Si una persona denuncia acoso sexual dentro del Poder Judicial del Estado de México entre su personal, tanto en juzgados como en áreas administrativas, ¿quién la escucha y quién investiga? El nuevo protocolo publicado en septiembre de 2026 busca dejar más clara esa ruta.
El Poder Judicial no parte de cero. Desde 2018 contaba con un protocolo para prevenir y atender el acoso y el hostigamiento sexual. Ese documento ya contemplaba orientación, acompañamiento, medidas de protección y un registro de casos. El acuerdo de 2026 lo sustituye y ajusta las responsabilidades a la estructura actual de la institución.
¿Qué cambió?
El cambio principal está en quién hace cada parte del trabajo. En el protocolo de 2018, la Unidad de Igualdad y Derechos Humanos orientaba y acompañaba a las personas afectadas. Ahora esa tarea corresponde a la Dirección de Igualdad y Derechos Humanos.

La investigación se divide según las funciones de la persona denunciada. Antes intervenía la Contraloría y el Consejo de la Judicatura. Con las nuevas reglas, la Contraloría Interna atiende los casos relacionados con personal administrativo y el Tribunal de Disciplina Judicial, los de personal con funciones jurisdiccionales. El Consejo de la Judicatura ya no existe.
Se precisa quién puede pedir medidas durante el caso. El comité ya podía recomendar acciones de protección. Ahora el protocolo señala que puede solicitar al Órgano de Administración Judicial un cambio de adscripción, de órgano jurisdiccional o la reubicación de personal, si los hechos lo justifican.
El registro de denuncias será más detallado. El protocolo anterior ya preveía llevar uno; el nuevo específica que debe incluir el seguimiento del caso, su resultado y, si corresponde, la sanción. El propósito es detectar las áreas donde estas conductas se repiten.
Estos cambios están relacionados con la reorganización del Poder Judicial mexiquense y la desaparición del Consejo de la Judicatura. Antes también existía una vía para denunciar; el nuevo documento actualiza quién debe atender cada etapa.

¿Cómo se denuncia?
- Pedir orientación. La Dirección de Igualdad y Derechos Humanos debe explicar a la persona afectada dónde puede denunciar y ofrecer acompañamiento si lo necesita.
- Elegir dónde presentar la denuncia. Puede acudir a la Contraloría Interna o al Tribunal de Disciplina Judicial, según las funciones de la persona señalada. También puede entregar el formato a la Secretaría Técnica del comité que atiende estos casos; en esa vía, deberá ratificar después ante la autoridad correspondiente.
- Relatar los hechos. El formato pide identificar a las personas involucradas, contar qué ocurrió y señalar si hay fotografías, videos u otras evidencias. La denuncia puede presentarse personalmente o por correo electrónico.
Si la persona afectada requiere atención médica, psicológica o jurídica, el protocolo prevé gestionar ese apoyo. La Dirección también puede acompañarla durante las diligencias en las que participe, aunque ese acompañamiento no sustituye a un abogado.

La autoridad correspondiente investigará la denuncia. Si los hechos lo justifican, el comité puede solicitar mientras tanto un cambio de adscripción, de órgano jurisdiccional o la reubicación de personal. Tomar una de estas medidas no significa que ya se haya determinado la responsabilidad de la persona denunciada. El protocolo exige mantener confidencial la identidad de la víctima y de la persona señalada.
El nuevo protocolo no fija castigos específicos. Estos se encuentran en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que contempla para las faltas graves suspensión de 30 a 90 días sin sueldo, destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos. En casos de acoso u hostigamiento sexual, la inhabilitación puede ser de uno a diez años y aumentar hasta 20 años si la persona afectada es menor de edad. La sanción se determina al resolver cada caso.


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