construir dos vías distintas.

Una gratuita, pública y frecuentemente lenta para quienes no pueden pagar.

Otra privada, expedita y atendida por personajes con certificación, relaciones profesionales y capacidad para cobrar honorarios sin un tabulador público.

La mediación privada abre una vía remunerada para resolver controversias fuera de los tribunales. / Foto: Archivo AD Noticias

La justicia no se privatiza únicamente cuando un tribunal pasa a manos empresariales. También ocurre cuando una función pública se fragmenta, se entrega a operadores privados y comienza a distribuirse de acuerdo con la capacidad económica de los usuarios.

Lo que debe transparentarse

El Poder Judicial debe informar:

  • Cuántas personas solicitaron ingresar a cada generación.
  • Cuántas pagaron los programas de formación.
  • Cuántas no aprobaron.
  • Qué evaluaciones fueron aplicadas.
  • Quién calificó individualmente a cada aspirante.
  • Qué puntaje obtuvo cada persona certificada.
  • Qué medidas se tomaron para prevenir conflictos de interés.
  • Cuánto dinero ingresó por cada generación.
  • Qué cantidad recibió o facturó la Universidad Anáhuac.
  • Cómo se distribuyeron los recursos.
  • Cuánto cobran los facilitadores privados.
  • Cuántos asuntos ha tramitado cada uno.
  • Cuántos convenios han registrado.
  • Cuántas quejas, suspensiones o revocaciones existen.
  • Qué personas certificadas son socias, propietarias o colaboradoras de centros privados.

La pregunta no es si políticos, magistrados, notarios y abogados pueden prepararse como mediadores.

La pregunta es por qué una función respaldada por el Estado está siendo colocada en manos de una élite, cuánto dinero puede producir y quién vigilará a quienes recibieron autorización para convertir la solución de conflictos en un negocio privado.

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